En Canarias hay 1. 935 menores de edad con medidas de protección por su situación de desamparo, de los que 864 viven en residencias y 1.071 en acogimiento familiar, según los datos facilitados ayer por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno autonómico, Cristina Valido, en una comparecencia parlamentaria.
En la interpelación, la diputada de Podemos María del Río puso de relieve las dificultades de esos menores desamparados en estos centros, la mayoría concertados, donde “carecen en muchos casos de la atención adecuada y la terapia precisa por falta de medios”. En ocasiones, recalcó, eso “deriva en situaciones extremas en las que se dan casos de niñas secuestradas, drogadas y prostituidas”, a pesar de que la tutela corresponde a la comunidad autónoma, denunció. La diputada de Podemos lamentó la falta de trabajadores en esos centros, los bajos sueldos, la falta de motivación y de formación y la precariedad laboral. “Ponemos lo más sensible de la sociedad en centros concertados”, afirmó. María del Río defendió que los centros sean públicos, con trabajadores suficientes y reconocidos para que la Administración cumpla su función y no la delegue en empresas.
Valido argumentó que Canarias tiene un buen sistema de protección al menor en el que el acogimiento familiar es la prioridad y está por encima de la media nacional: “Cuando un menor en desamparo se queda con su familia extensa, esta recibe una ayuda pública de entre 7 y 25 euros diarios, dependiendo de su situación económica, mientras que si el acogimiento es en una familia ajena, la ayuda sube a 20 euros diarios”.
La consejera indicó que se van a revisar estos precios, que han estado congelados durante la crisis, y mostró su confianza en que se puedan ir contratando más profesionales una vez que se han rebajado las restricciones a la contratación pública. Valido explicó que el Ejecutivo regional aporta 25 millones de euros anuales a los cabildos para la gestión de los hogares, porque la guarda de los menores está delegada en las corporaciones insulares. “Son los técnicos municipales, en colaboración con la Dirección General de Protección al Menor, los que derivan los casos de desamparo que se detectan a familias de acogida o a un centro, aunque siempre se intenta conseguir una familia, si bien el objetivo último es que el menor pueda regresar con su familia original cuando la situación que ha dado pie al desamparo se corrige”.
Valido aseguró que no hay ningún menor de tres años en un centro residencial, donde la mayoría son adolescentes, que en muchas circunstancias “arrastran problemas de comportamiento o de consumo de drogas, muy difícil de controlar.” Es “imposible”, aseveró, que “entre tantos menores en edades complicadas no haya incidentes que trasciendan a los medios de comunicación, si bien son muy minoritarios”, y añadió que “todo es mejorable”.
Al respecto, precisó que en una década se ha pasado de los macrocentros de menores a pequeños hogares especializados y a hogares de acogimiento. Valido anunció que ahora se está avanzando en mejorar la atención de los adolescentes con problemas complejos, en algunos casos de salud mental: “Lo normal es que, cuando cumplen los 18 años, estén deseando dejar los pisos de acogida para eludir las disciplinas y vivir su vida”. Pronto estarán en marcha, adelantó, “dos centros de orientación y apoyo para la integración de los que ya son mayores de edad”.
En cuanto a las tres menores de un centro de Lanzarote que eran obligadas a drogarse y prostituirse, la consejera destacó que fue el propio centro el que lo detectó y alertó y colaboró con la Policía: “Son situaciones muy complicadas y muy difíciles, incluso ha habido casos de chicas en familias normalizadas que hacen esas cosas, cómo no puede ocurrir con menores con esas heridas y ese sufrimiento”.
Valido inauguró el lunes el primer piso de tránsito para menores con trastornos de conducta en Canarias, un recurso para preparar a los adolescentes con una medida de protección y declarados en desamparo tras su alta clínica en el centro Juan Carlos I, de Las Palmas de Gran Canaria, al finalizar un tratamiento integral de las psicopatías.
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