valle de güímar

Hay que analizar crustáceos antes de autorizar verter en el Polígono Valle de Güímar

Manuel Martínez, consejero de Aguas del Cabildo, espera que la Viceconsejería permita el emisario, mientras le remite a Arafo un expediente sancionador por vertidos en un barranco
Vertidos ilegales en un barranco del Polígono / NORCHI

La autorización del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, pese a que hace dos meses que terminó la moratoria dada por el Juzgado, todavía no ha sido concedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno regional, entre otras razones porque falta una analítica de los crustáceos y moluscos de la zona, según señaló el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez.

Tras la reunión que hace unos días mantuvo con la viceconsejera, Blanca Pérez, junto a representantes de los tres ayuntamientos (Arafo, Güímar y Candelaria), se determinó que la autorización del emisario para verter aguas residuales estaba pendiente de esa analítica, que tardará en conocerse tres o cuatro semanas, precisó Martínez. Asimismo, existe la obligación de presentar un plan de operaciones y mantenimiento, que realizará el Consejo Insular de Aguas, y una declaración responsable del plan de etapas al que se tienen que comprometerse los tres ayuntamientos, y que está pendiente del informe jurídico de los respectivos secretarios municipales.

Por otra parte, Manuel Martínez se mostró preocupado porque todavía se mantenga en la zona un fluido de vertidos incontrolado en el barranquillo que delimita Güímar de Arafo, que ha sido denunciado en varias ocasiones y que todavía, como ha comprobado DIARIO DE AVISOS, sigue presente.

Concejales de Iu y Sí se puede cuando presentaron la denuncia hace un año / DA

IU y Sí se Puede, acusación popular

El consejero avanzó que ya se ha iniciado un expediente sancionador. que se le ha trasladado al Ayuntamiento de Arafo para que lo ejecute, “además de clausurar esos vertidos de manera inmediata”, señaló Martínez, quien añadió que se “se trata de que algunas empresas vierten en la red de pluviales y eso termina contaminando ese barranco”.

Acusación Popular

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han decidido personarse como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados en el Polígono, que se sigue en el Juzgado Nº 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada hace un año ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales de estos partidos en los ayuntamientos del Valle de Güímar.

Con la solicitud de personación como acusación popular se pretende aportar la máxima colaboración con la labor del Ministerio Fiscal en la lucha por la exigencia de legalidad en un caso ante el que la ciudadanía canaria ha expresado una enorme sensibilidad.

En la denuncia formulada en aquel momento se acordó la necesidad de continuar con esta labor en defensa del medio ambiente marino, a la vista de que se contaba con una docena de informes en los que se comprueba que los niveles de contaminación duplican, triplican o cuadruplican los valores de referencia establecidos en la normativa, de forma que se incumplen también los valores referidos a los metales pesados, según ambas formaciones.

Izquierda Unida y Sí se puede llaman la atención sobre que estos vertidos contaron “de manera incomprensible” con una autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno regional por resoluciones desde 1998, una autorización que, a su juicio, no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de estas aguas, que proceden de procesos industriales y materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados.

Las multas de Europa

Manuel Martínez dejó claro que “la multa que le ha impuesto la Unión Europea a España por los vertidos en el Valle de Güímar no tiene nada que ver con lo que ocurre en el Polígono”.

El consejero insular señaló que “esa multa es el resultado del incumplimiento de la normativa europea, que viene desde 2007 y que ahora trae esas consecuencias, por no atender la red de alcantarillado y red de depuración en la aglomeración urbana del Valle de Güímar, no en el Polígono. Una multa coercitiva de 1.800 euros diarios hasta que esté resuelto el problema”. Eso no llegará, según Martínez, hasta que se culmine la depuradora comarcal que se comenzó a reconstruir -tras ser abandonada por el Gobierno de Canarias- en el mes de octubre, para lo que tiene de plazo unos dos años. “Pero para evitar que esa multa siga creciendo dentro de dos años, hay que ir avanzando en los proyectos de las estaciones de bombeo y en las redes de saneamiento municipales”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR