“La alcaldesa debe pedir disculpas por los errores cometidos con la piscina de Candelaria”

“La alcaldesa (Mari Brito, PSOE) y el grupo de gobierno de Candelaria deberían pedir disculpas por los errores conscientemente cometidos con el expediente de la piscina cubierta, en un ejercicio de humildad”, manifiesta Mayca Coello, portavoz de municipal de Sí se puede (SSP), quien recuerda que su formación política, así como otras del Consistorio, alertaron de la ilegalidad del proyecto ganador, “como ahora ha quedado de manifiesto con la sentencia firme”.

Carlos Sabina, portavoz del principal partido de la oposición (CC), admite que votaron a favor del expediente, porque “siempre se nos dijo que todo estaba correcto”, por lo que ahora denuncia “la mala gestión del expediente”. Partido Popular (PP) y Vecinos por Candelaria no contestaron ayer a los requerimientos de este periódico, pero sabido es que también se opusieron al proyecto por considerar que los metros cuadrados dedicados a zona comercial en la instalación excedían los permitidos por el PGO, algo que Fernando Alduán, concejal de Urbanismo, sigue negando.

“La sentencia del TSJC, ratificada ahora por el TS, viene a confirmar la muy deficiente gestión que se ha hecho de uno de los proyectos de mayor envergadura planteados para Candelaria en los últimos años”, señala Mayca Coello, quien añade que “se corrió demasiado para usarlo como bombazo electoral en horas bajas del Partido Socialista”.

Recuerda la concejal de Sí se puede que “tras las elecciones de 2015, a pesar de que advertimos reiteradamente de que la ubicación podía no ser la más adecuada, de que se incumplía el PGO ostensiblemente, planteando un centro comercial con piscina, y de que se incumplía el pliego de la licitación, continuaron aprobando las fases del procedimiento con la connivencia de Coalición Canaria y, por tanto, con su corresponsabilidad en este fracaso y consiguiente engaño a la ciudadanía”.

“Finalmente -prosigue Coello-, las prisas y los errores cometidos en el trámite administrativo han culminado en sentencias judiciales desfavorables para el Ayuntamiento, que todavía no sabemos si podrán acabar teniendo alguna consecuencia económica para las arcas municipales. Desgraciadamente, no sería la primera vez, porque ya hay otros ejemplos, como el Ctcan o el ARI Antón Guanche, en los que, por la nefasta gestión municipal, se han generado sobrecostes económicos que se sufragan con dinero público”, afirma Coello.

Desde el Gobierno local, tal y como dijo el edil de Urbanismo, Fernando Alduán, en nuestra edición de ayer, se espera a “la firmeza de la sentencia” para intentar retrotraer el expediente a la mesa de contratación (mayo de 2015) y conceder la obra a la otra concursante, Syocsa-Inarsa.

Cronología
El 13 de mayo de 2015, a escasos días de las elecciones municipales, la mesa de contratación, compuesta por el entonces alcalde y el edil de Urbanismo, Gumersindo García y Domingo Ramos, más el secretario, el interventor, una funcionaria técnica y la arquitecta municipal, adjudicó a la UTE Centro Deportivo Candelaria la obra y gestión de la piscina municipal por 73,88 puntos, frente a los 56,16 de Syocsa-Inarsa. El presupuesto de construcción que ganó el concurso era de 7.160.220 euros, con 16 meses de plazo de ejecución y un canon anual de 12.831,29 euros durante 32 años de explotación. La oferta de la otra empresa recogía una planta menos (cuatro en lugar de cinco) y un coste de de poco más de cinco millones.

El proyecto se aprobó inicialmente el 17 de junio de 2015 en un pleno extraordinario, y fue ratificado el 23 de agosto, aunque ya la empresa Syocsa-Inarsa informaba de que iba a recurrir.

Mientras el cartel de la piscina ya colgaba del terreno cerca del CEIP Punta Larga, este apenas se movía ante un informe del secretario municipal que obligó al grupo de gobierno a paralizar el proyecto el 22 de febrero de 2017, pendientes de consultas externas, tras superar la denuncia del Colegio de Arquitectos y remitirse el Consejo Consultivo de Canarias al PGO de Candelaria. A pesar del reformado del proyecto inicial de la UTE, el TSJC lo declaró ilegal el 6 de noviembre de 2017, y ahora el Supremo ratifica esa sentencia.

Mayca Coello

“Independientemente de que acabe haciéndose una piscina cubierta en Candelaria, en respuesta a una demanda ciudadana real, lo que está claro es que el compromiso adquirido se ha incumplido ostensiblemente. Se ha mentido a la ciudadanía vendiendo un proyecto con un plazo de ejecución de 16 meses que se ha superado con creces, con tres años”.

Carlos Sabina

“CC llevaba en el programa electoral la piscina y seguimos creyendo que es necesaria. En lo que diferimos, lógicamente, es en cómo se ha tramitado ese expediente, aunque es verdad que fuimos socios de gobierno mientras se tramitó, pero siempre se nos dijo desde Urbanismo que todo era correcto y estaba perfecto, y se ha demostrado que no era así. Un suspenso absoluto en la gestión”.