La acusación popular impulsada desde el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha solicitado un total de 471 años de cárcel para el conjunto de 23 acusados en el procedimiento abierto por la celebración de peleas de perros que se destapó hace más de un año con una espectacular redada policial acaecida en una finca ubicada en el término municipal de Güímar.
El escrito de conclusiones provisionales de la representación legal de la formación morada, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, también pide para los 23 implicados un total de 1.381 años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
En dicho escrito, que es el pertinente para la finalización de la fase de instrucción dada la inminente apertura de juicio oral (y, por ende, la próxima celebración de la vista), se detallan las penas para la considerada rama canaria del caso, compuesta por ocho personas, todos ellos varones. De la relevancia de las penas solicitadas por esta acusación popular da cuenta el hecho de que, en total para estos ocho, se piden hasta 122 años y cuatro meses de prisión. Entre ellos, dos inculpados destacan sobremanera al tratarse de un policía local de Adeje, para el que se requieren hasta 30 años y tres meses de cárcel, y de un veterinario del norte de Tenerife, a quien se le piden 18 años y seis meses de prisión y, con lo que ello conlleva dada su profesión, 46 años de inhabilitación especial para el desempeño de todo oficio relacionado con los animales o para su mera tenencia.
El caso que nos ocupa se remonta a la redada aludida, que tuvo lugar a mediados de febrero de 2017 en una finca localizada en la zona de La Medida, a resultas de la cual se arrestó a diez personas en un operativo que incluyó un notable despliegue policial, uso de drones inclusive.
A la par, se llevaron a cabo registros por buena parte del país, entre ellos en viviendas localizadas en El Ortigal (La Laguna) y La Orotava, además de numerosas detenciones, para un total de 37. Finalmente, los inculpados son 23, tres de ellos mujeres y, de entre ellos, diez varones en lo que se considera la rama canaria. Aunque en principio de acusó por más delitos, finalmente se han separado las causas, siendo la que nos ocupa una que interesa por la presunta participación en una organización criminal para el maltrato animal.
En la causa que se sigue en un juzgado de Torrejon de Ardoz (Madrid), localidad en que se sitúa la finca desde donde el considerado como cabecilla de la supuesta banda dirigía una red de riñas de canes a escala nacional que contaba con ramificaciones en el extranjero, la acusación popular impulsada desde Podemos Tenerife “se considera acreditado el cruel y continuado maltrato al que someten a los animales desde su nacimiento, ya sea utilizándoles como sparring, en el transcurso de una pelea o sacrificándoles cuando ya no son útiles para su fin”.
Detalla además el escrito de conclusiones provisionales de la formación morada que “desde su nacimiento, los cachorros de razas potencialmente peligrosas son sometidos a maltratos continuos, castigos físicos, alimentación inadecuada y duros entrenamientos físicos hasta la extenuación del animal con utilización de medios y métodos que propician un aumento anormal de sus capacidades musculares y resistencia aeróbica llegando incluso al suministro de fármacos y sustancias dopantes tales como Winstrol, Dexametasona, Boldenona, Testosterona, eritropoyetina (EPO), etc”. Todo ello sin ser profesionales de veterinaria o estar facultados para ello a excepción de los profesionales de veterinaria integrantes.
Precisamente, en la rama canaria (las otras son Madrid, Alicante, Almería y Murcia) figura un veterinario al que se le identifica por las iniciales J.C.H.V., si bien no figura entre los tres a los que se les señala como presuntos organizadores, directores y coordinadores de la organización criminal para el maltrato animal. Uno de esos tres es el policía local adejero identificado por las iniciales F.C.G., a quien le piden 30 años y tres meses de prisión, además de 166 años de la inhabilitación especial reseñada. Los otros dos supuestos cabecillas isleños son E.P.C., para el que se solicitan 21 años y seis meses de cárcel y 46 de inhabilitación especial, y G.U.G.G,, para el que piden 22 años y un mes de prisión, además de 67 años de inhabilitación especial. Para los otros cinco, catalogados como presuntos participantes en las riñas, integrantes de la banda y cooperadores del maltrato animal, se les solicitan las siguientes penas. En el caso del veterinario, 18 años y seis meses de prisión, así como 46 de la inhabilitación especial reseñada. Para J.A.L.G., G.M.R. y S.M.E.B., siete años y seis meses de cárcel y 13 de inhabilitación especial para cada uno; y para J.A.R.T, nueve años y seis meses de prisión y 21 años de inhabilitación especial.
“Inician a sus hijos; es habitual la presencia de menores”
Según considera la acusación popular impulsada desde Podemos Tenerife esta presunta organización criminal “tiene una estructura jerárquica donde unos se encargarían de tener los contactos e infraestructura con los recursos que se necesiten y otros crían y preparan los perros, además de los participantes, espectadores y apostantes en los combates. Los hechos ponen de relieve que en estas actividades inician a sus hijos, siendo habitual la presencia de menores en peleas, topas y campeonatos”.
Hormiga (Podemos): “Sabemos que siguen celebrándose peleas de perros en Canarias”
La consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife Mila Hormiga denunció ayer a DIARIO DE AVISOS que “nos consta que, en la actualidad, siguen celebrándose peleas de perros en Canarias”, lo que, a su juicio, otorga aún mayor importancia al procedimiento abierto contra una presunta red que organizaba este tipo de riñas entre canes a nivel estatal y cuyo desmantelamiento se inició con una redada efectuada en febrero del año pasado en una finca ubicada en el término municipal de Güímar. A este respecto, Hormiga recordó que, “desde un primer momento, hemos estado muy pendientes de este caso, e incluso acudimos al lugar de los hechos en cuanto supimos de aquella intervención policial, y hoy seguimos muy pendientes gracias a que nos hemos personado en la causa”.
Sobre la presencia del grupo de Podemos como acusación popular de este proceso, Hormiga recordó que se debe a que “asumimos un compromiso que no ha sido sencillo de cumplir por dos motivos: por un lado, el hecho de que la instrucción se lleve a cabo por un juzgado de Torrejón de Ardoz; por otro, por la fianza de 10.000 euros que hemos tenido que satisfacer, lo que nos es nada fácil para una organización política como la nuestra y que ha impedido la presencia de otros colectivos interesados”.
A este respecto, Mila Hormiga resaltó lo que definió como “limbo jurídico en el que se encuentran las organizaciones que hoy acogen a varios animales rescatados en aquella actuación policial, dado que no saben cómo proceder con estos perros ni quiénes se hacen responsables de lo que pase con ellos”. En cuanto a si hoy en día siguen teniendo lugar peleas de perros en Canarias, la consejera insular lamentó que así sea, a la par que animó “a quienes tengan constancia de estas peleas de perros a que presenten denuncia ante las autoridades. Lamentablemente, son habituales en ciertas zonas de las Islas”, apostilló.
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