El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, “amenazó” ayer a los cuatro portavoces de la oposición, según ellos mismos declararon, si se negaban a apoyar su propuesta de solicitar un informe sobre el convenio colectivo del personal laboral al Consejo Consultivo de Canarias, tras descartar pedir su nulidad, como adelantó ayer este periódico.
Durante la Junta de Portavoces, el mandatario les dejó claro a Teresa Barroso (PP); Carlos Medina (PSOE), Violeta Moreno (Sí se puede) y José Daniel Díaz (grupo Mixto NC-XTacoronte) que tendrían responsabilidades pecuniarias si no respaldaban su propuesta ante el Consultivo y éste finalmente declaraba nulo el documento.
Los portavoces coincidieron en que fue “inútil” explicarle que que está sometiendo al Pleno a un acuerdo “ante el cual es manifiestamente incompetente, dado que la única responsabilidad de haber aplicado este convenio que ahora quiere denunciar como ataque a los trabajadores la tiene él y su concejal de Recursos Humanos, Domingo Castillo, que firman lo decretos en los que se recogen los derechos retributivos de la plantilla”.
Además, añadieron que el único objetivo de Dávila “es hacer ver que sus teorías rocambolescas sobre el convenio colectivo son ciertas y que este documento es ilegal, y está equivocado, ya que pasó por la Dirección General de Trabajo y se publicó en el BOC sin recibir ninguna alegación”.
En opinión de todos ellos, este asunto “es la evidencia del fracaso más estrepitoso y absoluto del mandatario como gestor del Ayuntamiento, que en más de siete años no ha podido negociar con el personal y ahora intenta eludir la responsabilidad por la fuerza”. Tampoco “se da cuenta que el fallo no es de una sola parte y ni siquiera aceptó una comisión mediadora para intentar desbloquear la situación”.
El alcalde, por su parte, no ha querido pronunciarse al respecto ya que indicó a este periódico que lo hará en el pleno que se celebrará el lunes 2 de julio.
Por otro lado, la presidenta del comité de Empresa, Juana María Artiles, advirtió de que el personal laboral acudirá a los órganos jurisdiccionales que proceda ante cualquier actuación por parte del Ayuntamiento que contravenga la legislación vigente, y ello supone no solo la vía administrativa sino penal, “porque los informes que hoy en día obran en el expediente es que el convenio es válido”, recalcó.
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