El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, anunció ayer a la Junta de Gobierno su intención de declarar la nulidad del convenio colectivo del personal laboral, aprobado en 2011, antes de formarse la Corporación que presidió. Lo mismo hará hoy a las 10.00 horas con los portavoces de todos los grupos políticos (PSOE, PP, Sí se puede, Nueva Canarias, y XTacoronte) a los que informará, según el punto cuatro del orden del día, que llevará el documento al Consejo Consultivo de Canarias “porque es nulo de pleno derecho”. Así lo informaron a este periódico fuentes municipales, pero ha sido imposible confirmarla por parte del mandatario.
Dávila declaró días atrás a este periódico que el convenio fue aprobado con informe negativo de Secretaría, sin el de Intervención, y con cláusulas escandalosas, como un premio de jubilación de 80.000 euros. Datos que desmiente la presidenta del comité de empresa, Juana María Artiles.
Esta última, que se enteró del objetivo del mandatario por este periódico, aclara que “nunca se emitió el informe de la secretaria. El anterior alcalde Hermógenes Pérez, pidió en múltiples ocasiones que se hiciera y tanto este órgano como Intervención se negaron de forma intencionada”. Además, añade, si este último fuera preceptivo y vinculante, como dice Dávila, la Dirección General de Trabajo, que es el órgano fiscalizador y quien mandó a publicar el convenio, “hubiese hecho referencia a ambos y no lo hizo”.
La representante sindical entiende que el regidor quiere utilizar el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo y “se equivoca”, porque el convenio colectivo no es un acto administrativo sino “un acuerdo entre las partes con efecto vinculante para ambas”.
“El Gobierno está muy mal asesorado cuando plantea que con la simple nulidad va a dejar sin efecto el convenio”, sostiene. Ello puede tener consecuencias, advierte, dado que tendrá que pedir responsabilidades a los técnicos municipales que le dieron el visto bueno a un documento que él considera que es nulo. A su juicio, lo único que deja claro es que Álvaro Dávila “no quiere mantener ningún tipo de negociación con los trabajadores laborales sino eliminar el convenio colectivo”. Un actitud que no mantiene en el caso de los funcionarios, cuyo convenio “también carece de los mismos informes pero no lo ha llevado a pleno”, recalca.
Por último, Artiles subraya que el personal laboral es consciente de que hay artículos que son objeto de revisión y que no se pueden negociar porque el alcalde lleva un año y medio sin reunirse con ellos. Y avisa que en caso de continuar con la misma actitud “va a obligar a los trabajadores a adoptar otras medidas”.
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