A requerimiento del juez, el Ayuntamiento de Güímar tuvo que llevar ayer a un pleno extraordinario la votación del dictamen sobre la propiedad de la plaza de la ermita de El Socorro, que ha sido registrada por el Obispado de Tenerife en contra de lo que opinan los técnicos municipales, que hablan de que durante más de cien años esa plaza ha sido pública, aunque no se encuentre documento que lo acredite como tal.
Tal y como se esperaba, pese a los rodeos con enmiendas propuestas por Gustavo Pérez, de Coalición Canaria, en las que venía a decir que se aprobara el dictamen inicial, aunque con la posibilidad de llegar a un consenso con la Iglesia para que se allanara en el registro de la propiedad, el Ayuntamiento mantiene el proceso judicial y deja en manos del juez la decisión sobre la propiedad de una plaza que, como apuntó la alcaldesa, Luisa Castro, “sea municipal o sea de la Iglesia, seguirá siendo pública”.
En un debate en donde todos quisieron guardar las formas para que no se notara que se desmarcaban de la Iglesia, la alcaldesa quiso aclarar, por si había alguna duda, que “se votará si se mantiene o no un proceso judicial y en este siempre se va en contra de alguien, en esta caso de la Iglesia, como cuando se va contra un particular”, algo que trató de “limar” el edil socialista, Cándido Gómez, al manifestar que “yo estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos, no para ir en contra de nadie”. Ruyman Expósito, de Sí se puede, recordó que el pleno era solo para atender el requerimiento del juez y no para buscar consensos o acuerdos, que eso bien podría darse durante el proceso judicial o tras la sentencia.
Lourdes Galindo, de Sí se puede, recordó que la plaza es un bien de dominio público que el Obispado registró a su nombre al aprovechar el período de vigor de una ley del gobierno de Aznar que otorgó a la Iglesia poderes notariales. “Con esta herramienta, la Iglesia católica arrambló con todo lo que pudo en distintos lugares del Estado; registraron a su nombre la catedral de Córdoba, hicieron lo mismo con la plaza de El Socorro”, explicó.
En la votación, tal y como se presumía, quedó evidenciado la grieta en el grupo municipal del PP, con cuatro de ellos votando a favor de mantener el proceso judicial y los otros tres, los allegados a la alcaldesa (David Román, Rosa Pérez y Pedro Daniel Pérez), votando en contra, como lo hizo Luisa Castro, porque “tengo que defender los derechos de la Iglesia como si fueran los de un particular, y si tienen registrada la plaza tendrán sus derechos”, pese a que los técnicos municipales afirmen lo contrario llevándose por el catastro.
Dos dos concejales nacionalistas, en el Gobierno local, y los siete de la oposición (5 del PSOE y dos de Sí se puede), votaron a favor, por lo que salió adelante (13 votos a favor y 4 en contra) el mantener el proceso judicial contra el registro de la plaza por parte del Obispado.
Aunque el voto en contra de la alcaldesa, desoyendo lo que opina el edil de Urbanismo y los técnicos, pudiera incurrir en prevaricación, la secretaria municipal lo descartó tal figura y Castro exclamó, sobre tal posibilidad: “Alucino en colores”.”
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