CASO GRÚAS - LA LAGUNA

El PSOE baraja censurar a Clavijo si es imputado por el caso Grúas

El secretario regional de los socialistas, Ángel Víctor Torres, “no descarta nada” si el TSJC llama a declarar al presidente canario

Clavijo (en la foto, en su escaño del Parlamento) está aforado, por lo que el caso Grúas ha pasado al TSJC. A. G.
El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), en un pleno del Parlamento de Canarias, donde tendrá que comparecer para explicar su gestión en el caso Grúas. DA

La jueza del caso Grúas, Celia Blanco, solicitó esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la imputación del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), tal como había formulado el fiscal, Santiago Sánchez, a instancia suya. Por lo tanto, el fiscal del TSJC Demetrio Pintado deberá ahora pronunciarse sobre la investigación del presidente, por ser una persona aforada. Según la exposición razonada de la jueza, que reproduce partes del escrito del fiscal y que fundamenta la posible investigación al presidente del Gobierno en lo que argumentó el ministerio fiscal, Clavijo podría haber incurrido en dos supuestos delitos de malversación y prevaricación en la prórroga del servicio a la empresa Autogrúas Poli y en la concesión de un préstamo.

Tal y como se desprende del escrito remitido por la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna al TSJC, la magistrada detalla en su punto cuarto cómo se concedió ese préstamo.
El documento especifica que “Clavijo acordó en junio de 2014 la concesión de un préstamo de 120.000 euros, vía decreto, por la prestación del servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública a la entidad Autogrúas Poli S.L., que era la adjudicataria del servicio, si bien el Ayuntamiento había adoptado una medida cautelar de intervención y de asunción temporal del servicio desde enero de 2014”. En el mismo documento jurídico, de cuatro páginas, la jueza especifica que, tal y como ya ha informado este periódico, “el interventor municipal se opuso a ello con base en que no existe regulación expresa que permita a una corporación local conceder un préstamo al concesionario de un servicio público y, además, que aun concediéndose, no se puede hacer sin fijar un plazo de devolución”, dato que “obvió” el decreto rubricado por Clavijo.

El actual presidente del Gobierno, según el texto de la jueza, concedió este préstamo, además de “sin fijar plazo de devolución, sin fijar ninguna garantía para recuperar el dinero y sin establecer tampoco intereses”, al igual que incide en que “tampoco se estableció en el decreto qué puntos de esa entrega de dinero y su falta de plazo de devolución se podían considerar como incumplimientos para ejecutar la fianza que tenía el concesionario y las posibles facturas futuras”. Todos estos supuestos incumplimientos, según hizo constar el interventor, eran “sabidos y conocidos por Clavijo”.

A pesar de que este dinero se acabó devolviendo por parte de la concesionaria, la jueza reproduce el escrito del fiscal al asegurar que “se aprecian delitos de malversación de caudales públicos”, toda vez que “la actuación del exalcalde se ha producido con una total ausencia de tutela del patrimonio público”, produciéndose “una violación del deber de fidelidad que el mismo debía tener acerca de la protección de los bienes puestos a su disposición”.

MOCIÓN DE CENSURA

En lo que se refiere a las reacciones políticas, el secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que su partido “no descarta absolutamente nada”, incluso promover una moción de censura, si el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es finalmente llamado a declarar en calidad de investigado por este caso. Al ser cuestionado por los medios, Torres aseveró que Clavijo, “por supuesto”, merece ser censurado, no solo porque pueda ser investigado, sino porque las políticas de estos cuatro años “exigen un cambio de gobierno y un cambio de ciclo en Canarias.”

Quien siempre se ha mostrado partidario de una moción de censura a Clavijo si es imputado es Podemos. Ayer, su secretaria general, Noemí Santana, insistió en que “se siguen cumpliendo todos los pasos legales que llevarían a un solo camino: la imputación del presidente Clavijo”. Además, Santana recalcó que “la Justicia está dejando claro que, cuando menos, su nefasta gestión como alcalde de La Laguna despierta serias dudas”. Sobre el futuro político del actual presidente, Santana incidió, “una vez más”, en que “si Clavijo es imputado, Podemos presentará una moción de censura”, ya que “no podría seguir como presidente un día más”, concluyó.

Acerca de la situación jurídica de Clavijo también se pronunció el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que remarcó a DIARIO DE AVISOS que “ahora no hablamos de la opinión de los denunciantes (los grupos municipales de Unid@s y de XTenerife-NC), sino de la opinión de la jueza y del fiscal”. A la hora de buscar las consecuencias políticas, Rodríguez precisó que “si se admite a trámite la investigación de Clavijo, la Presidencia del Gobierno tiene un problema y Canarias, también”.

Una de las formaciones políticas más contundentes sobre la delicada situación del presidente Clavijo fue Izquierda Unida (IU), que exigió ayer “su dimisión inmediata” como jefe del Ejecutivo por los indicios de delito detectados en el caso Grúas cuando era alcalde de La Laguna, y que podrían llevar a su imputación judicial. IUC pidió a Clavijo que sea coherente con afirmaciones suyas en febrero pasado, en las que aseguró que la corrupción en Canarias es inexistente y que la tolerancia de su Gobierno es cero.

Los partidos denunciantes de este caso, Unid@s y XTenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), ofrecerán esta mañana una rueda de prensa conjunta para valorar los avances en el proceso. En las alegaciones presentadas por el grupo liderado por Santiago Pérez se detallaba que “Clavijo ejerció arbitrariamente las potestades de la Alcaldía, vulnerando repetidamente el ordenamiento jurídico, a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención General, con el objetivo de preservar los intereses y las responsabilidades patrimoniales de los empresarios con quienes mantenía una acreditada relación de amistad”.

Mientras, el portavoz de Unid@s en dicho consistorio, Rubens Ascanio, aseguró que “la jueza se suma a las tesis de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial, tres voces que comparten en sus escritos la posibilidad de la existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”. Además, Ascanio precisó que “la Audiencia Provincial también incluyó en uno de sus autos el presunto delito de tráfico de influencias”.

Una vez que la jueza ha decidido remitir todo el caso al alto tribunal, será el fiscal del TSJC Demetrio Pintado el que evacúe el informe preceptivo sobre la naturaleza de los cargos que se atribuyen a Clavijo, a fin de que la Sala de lo Civil y Penal decida su imputación o sobreseimiento. Los magistrados Margarita Varona, Carla Bellini y Antonio Doreste serán los que tengan la última palabra.

CLAVIJO TENDRÁ QUE COMPARECER EN EL PARLAMENTO EN SEPTIEMBRE

El pasado 7 de agosto, el Grupo Parlamentario de Podemos registró una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ante el pleno de la Cámara por el caso Grúas. Tal y como informó en esas fechas el partido de Noemí Santana, la comparecencia de Clavijo estará enfocada a que explique ante el Parlamento regional las medidas que adoptaría el Ejecutivo ante una posible imputación del presidente nacionalista.

CLAVIJO (CC): “UNA MERA LECTURA DE LOS EXPEDIENTES ACLARARÁ EL CASO”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), aseguró ayer, tras conocer que la jueza instructora del caso Grúas, Celia Blanco, lo ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que está “tranquilo” porque su actuación se debió al “interés general”, y dijo que, en cuanto la documentación llegue al juzgado, “se aclarará con la mera lectura de los expedientes”. En declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo recordó que “no es una situación nueva”, puesto que ya el fiscal le había transmitido un informe al TSJC en el que se alegaba que el préstamo concedido a la empresa Autogrúas Poli no se había concedido con garantías ni con plazo de devolución y que es por este motivo, según el presidente, por el que la jueza lo ha elevado al TJSC.

“Insisto en que tanto en el acuerdo de la Junta de Gobierno local como en el decreto se establecía un plazo de devolución y la garantía era la fianza de 180.000 euros que habían solicitado los propios empresarios de las grúas, así que estoy absolutamente convencido de que todas las actuaciones están ajustadas a derecho y fueron legales”, declaró Clavijo.