El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se declaró recientemente competente en la demanda presentada por Intersindical Canaria (IC) contra los conciertos firmados entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la sanidad privada.
El impacto que tiene esta política en el presupuesto público supuso 269 millones de euros en 2017, cifra que se incrementa este año, alcanzando el 10,6% de la cuantía destinada a la sanidad pública, con un incremento superior al 47% en las concertaciones destinadas a la empresa San Roque, de la cual procede el actual consejero regional, José Manuel Baltar, según indicó el sindicato.
En paralelo, usando la justificación de la crisis económica, se han aplicado recortes al presupuesto sanitario público. Uno de cada tres procesos agudos (intervenciones quirúrgicas) es atendido en la privada concertada, pero podría hacerlo la pública si no se infradotaran sus recursos y funcionaran en un horario de mañana y tarde.
En la demanda presentada el pasado 20 de marzo, Intersindical incidió en que estos conciertos se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios de transparencia y publicidad, vulnerando el plazo del contrato, como indicó la Junta Consultiva de Contratación del propio Gobierno Canario.
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