
“Pudo haber sido un desastre medioambiental”, así de rotunda se mostró Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras comparecer en rueda de prensa en la tarde de ayer para dar cuenta de la actuación ante un vertido de fueloil al mar en el entorno del Polígono Industrial Valle de Güímar, ocurrido antes de las nueve de la mañana y que obligó al cierre de cuatro playas de la zona. La viceconsejera estuvo acompañada por Nazaret Díaz, directora general de Seguridad y Emergencias; por el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, y por los alcaldes de Candelaria y Arafo, Mari Brito y José Juan Lemes.
Pérez indicó que “pudo haber sido mucho peor si no llega a ser por la capacidad de absorción que tiene el jable (también conocido por tosca o cantos blancos), que impidió que los 30.000 litros de fueloil que contenía el depósito de la lavandería, donde se produjo el accidente, llegaran al mar. “Gracias a la presencia del jable -manifestó-, la contaminación del medio marino ha sido menor, de lo contrario estaríamos hablando de un desastre”, recalcó la representante del Gobierno de Canarias.
El derrame del depósito de combustible de la empresa Ropa Rest (lavandería industrial), situada justo en la colina que da para la playa de Samarines y el sendero que la une con Playa la Viuda, en el municipio de Candelaria, se produjo a primera hora de la mañana, aunque no fue hasta las 9.18 horas cuando se activaron los servicios de emergencia, minutos después de que un senderista colgara un vídeo en las redes sociales que fue reproducido casi de inmediato por DIARIO DE AVISOS.
El derrame de fueloil, según se supo después, se produjo al saltar una válvula por exceso de presión del depósito que estaba al 100% de su capacidad tras llenarse el día anterior con 30.000 litros.
A media mañana, los ayuntamientos de Candelaria y Arafo ordenaron el cierre de las playas La Viuda, Samarines y Lima, y poco después Güímar también ordenó el cierre de la de El Socorro, también cercana al Polígono, “por el fuerte olor a fueloil” que detectaron los vecinos, según indicó la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, que incluso llegó a evaluar la posibilidad de cerrar las playas de El Puertito, algo que finalmente no ocurrió. Hoy está previsto que se reabran al público las cuatro calas cerradas, tras comprobarse que la afectación al medio marino ha sido menor de la prevista.
A la zona acudieron Bomberos de Tenerife, un helicóptero activado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) y un barco Salvamar para evaluar el alcance del derrame y sus posibles consecuencias.
Las manchas provocadas por la sustancia fueron visibles sobre el agua frente a la costa del Polígono a los pocos minutos. Hasta allí se desplazaron el alcalde de Arafo, José Juan Lemes, y la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, manteniendo informada a Luisa Castro, que se encontraba de procesión en Güímar. Lemes explicó que el cierre de las playas se debió a que “se ha registrado un intenso olor a fuel y bañistas nos han comentado la presencia de manchas como de aceite flotando”, y añadió que “desde el primer minuto de este incidente hemos estado en coordinación tanto con el Ayuntamiento de Candelaria como con el Gobierno de Canarias, administración que asumió el mando y activó el Plan de Contaminación por Hidrocarburos para evitar que la mancha se extendiera por la costa debido a los vientos y las corrientes existentes”, relató.
Tanto Lemes, como la alcaldesa de Candelaria y la viceconsejera Blanca Pérez dejaron claro que “se ha tratado de un accidente y que nada tiene que ver con el historial de vertidos del Polígono”, porque “no se trata de un vertido urbano o industrial que va sin tratar a la red”, señaló Pérez, quien además aseveró que “ha sido un accidente” y añadió que “la empresa cuenta con los permisos de inspección del depósito y de su actividad al corriente”.
La viceconsejera declaró que “los bomberos colocaron un dique de contención que ha resultado muy eficaz para dispersar el vertido”. Se detectaron dos manchas pequeñas en el mar, aunque también se constató piche en los callaos, sin evaluar todavía el daño causado en el entorno por el avance del vertido desde la lavandería hasta el mar.
Activado el Pecmar
Tras tener conocimiento del incidente a las 9.18 horas, el Gobierno de Canarias activó el plan especial por contaminación marina y declaró la situación de emergencia nivel 1 debido al vertido, aunque a media tarde ya se descartó que existiera contaminación en el mar, según determinaron los miembros del comité asesor del Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (Pecmar) tras un reconocimiento de la zona afectada por el vertido, tanto aéreo como marítimo.
Dicho comité, en el que están representadas todas las administraciones públicas implicadas en la atención de esta emergencia, se reunió a las tres de la tarde en Candelaria para determinar que se mantuvieran cerradas las cuatro playas hasta una nueva inspección que tendría lugar más tarde y otra que está prevista a primera hora de la mañana de hoy, teniendo en cuenta la pleamar y la bajamar, a fin de certificar que ni la costa ni el mar en la zona están contaminadas, a pesar de que se calcula que poco más de la mitad (19.000 litros) del fueloil derramado alcanzó el mar.
Los reconocimientos de hoy se llevarán a cabo tanto por tierra, por policías locales y Protección Civil, como por mar y por aire con los medios de Salvamento Marítimo y el GES del Gobierno de Canarias.
Un polígono ligado, por desgracia, a los vertidos ilegales desde hace años
Recientemente, la Unión Europea le recordó a España, con multas millonarias, que sigue teniendo varios focos de vertidos ilegales en su territorio, y en concreto pone el énfasis en dos en la isla de Tenerife, en Valle de Guerra -ya resuelto con una depuradora- y en el Valle de Güímar, donde se está construyendo una depuradora comarcal que hace 20 años que el Gobierno de Canarias comenzó a ejecutar y nunca puso en funcionamiento. En dos años estará concluida por el Consejo Insular de Aguas para tratar las aguas residuales de Candelaria, Arafo y Güímar, pero también están obligados el Cabildo y los tres municipios, propietarios del polígono, a crear una estación depuradora de aguas residuales e industriales, según un plan de etapas ideado por la Corporación insular para evitar el cierre de la actividad en la zona por mandato judicial.














