Afectados de Añaza: “No nos gusta que nos tomen el pelo ni que nos usen electoralmente”

Siguen preocupados, y mucho. Poca o ninguna confianza transmiten las instituciones isleñas a los afectados de Añaza por la posible venta de 358 pisos protegidos por el Grupo Santander a un fondo buitre llamado Cerberus y que ahora el Gobierno de Canarias intenta impedir, mientras la entidad financiera sigue impulsando los desahucios individuales. Por ahora, son todo palabras, pero “no nos gusta que nos tomen el pelo ni nos usen electoralmente”, recuerda el portavoz de la plataforma 29-E, Lolo Dorta, para quien afectados, como Ruth, piden “que les den todas las medallas que haya que poner, a él y a Inma Évora (PAH), porque me da coraje que se las pongan los políticos cuando son los activistas quienes nos ayudan de verdad, además de los medios, que están echando una buena mano”.

Lo de la posible tomadura de pelo es algo que ya da por hecho una de las portavoces de los afectados, Cristina, quien asegura que no tienen miedo a lo que les pueda pasar porque “el pelo nos lo están tomando ya”. “Yo no sé si el Gobierno de Canarias se está tocando las narices, pero lo vemos muy negro y esto no no nos huele a podrido, sino a lo siguiente”, apunta.

Otra de las quejas en que coinciden activistas y afectados en la responsabilidad de los desahucios. “El Ayuntamiento tiene su parte de culpa, porque paga las ayudas al alquiler cada cuatro o cinco meses”, explica Lolo, “o nueve”, añade Cristina, quien lamenta sobre su propio desalojo, “que estaba previsto para el próximo día 8, haya sido aplazado 60 días, en vez de frenarlo, como prometió el Santander”. “Desde enero estoy esperando que Altamira [la firma del Santander que administra los pisos] me mande los recibos, y se los pedí en enero de este año”, apostilla.

Uno de los puntos espinosos es cómo están las viviendas. “Están horrorosas, esto no se debería de permitir. Hemos puesto miles de quejas, pero las casas se siguen cayendo”, clama Ruth. Por su parte, Cristina agrega: “No se puede imaginar cómo están. Aquí nadie se ha preocupado del mantenimiento o de la seguridad, solo hay que ver cómo están los trasteros, que hay algunos reventados, o echar un vistazo a los garajes, que son como talleres de mecánica”.

La compra anunciada

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias sigue negociando en secreto con el Santander la adquisición de unas viviendas sobre las que tiene un derecho de tanteo preferencial hasta 2021, fecha en que pierden su condición de protegidas. Después de que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, desvelase a la Cadena Ser que la entidad les había puesto un precio de 29 millones, ayer la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, matizaba ante los micrófonos de la COPE que dicha cantidad “se establece con los módulos de vivienda protegida, pero tanto la consejera [Cristina Valido] como yo, durante la reunión que tuvimos el miércoles pasado con directivos del banco, les dijimos que primero teníamos que conocer la casuística que hay en las viviendas y el estado de las mismas, y a partir de esos precios, que son máximos, negociaremos a la baja”.

Por sorprendente que parezca, dado que es su obligación estar al corriente de lo que sucede en las viviendas protegidas, lo cierto es que el Gobierno de Canarias desconoce hasta tal punto lo que pasa con las mismas, que van a tener que ser los afectados y los activistas quienes, en reunión prevista para mañana miércoles, informen de ello al propio Instituto Canario de la Vivienda. A este respecto, cabe recordar que estas dos promociones, edificadas en 2006, contaron con una ayuda pública de cinco millones de euros, como ha reconocido públicamente Valido.

“Claro que estamos preocupados; primero que vengan a ver las viviendas porque yo hago el cálculo y me salen unos 82.000 euros por piso, y no lo valen seguro”, indica Ruth. Por su parte, Cristina confirma: “Estamos recogiendo la documentación para dársela al Gobierno de Canarias el miércoles”.

El resumen es de Lolo Dorta: “Lo que menos nos gusta es que nos utilicen, y hasta que no lo veamos firmado, no nos fiamos de nadie. Siempre que nos dirigimos a políticos para hablar de servicios sociales nos responden con números y datos, cuando lo que les pedimos es soluciones. Esto no es de ahora porque llevamos así años. Por eso es normal que los afectados no estén tranquilos, y menos cuando oyes decir que los que tengan rentas altas tendrán que irse: hubo que apaciguar a los vecinos”.