La oposición frontal contra el posible desahucio masivo de hasta 358 familias residentes en dos promociones inmobiliarias de viviendas protegidas existentes en el barrio santacrucero de Añaza, a cuenta de su posible venta al fondo buitre llamado Cerberus, ya se encuentra en manos de la Justicia. Han tenido que ser activistas sociales como la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Évora, y algunos perjudicados quienes primero denunciaran ante la Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de estos inmuebles por el Grupo Santander. Mientras tanto, en las instituciones se rumia aún el desprecio de la entidad financiera, que sigue sin responder a los escritos que le dirigieron la semana pasada tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como el Gobierno de Canarias.
Por ahora, desde la Corporación local se amaga con la retirada de los fondos municipales hoy depositados en la entidad (lo que ya hizo con Bankia en 2012), mientras que en el Gobierno de Canarias se espera a recopilar toda la información para la apertura de un expediente sancionador, como se confirmó ayer a este periódico.
Decenas de vecinos se congregaron el lunes frente al Palacio de Justicia capitalino para arropar a la portavoz de la PAH en su entrega ante la Fiscalía Provincial de una denuncia a la que se agregaron varios de los afectados. En dicho escrito, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se detallan una serie de presuntas irregularidades que habrían cometido tanto la actual propietaria, Luri 6, como la arrendataria, Altamira, ambas empresas del Grupo Santander.
Básicamente, se trata de incumplimientos relacionados con lo dispuesto en el Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, así como de la supuesta imposición “en sus contratos de cláusulas abusivas que contradicen el régimen de protección de las viviendas”, tales como la exigencia de “avales bancarios” o de “hasta seis meses de fianza para poder suscribir los contratos, imposición del impuesto de bienes inmuebles, subidas desmedidas de las rentas y contraprestaciones por ocupación en precario, además de ejercer prácticas coercitivas para la resolución de contratos y su renovación para que las familias abandonen los inmuebles por razones económicas”. A este respecto, cabe recordar que este periódico ya ha informado de las quejas de los vecinos sobre reiteradas llamadas para que abandonasen sus hogares, o el hecho de que la no renovación de alquileres aboca de facto a las familias, dado que sin contrato no pueden acceder a las ayudas que reciben para ello, circunstancia habitual en estos inmuebles, pues entre el 70 y el 90% de sus habitantes son usuarios de los servicios sociales. La finalidad de todo ello, siempre según la denuncia presentada ayer, es facilitar la venta a Cerberus dentro de una macrooperación que engloba a unos 35.700 inmuebles repartidos por todo el país.
Además de recogerlo en su denuncia, Inma Évora desveló en declaraciones realizadas antes de la presentación de la denuncia sus dudas acerca del plazo en que estos inmuebles dejan de tener la consideración de viviendas protegidas, por cuanto el contemplado en este caso es de 15 años (finaliza en 2021), “un plazo muy corto en relación al resto de promociones privadas de la misma calificación, que mantienen un régimen de protección de entre 30 y 50 años”. El dato resulta nada baladí, por cuanto esa calificación como vivienda de protección oficial otorga al Gobierno de Canarias un derecho de tanteo preferencial en caso de venta.
Como quiera que el Santander ni siquiera ha cumplido con el trámite de informar al Ejecutivo regional, la operación con Cerberus podría ser anulada en los juzgados, pero todo apunta a que la entidad opta por una política de hechos consumados, con los temibles efectos que ello tendría para estas familias. Hay que tener en cuenta que las instituciones canarias no tienen ni la más mínima capacidad de respuesta ante un desalojo masivo como el que amenaza a los vecinos de Añaza. En realidad, no hay recursos ni para afrontar 10 casos simultáneos, no digamos ya 358.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, su alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció el lunes que ha dado instrucciones al área de Hacienda para que “revise la relación financiera que mantiene con el Banco Santander, toda vez que esta entidad no ha respondido a la petición del Consistorio para clarificar sus intenciones con respecto al eventual desahucio de vecinos en el barrio de Añaza”. El alcalde ve “absolutamente incongruente” el hecho de que el Ayuntamiento “tenga depositados sus fondos en un banco que, a la vista de los hechos, pretende desahuciar a muchos de nuestros vecinos”, a la par que se recuerda lo ocurrido en 2012, cuando se ordenó la retirada de 1,5 millones de euros de una cuenta corriente que mantenía en Bankia por el desahucio de una vecina de la capital. Similar medida ha solicitado en el Cabildo el consejero de Podemos Julio Concepción, quien preguntará al equipo de gobierno sobre tal cuestión en el próximo pleno.
Por último, en el Gobierno de Canarias se sigue a la espera de una respuesta oficial por parte del Santander, pero una portavoz gubernamental detalló el lunes al DIARIO que, en caso de que se confirme la venta o la entidad siga sin responder, se procederá a la apertura de un expediente sancionador. Motivos no faltan, dado que no consta ni uno solo de los preceptivos visados del Ejecutivo que justifiquen los cambios en todo contrato, renovación o subida del alquiler (solo se permite en relación al IPC) que, como hay constancia, no han dejado de sucederse en estos edificios desde 2006.
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