El Ayuntamiento de Güímar ha sido multado con 9.000 euros (3.000 por cada expediente sancionador, la menor en estos casos, cuando puede llegar a 300.000 euros) por el área de Patrimonio insular, por actuar en un BIC (Camino de El Socorro) “sin pedir las correspondientes permisos y si atender la advertencia de que no siguiera haciéndolo”, señaló ayer la consejera insular Josefa Mesa, que además avanzó que está caminando otro expediente sancionador por la construcción de un muro en el camino, e incluso llegó a insinuar que la alcaldesa podría haber prevaricado. Mesa recomienda a la alcaldesa que “de ejemplo a los vecinos a la hora de cumplir la ley” y le invita a que sea Luisa Castro quien pague la multa y no el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Güímar, durante el verano, trasplantó varios tarajales y palmeras del camino cercano al Polígono Industrial y asfaltó parte del lugar, además de construir unos muro-bancos en una zona que ahora pretende adornar con azulejos solidarios a cinco euros cada uno para conmemorar el décimo aniversario de la canonización de la Virgen de El Socorro, que en noviembre realizará la segunda Bajada Lustral.
La alcaldesa, Luisa Castro, anuncia que los servicios jurídicos recurrirán la sanción porque “no se actuó dentro del Bien de Interés Cultural, sino solo se taponó un bache en el camino de Samarines que no es BIC”, aclarando además que “todo el camino desde San Pedro a El Socorro está asfaltado y solo hemos hecho el mantenimiento, no entiendo porque se nos multa por eso”, reconociendo, eso sí, que no solicitó el permiso oportuno a Patrimonio.
Airam Puerta, portavoz del PSOE en Güímar, se preguntó “cómo es posible que, una vez más, pese una sanción sobre el municipio por la manera de obrar indebida de Luisa Castro, recordando que “en 2016 fue la Dirección General del Trabajo quien impuso una sanción de 10.000 euros al Ayuntamiento por la retirada de unas planchas de Uralita detrás del casino y ahora, una sanción de 9.000 euros por realizar obras en BIC sin las preceptivas autorizaciones”.
Añade el portavoz socialista que “no es de recibo que los vecinos tengan que cumplir la normativa vigente y obtener los permisos que corresponda para la ejecución de cualquier obra, y la alcaldesa se salte a la torera la obligación de que el Ayuntamiento cuente con las preceptivas autorizaciones para realizar actuaciones, en este caso, en una zona declarada Bien de Interés Cultural y por tanto protegida. Está claro que todos podemos equivocarnos, pero cuando se gestiona lo de los demás, lo público, este tipo de actuaciones cuestionan mucho el liderazgo y la credibilidad de quien se empecina, una y otra vez, en ir de por libre saltándose normas y procedimientos que repercuten negativamente en la imagen de nuestro municipio”.
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