La situación de las más de 560 familias afectadas por la aluminosis de los bloques de Las Chumberas vuelve a la primera línea informativa, tras un nuevo incumplimiento de los plazos de demolición y reposición de las viviendas por parte del Ayuntamiento de La Laguna. En una especie de huida hacia adelante, a pesar de que el Ayuntamiento se ha excedido en todos los plazos para llevar a cabo las obras, el alcalde de Aguere, José Alberto Díaz (CC), se coló el pasado sábado en la expedición del Gobierno de Canarias que tenía que firmar el convenio de carreteras con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), para exponerle en persona las reivindicaciones de más de medio millar de afectados y plantearle la posibilidad de que no se devuelvan los 12,6 millones de euros que, en caso de que no se firmara el convenio, deberían reintegrarse al Gobierno central el 31 de diciembre. Díaz, con esa espada de Damocles, se jugó la última baza que le quedaba: implorar clemencia al ministro, y no parece que Ábalos le diera con la puerta en las narices. Consciente del problema vecinal, le prometió estudiarlo.
Ante esta acción y para saber en qué punto estaba la tramitación de las cuatro administraciones involucradas en el convenio, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, DIARIO DE AVISOS contactó con la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE). Arocha aseguró a este periódico que “el Ayuntamiento nunca ha justificado al Estado ni al Cabildo ni una sola de las subvenciones para la demolición, ni para la reposición, ni para la reurbanización de los bloques de Las Chumberas”.
“Me parece realmente una falta absoluta de lealtad del Ayuntamiento de La Laguna, tanto a los vecinos como a las administraciones intervinientes, que hemos intentado ayudarles siempre”, enfatizó. La directora insular recordó que “se trabajó ese convenio desde este verano para no tener que pedirle al Ayuntamiento la consiguiente devolución de 25 millones de euros, pero no depende del Ministerio de Fomento, depende de que se trabaje la fórmula jurídica que lo permita”, ya que estos fondos se entregan en base a la Ley General de Subvenciones. Esta norma contempla que para poder obtener una nueva ayuda hay que justificar las recibidas, precepto que no cumple, de momento, el Ayuntamiento.
Según señaló la directora insular de Vivienda, “el alcalde está haciendo un juego muy peligroso y es consciente de ello”. “Parece una burla a los vecinos. Esos edificios están en condiciones pésimas y necesitan que los ayudemos”. En cuanto al primer convenio, Arocha recordó que “en 2011 la ayuda era urgente, en 2018 ya es una situación dramática y la forma de resolverlo no es utilizando a los medios de comunicación”. Marta Arocha insistió en que “lo que tiene que hacer CC es sentarse a gestionar y dejar de culpar al resto de administraciones de su absoluta incompetencia”.
Cronología
La primera firma entre las cuatro administraciones, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, se produjo el 18 de noviembre de 2011. La vigencia de ese acuerdo se extendía, conforme a la cláusula séptima, hasta el 31 de diciembre de 2012.
Otra de las fechas señaladas en el calendario de los vecinos fue el 4 de noviembre de 2015. En la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias se rubrica, a su vez, otro convenio con la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor (PP); el presidente Clavijo (CC); la consejera de Vivienda, Patricia Hernández (PSOE); el presidente insular, Carlos Alonso (CC), y el alcalde nacionalista lagunero. Al estampar las firmas, muchos de los vecinos se abrazaron con los representantes políticos allí presentes. El plazo de financiación era hasta el 31 de diciembre de 2016, y ninguno podía adivinar que no se habría movido ni una sola piedra cuando llegara esa fecha. Una nota de prensa del Gobierno de Canarias aseguraba, cuando llegó la rúbrica del siguiente convenio, del 4 de octubre de 2016, a pesar de todas las ya estampadas, que esta sería la definitiva. Nada más lejos de la realidad. En ese caso, quien firmó por el Gobierno central fue el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá (PP). El presidente del Cabildo, Carlos Alonso resaltó, según la nota del Ejecutivo autonómico, que “ahora le toca al Ayuntamiento de La Laguna demoler y empezar a urbanizar y construir las nuevas viviendas”, dejando la pelota en el tejado del Consistorio de Aguere. En este punto hay que destacar que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Laguna decidió, el pasado agosto, declarar desierto el procedimiento abierto para la ejecución de los citados trabajos.
El concurso concluyó el pasado 19 de julio y salió a licitación por un montante económico de más de 15 millones, tal y como informó este periódico en su edición del pasado 11de noviembre. A dicho concurso se presentó una única empresa, que si bien cumplía con los requisitos exigidos, se constató que la proposición económica ofertada era superior al precio máximo de licitación establecido en los pliegos del procedimiento, siendo, en concreto, de más de 17 millones.
El Consistorio abona casi 300.000 euros para el realojo de los vecinos
El Ayuntamiento de La Laguna ha abonado hasta el pasado mes de noviembre, tal y como publicó DIARIO DE AVISOS en su edición del pasado 11 de noviembre, casi 300.000 euros, en concreto, 299.196,75 euros, en el realojo de los vecinos de la urbanización de Las Chumberas que residen en los bloques afectados por aluminosis, que forman parte de la primera fase de demolición, y que deben buscar una vivienda temporal en tanto duren las obras de derribo y construcción de sus nuevas residencias.
Cabe recordar, además, que el alcalde, José Alberto Díaz, informó a los vecinos, el pasado agosto, de que el Consistorio asumiría los gastos de los alquileres de los residentes obligados a realojarse, aportando hasta un máximo de 600 euros mensuales en cada caso, así como los costes de alquiler de guardamuebles, para depositar sus enseres, y de la realización de las mudanzas si fueran necesarias.
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