La multa impuesta por la Unión Europea al Reino de España por los vertidos ilegales de aguas residuales en el Valle de Güímar “deberá ser pagada por el Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas, subsidiariamente el Cabildo de Tenerife”, según la propuesta del Ministerio de Política Territorial del 5 de diciembre que llegó hace unos días al Ayuntamiento de Güímar, principal beneficiado junto a Arafo y Candelaria, de esta decisión estatal, cuando el Cabildo les hacía corresponsables del pago de la sanción.
Así, Gobierno y Cabildo deberán hacer frente a 285.444,4 euros (142.722,2 euros cada uno) por los vertidos en el Valle de Güímar y además tendrán que hacer frente a una multa cada seis meses, sin determinar aún la cuantía, hasta que esté concluida la depuradora comarcal -teóricamente dentro de dos años- y toda la red de saneamiento que debe hacer llegar las aguas negras de Arafo, Candelaria y Güímar hacia la Edari comarcal.
Además, el Ministerio, también recoge que la Comunidad Autónoma Canaria tiene que pagar 578.733,4 euros por el mal vertido en la zona Noreste (Valle de Guerra), aunque ya no tendrá ninguna otra sanción al haber entrado ya en funcionamiento una gran depuradora en la zona, la que se espera en el Valle de Güímar, que recibe una multa menor por el baremo equivalencia/habitante (e/h). En el Nordeste se habla de 66.460 e/h como carga contaminante y de 23.730 e/h en el Valle de Güímar.
El Ministerio, tras la relación de hechos, ya ha propuesto el procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea en el asunto C-205/17, relativo a la no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2011 en materia de recogida y tratamiento de las aguas residuales, tanto en lo que respecta a las dos zonas de Tenerife como las otras 15 del territorio nacional, que entre todas suman una sanción de 12 millones de euros, tras la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de UE de 25 de julio de 2018.
Para que el Ministerio haya llegado al acuerdo de que sean el Gobierno de Canarias y el Ciatf (Cabildo) los que tiene que abonar la multa y las que vendrán (en el caso de Valle de Güímar) se ha tenido en cuenta la información aportada por la Alcaldía y Secretaría del Ayuntamiento de Güímar, en la que no solo recuerdan que desde los años noventa Gobierno y Cabildo se comprometieron a construir una depuradora que nunca funcionó, sino que ha sido el Consejo Insular de Aguas quien se ha encargado de la depuración, una competencia que para el Ministerio es supramunicipal -en este caso insular- como está recogido en el Plan Hidrológico de Tenerife.
Marisa Santos, secretaria municipal, se mostraba satisfecha de la propuesta del Ministerio, pero advertía que “es una propuesta, no una decisión definitiva”, por cuando las partes interesadas, Gobierno de Canarias y Cabildo, así como los tres ayuntamientos (ahora beneficiados) disponen de 15 días para presentar alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones estimen convenientes.
El consejero insular, Manuel Martínez, tendrá mucho que decir en este sentido, aunque ya avisó que el Cabildo no dejaba solo al los ayuntamientos, aunque ahora pueden ser estos los que dejen solo al Cabildo.
Marisa Santos ya lo pronosticó
Si hay alguna triunfadora en esta decisión del Ministerio, esa es la secretaria municipal de Güímar, Marisa Santos, quien en DIARIO DE AVISOS advirtió hace unas semanas que “la depuración de las aguas residuales no es competencia municipal, sino supramunicipal,como se recoge en el Plan Hidrológico de Tenerife” . Además, este acuerdo inicial del Ministerio puede servir de válvula de escape para aquellos investigados (alcaldes y concejales) en el proceso judicial abierto contra ellos tras una denuncia de Sí se puede e Izquierda Unida por esos vertidos.
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