
Un total de 126 vecinos de La Baranda, en El Sauzal, se oponen a que se construya la urbanización Parque Atlántico, anexa a la suya y contemplada en el Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en el año 2009, y que fue paralizada por un recurso presentado por Unid@s Se Puede El Sauzal (USPES).
De consolidarse este proyecto, en el paraje natural Las Breñas, desaparecería el barranco de Las Limeras, que en la actualidad hace de línea divisoria entre La Baranda y las futuras construcciones. Y así se lo han hecho saber un total de 126 vecinos que viven en La Baranda al alcalde, Mariano Pérez, a quien le solicitan que convoque una reunión con los afectados, la empresa promotora, el Cabildo de Tenerife y los representantes municipales.
El mandatario nacionalista declaró el martes 7 de diciembre a este periódico que el Ayuntamiento está a la espera de la información que dé el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatfe), para la que tiene un plazo de tres meses y desde que ésta se produzca, se hará lo que determinen sus responsables. “El grupo de gobierno siempre actuará en función de lo que digan los técnicos”, dijo Pérez, al tiempo que recalcó que la nueva urbanización Parque Atlántico está aprobada con todos los informes favorables.
“Puede dar la impresión que no existe ningún problema puesto que en los planes del PGO desde los años 90, tenía todas las atribuciones legales para realizar esa y dos urbanizaciones más, y que todas ellas tuvieran como vía de entrada y salida por La Baranda”, asegura el presidente de la Asociación de Vecinos de esta urbanización, Gerardo de la Rosa, en respuesta a las manifestaciones del alcalde. Asimismo, añade que la citada asociación vecinal se muestra en desacuerdo con esta opción y así se lo ha trasladado al mandatario a través de un manifiesto.
En un escrito enviado también al Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Diputado del Común, los vecinos señalan que “la nueva configuración de las calles al estar unidas, podría crear un problema de seguridad vial sobre todo en los niños acostumbrados a jugar en ellas por el tráfico inexistente”.
En la actualidad, especifican, el ancho de las vías no permite el cruce entre camiones de grandes dimensiones y coches. De hecho, en dos puntos existe un índice de conflictividad “felizmente arreglado entre vecinos”.
Los afectados advierten de que si este proyecto no se logra paralizar con las medidas que han propuesto, se exigirá “de conformidad con las leyes vigentes”, que los técnicos del Ayuntamiento realicen una visita a las casas más próximas al barranco donde se realizarán los desmontes, para reclamar a posteriori, las posibles causas de desplazamiento de las viviendas, roturas, grietas y otros problemas que pudieran producirse. Del mismo modo, reclaman que se le solicite a la promotora un aval bancario, valorado por los técnicos municipales, para cubrir los desperfectos que se puedan ocasionar en dichas viviendas colindantes al barranco así como en las carreteras, aceras y elementos públicos de su urbanización.
Los afectados creen que el Cabildo no tiene conocimiento del alcance de esta desviación de tráfico, puesto que el lugar de confluencia sería la única entrada donde está la Casa del Vino. Por último, confían en que “este atropello” no reciba el visto bueno del Consejo Insular de Aguas y que la Ley diga que los barrancos “son suelo público”.
“El PGO es la herramienta con la que se rigen los técnicos”
Al ser consultado sobre este asunto, el alcalde, Mariano Pérez, se limitó a recordar que la urbanización está contemplada en el PGO, aprobado en 2011, y que este documento “es la herramienta con la que se rigen los técnicos para el desarrollo urbanístico del pueblo, y en caso de modificarse, se hará cuando toque”




