El Juzgado número 1 de lo Contencioso dictó el mares sentencia y desestimó el recurso contencioso-administrativo, en fecha 31 de mayo de 2017 contra la Resolución número 731/2017, que presentó la asociación de empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar contra el decreto del alcalde Arafo ( se sumó también Candelaria, no así Güímar), de fecha 12 de mayo de 2017, donde se acordó el cese inmediato del vertido que se realiza a través del emisario hasta tanto se obtenga autorización definitiva o, en su caso, provisional y adoptar de manera inmediata como medida provisional la colocación de elementos de malla galvanizada en todos los huecos que hagan de obstáculo e impidan el acceso al interior del emisario.
Según la sentencia, “la causa de cierre del acto dictado por la Apmun consiste en la realización de vertidos industriales al mar sin contar con la autorización administrativa correspondiente; por lo que hasta tanto no se obtenga dicha autorización la medida adoptada es inmediatamente ejecutiva con independencia del mayor o menor grado de incidencia que dicho vertido pueda tener sobre la salud pública. Pero ya hemos dicho que los Ayuntamientos demandados se han limitado a cumplir con una orden de legalización (en la actualidad en tramitación) y cierre de una actividad ilegal (el vertido al mar desde el emisario submarino) hasta tanto se obtengan una autorización de vertidos. Sin los recurrentes entienden que se les ha producido alguna indefensión por los motivos que incorporan en su demanda lo propio es que lo hagan valer frente a la medida cautelar de cierre impuesta por la Apmun (…).
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