santa cruz

Aún hay 36 usuarios del geriátrico de El Drago que no cosiguen plaza

Los trabajadores, junto a algunos familiares, se concentran ante la residencia de Ifara exigiendo una solución aceptable para todos
RS624835_sm residencia geriátrica 04-scr
Una treintena de personas se manifestaron ante las puertas del geriátrico en Ifara. / Sergio Méndez
Una treintena de personas se manifestaron ante las puertas del geriátrico en Ifara. / Sergio Méndez

Vicente tiene 76 años y sufre alzheimer. En abril hará un año de su ingreso en la residencia El Drago del Marqués, la misma que ha comunicado a los usuarios y trabajadores que el 29 de marzo cerrará sus puertas definitivamente. Él es uno de los 36 usuarios que aún no han logrado una plaza en otro centro. Ayer, su mujer, Isabel, de 67, era una de las personas que quiso acompañar a los empleados en su protesta por los despidos anunciados por la empresa, Amavir. Sobre la residencia pesa una orden de cierre por carecer de licencia, ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo, que además obliga a demoler cuatro plantas por no ajustarse la licencia dada en su momento al Plan General de Ordenación.

Una treintena de personas se congregaron ayer ante las puertas del centro. José Ángel Mena, presidente del comité de empresa, explicó que en estos momentos aún quedan 36 residentes en el centro, mientras que la negociación con la empresa tiene su punto final el 28 de marzo. A partir de ese momento empezarán los despidos. “Nos han comunicado que presentan un ERE por motivos de fuerza mayor, por lo que nos ofrecen lo mínimo, 20 días por año trabajado”. Mena recuerda que son 114 los trabajadores afectados y que, mientras queden usuarios en el centro, tendrá que haber un mínimo de personal para atenderlos.

Y ese es precisamente la preocupación de familiares como Isabel, cuya plaza es pública, pero también la de Gabriela, que tiene a su padre ingresado en Amavir, en una plaza privada, desde hace ya tres años. Ayer también acudió a la manifestación. “Mi padre es autónomo y como está aquí no va a estar en ningún sitio”, aseguró a los medios. Y es que los familiares ponen en valor el servicio recibido, afirmando que puede compararse a la estancia en un hotel de cuatro estrellas. No en valde, el precio de una plaza privada en El Drago es de 1.900 euros al mes. Cuando se les pregunta por las otras residencias, no se atreven a decir que tengan un peor servicio, pero sí que las prestaciones que ofrece Amavir por el precio que cobran, es de lo mejor que hay en la Isla.

“En el caso de mi padre está en lista de espera en varios centros y lo que esperamos es que no se cierre al menos hasta que se vaya el último usuario porque la preocupación de los que quedamos dentro, si llega el 29 y se cierra, es en qué condiciones nos vamos a quedar”. Todos coinciden en que la escasez de plazas sociosanitarias impide que los traslados se hagan de forma más rápida.

Mientras, la Gerencia de Urbanismo sigue esperando por la opinión de los técnicos sobre si es viable o no el proyecto presentado por los anteriores gestores en un intento de legalizar la residencia.

Ayer, Cs, apoyaba a trabajadores y familiares, cargando contra el Ayuntamiento y acusándolo de ser el único responsable del cierre del geriátrico por “su mala gestión urbanística”. El portavoz municipal, Enrique Rosales, señaló que “el hecho de que la justicia haya anulado las licencias municipales de construcción, habitabilidad y de actividad, por graves errores, demuestra el caos que ha reinado durante los últimos años en la Gerencia de Urbanismo”.

La Fiscalía se interesa por el destino de los residentes

Cuando se conoció el cierre de Amavir, los familiares se movilizaron y acudieron a todos los estamentos, incluido el de la Fiscalía, a la que dirigieron un escrito para informarla de la situación en la que quedan los usuarios que aún no tienen plaza. Ayer, según pudieron saber estos familiares, la Fiscalía había citado a la directora del centro para que informara sobre los hechos descritos por los familiares. Ahora queda esperar a si desde el juzgado se toma algún tipo de determinación sobre el asunto. Desde el Ayuntamiento se insiste en que, mientras no se comunique la ejecución de sentencia, la residencia puede seguir ejerciendo su actividad, por lo que aún hay tiempo para recolocar.

TE PUEDE INTERESAR