El Pleno de La Laguna acordó ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos, “realizar, bajo la responsabilidad de la Intervención General del Ayuntamiento una auditoría pública sobre la situación financiera de la entidad Muvisa con especial consideración al destino de los fondos finalistas transferidos a la sociedad mercantil para la realización de las encomiendas que se le han efectuado”, según recoge la moción presentada por los grupos Unid@s se puede y XTF-NC en el Ayuntamiento. Además, el texto también incluye que “la financiación de la auditoría se atenderá con los recursos de la propia entidad mercantil”.
Una moción ante la que el interventor emitió un informe, a petición del alcalde, en el que “no ha planteado ninguna objeción de legalidad ni a la propuesta de fondo, ni a que la auditoría se haga con fondos propios de Muvisa”, apuntó el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez.
“Teniendo en cuenta la propia propuesta formulada al Pleno, así como la importancia de la actividad de Muvisa y la cuantía y diversidad de las encomiendas conferidas por el Ayuntamiento, y considerando que no hay resultados de trabajos anteriores realizados por la Intervención que den repuesta a lo solicitado y que aún hay margen de inclusión de actuaciones en el Plan Anual de Control Financiero del presente ejercicio, en aso de aprobarse se tomará en consideración para su inclusión en el Plan Anual de Control Financiero de 2019”, recoge el informe de Intervención, haciendo referencia al Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local.
Asimismo, en el informe también se apunta que “el órgano interventor analizará la dimensión de las tareas a realizar y la capacidad de asumirlas con medios propios o en caso contrario mediante la colaboración con empresas de auditorías”.
“Por nuestro grupo no hay objeción a lo planteado, siempre en los términos que se recogen en el informe de la Intervención”, apuntó el alcalde, José Alberto Díaz, quien también indicó que “hoy [ayer] me ha llegado una información de que parece que hay un vía de entendimiento entre el Gobierno de España y el de Canarias” en la redacción del real decreto ley que resuelva la situación del nuevo convenio de Las Chumberas.
Por su parte, el concejal no adscrito Javier Abreu, y actual consejero delegado de Muvisa, indicó que, a su juicio, la fiscalización no se debe centrar solo en los convenios de Las Chumberas sino en toda la empresa, algo que nunca se ha hecho.
Grúas
Por otra parte, el Pleno rechazó una moción de Santiago Pérez que pedía que se tomara “la decisión política para iniciar el expediente para buscar, con el fundamento legal adecuado, un procedimiento que permita reconocer y saldar” las nóminas impagadas relativas a los meses de mayo, junio y julio de 2013 a dos extrabajadores del servicio municipal de grúas, lo que asciende a un total de 8.763,05 euros entre ambos. El concejal recordó que “aparentemente” la Junta de Gobierno local aprobó un préstamo de 120.000 euros para “pagar a esos trabajadores que trabajaban para la empresa, que no deja de ser un servicio municipal, y los demás cobraron pero estos no, y no sé por qué”.
La secretaria del Pleno remitió a un informe anterior que había elaborado al respecto y recordó que “esas deudas no existen a día de hoy, han prescrito, según el instituto de la prescripción” y que, además, hay una sentencia. “No hay ninguna circunstancia nueva que permita su reconsideración”, añadió
La votación se saldó con empate, al registrarse 11 votos a favor (Unid@s se puede, XTF-NC y los concejales no adscritos Yeray Rodríguez y Javier Abreu) y otros 11 votos en contra (PP, CC y el concejal no adscrito Zebenzuí González), así como tres abstenciones, de PSOE y Ciudadanos. El voto de calidad del alcalde rompió el empate, sumándose al rechazo a la moción.
El Pleno también aprobó una moción de Unid@s se puede, acordada con el PSOE, que tuvo el apoyo de todos los grupos y solo dos abstenciones (de Javier Abreu y Ciudadanos), por la que se acuerda “realizar, en colaboración con la ULL, una auditoría del coste para las arcas municipales de los servicios públicos municipales por gestión directa frente a la indirecta, tomando las acciones tendentes a disminuir el coste para las arcas municipales y hacer los servicios más efectivos”. Además, se insta a las empresas adjudicatarias a “eliminar las reducciones salariales acordadas en 2012-2013”, y se acuerda “desarrollar mecanismos para mejorar el control técnico del cumplimiento de los pliegos”, así como otros nuevos para “los sistemas de contratación del personal en estas empresas a partir de los próximos contratos”, para evitar así, según el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, “la política del enchufe”.
“Acoso sexual”
También se ampliarán los planes de prevención del acoso laboral y sexual entre el personal de estos servicios y el correspondiente a los convenios. A este respecto, Rubens Ascanio enfatizó que “hay que ponerse muy serios” con este tema porque “existe un velo de miedo, que transmiten trabajadoras que no se atreven a denunciar, y el Ayuntamiento debe de intervenir. Hay denuncias públicas que afectan a responsables de algunos servicios donde hay presiones sexuales”.
Una afirmación ante la que el alcalde respondió que “pondré en conocimiento de los servicios jurídicos (del Ayuntamiento), por si es un delito de encubrimiento, porque la afirmación que acaba de hacer es importante y lo que corresponde es denunciar. Y si sabiéndolo no lo hace, entonces es un tema de encubrimiento”, sostuvo.
Duras palabras tuvo también Javier Abreu, quien indicó a Rubens que “ningún grupo puede decir esto y no denunciarlo en el juzgado”. También le recriminó que “acuse a los trabajadores de ser enchufados”. “Los verdugos son los que los enchufan, esos son los sinvergüenzas”, sostuvo.