La constructora OHL habría abonado supuestamente sobornos millonarios a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones públicas, entre las que se encontraría presuntamente el Gobierno de Canarias, para asegurarse grandes contratos de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió los supuestos pagos entre la documentación que incautó a la cotizada durante uno de los registros de la Operación Lezo en 2017. En total, la compañía gastó supuestamente en comisiones más de 40 millones de euros desde 2003, fecha a la que se remontan las pesquisas, que se han estado desarrollando en el más estricto secreto durante casi dos años bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, según publicó ayer en exclusiva el periódico digital El Confidencial, gracias a fuentes cercanas al caso.
OHL concentró presuntamente el pago de comisiones en el Ministerio de Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y el Gobierno de Canarias. Al trascender la noticia, DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con fuentes de la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo regional que evitaron “hacer ningún tipo de valoración”, aunque precisaron que “por el momento, no se ha requerido por parte del citado juzgado ningún tipo de documentación” y, si así fuera, “colaborarían con la Justicia, como no podría ser de otra forma”.
Dos directivos
Las indagaciones implican por ahora en la presunta compra de funcionarios a dos directivos de la multinacional española, que ya fueron citados a declarar en sede judicial hace unas semanas y que se encuentran imputados en la causa.
El más destacado de ellos sería, según el citado digital, Felicísimo Ramos, un antiguo director de control de gestión de OHL, que habría ejercido de conseguidor de la constructora durante más de dos décadas. Se jubiló en 2013 (tiene 70 años), pero su antigua empresa lo mantuvo en nómina con un extraño acuerdo de colaboración externa al menos hasta 2016. La Guardia Civil ya lo interrogó en el caso Lezo. Entonces, Ramos admitió haber ordenado en 2007 a la filial de OHL en México que pagara los 2,5 millones de dólares (1,4 millones de euros al cambio de la época) del presunto soborno al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la concesión del contrato para la construcción y gestión del Cercanías de Navalcarnero. El dinero se quedó finalmente por el camino.
No era la primera vez que Ramos se veía salpicado por un caso de presunta corrupción. Como reveló El Confidencial, el directivo fue llamado a declarar en el caso Roldán en 1997. En aquella ocasión, admitiría que Huarte (fusionada ese año con Obrascón) había pagado al menos 4,2 millones de euros a tres empresas tapadera para llevarse adjudicaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Los investigadores sostienen ahora que Ramos se habría dedicado desde entonces a esa misma actividad: el pago sistemático de sobornos a funcionarios y responsables políticos para amañar supuestamente concursos para su empresa.
El segundo investigado es el ex director general de Obra Civil Nacional de OHL Paulino Hernández. Hernández se mantuvo en ese puesto entre enero de 2011 y mayo de 2017, fecha en la que abandonó la compañía.
De momento, no han trascendido las obras donde, presuntamente, funcionarios o altos cargos de esta comunidad autónoma habrían sido sobornados.
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