El Gobierno de Canarias, a través de la directora general de Vivienda, Pino de León (CC), pidió ayer “tranquilidad y confianza” a los inquilinos de viviendas de Visocan de La Laguna y de otros municipios que tratan de acceder a la transmisión de sus pisos. Curiosamente, la directora general de Vivienda del Ejecutivo regional casi que se parafraseó a sí misma con lo que, ante la subida de sus alquileres, ya le pidió el lunes pasado a los vecinos de las 358 viviendas de Añaza, compradas por la empresa pública Visocan el 4 febrero al Banco Santander.
En la edición de ayer, DIARIO DE AVISOS abordó la situación que viven más de 3.000 familias de Tenerife y Gran Canaria, tras casi un cuarto de siglo pagando alquileres sin que el Gobierno de Canarias haya cumplido con la promesa de que pasarían a ser de su propiedad. Los inquilinos pertenecen al II Plan de Vivienda del Gobierno regional y lograron las llaves de sus pisos entre 1997 y 1999.
La directora general de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pino de León estuvo acompañada en la reunión, celebrada en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de La Laguna, por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC); la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC); la consejera de Vivienda, Cristina Valido (CC) y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC). La presencia de la plana mayor nacionalista pone de relieve la preocupación que tiene por las promesas incumplidas por el Gobierno desde hace 23 años y que, ahora, tras la constitución de plataformas vecinales como la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha en Gran Canaria, que ha presentado un contencioso en los juzgados de Las Palmas.
Pino de León, que se erigió en la portavoz del Ejecutivo, desmintió que “estemos barajando los precios máximos de transmisión por Ley, sino tratando de encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley”.
El Ayuntamiento de La Laguna y la propia De León han mantenido reuniones frecuentes con los vecinos que han mostrado su interés en adquirir su vivienda y les han informado de los avances e informes jurídicos que se han realizado. “Lo que queremos”, aseguró la directora general, “es que quede clara la disposición de la empresa pública de vivienda (Visocan) de transmitir la propiedad a sus actuales inquilinos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para ser adquirente de vivienda protegida”.
Hay que recordar, según puntualizó el Gobierno, no obstante, que el contrato de arrendamiento firmado en su momento “es un contrato de alquiler, y no uno de alquiler con opción a compra, por lo que hay que buscar la fórmula más apropiada y establecer los precios adecuados para este tipo de viviendas”, explicó De León. Esto no quita para que “se estudien las distintas opciones y posibilidades para formalizar la operación en las condiciones más ventajosas que se puedan establecer para los futuros propietarios”, matizó la directora.
Habría que precisar que el Gobierno de Canarias se comprometió con estos vecinos a que sus inmuebles pasarían a ser de su propiedad, tal y como lo certifica el decreto 114/1999 o la Proposición No de Ley 9/582 que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, donde se insta al Ejecutivo regional a entregar las casas de los dos Planes de Vivienda de finales de los años 90, algo que no ha ocurrido.
Los vecinos
La sensación de los inquilinos tras la reunión era “extraña”: “Parecía todo demasiado bonito, demasiado cuento de hadas”, afirmó una de las portavoces de la Mesa de Vivienda, Yenet Chijeb, aunque también admitió que “muchos de los vecinos estaban muy incrédulos”. Al ser cuestionada por si lo esgrimido por el Ejecutivo regional es un argumento nuevo, Chijeb precisó que “es lo mismo que nos dijeron la última vez, pero, en esta ocasión, trajeron un documento que firmó el señor Villar, pero que no tiene membrete del Gobierno de Canarias ni nada”.
La portavoz vecinal, inquilina de la promoción del Camino de Las Mantecas, de La Laguna, aseveró que “no nos dieron plazos porque, según nos comentaron, depende de cuándo la Agencia Tributaria emita otro informe”.
Los informes jurídicos del Gobierno, siempre de Villar
El Gobierno de Canarias, por enésima vez, ha vuelto a recurrir al catedrático de Derecho de la Universidad de La Laguna Francisco Villar, para presentarle ayer a los vecinos un informe jurídico sobre la situación en la que se encuentran a fin de transmitir las viviendas de las que han sido inquilinos desde finales de los años 90. Hay que recordar que este catedrático ha emitido informes jurídicos para la Ley de Suelo, la norma estrella de Coalición Canaria en esta legislatura, al igual que también formuló informes, en este caso para el Ayuntamiento de La Laguna cuando Clavijo era alcalde, para levantar los reparos del caso Grúas.
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