justicia

Recurren el archivo del presunto saqueo de piezas que originó el caso Grúas

Los denunciantes consideran que la jueza no ha tenido en cuenta indicios tan flagrantes como el uso de un teléfono oficial y piden que el Ayuntamiento responda por su pasividad pese a saber lo que sucedía
Restos de vehículos custodiados en el depósito municipal de La Laguna en aquellos años. DA
Restos de vehículos custodiados en el depósito municipal de La Laguna en aquellos años. DA
Restos de vehículos custodiados en el depósito municipal de La Laguna en aquellos años. DA

Los trabajadores que denunciaron el presunto saqueo de piezas en los vehículos retirados de la vía pública por las grúas municipales de La Laguna han recurrido el archivo provisional de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de los Adelantados.

Dichos denunciantes, que fueron quienes originaron la investigación sobre este servicio municipal que acabó desembocando en el llamado caso Grúas (que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna y por el que están imputados el hoy presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el actual alcalde, José Alberto Díaz), han presentado -como es preceptivo- un recurso de reforma y subsidiario de apelación. Es decir, primero decidirá el propio juzgado y, en el caso de que insista en el sobreseimiento provisional de las diligencias (como es habitual), será la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que decida al respecto.

Cabe recordar que, en el auto donde se determinó el archivo provisional, la jueza reconoció la existencia de indicios de comisión de delitos, pero que no podía concretar quién pudo haberlos cometido. Por esta causa han estado imputados (ahora investigados) siete empresarios que, por aquel entonces, controlaban la concesionaria de las grúas municipales. Afines algunos de ellos al propio Fernando Clavijo, arruinaron de tal modo la empresa que el Ayuntamiento debió retirarles la concesión -tal y como señala nuestro ordenamiento jurídico-, pero, en vez de eso, el entonces alcalde Clavijo optó por prestarles 120.000 euros y prorrogar la misma otros cinco años, para que finalmente la vendieran a otro empresario por un simbólico euro.

Ahora el recurso plantea que, a juicio de los trabajadores denunciantes, el juzgado no ha apreciado correctamente indicios delictivos tales como el hecho de que para la venta de las piezas saqueadas a través de internet se utilizara el mismo número de teléfono móvil que debían marcar los laguneros residentes en La Cuesta para solicitar los servicios de una grúa municipal, así como que la Guardia Civil simuló estar interesada por una de esas piezas y a la cita se presentó uno de los encausados.

“De igual forma -relata el recurso, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS-, todos los compradores y propietarios investigados eran perfectamente conocedores de la venta ilegal de piezas, pues posteriormente a la primera denuncia las mismas se continuaron vendiendo y, además, como ya hemos manifestado, incluso vía internet y por encargo. Existiendo, por tanto, una coautoría en las acciones de todos y cada uno de los socios, que eran los únicos que desde el 13 de abril de 2011 entraban en el citado depósito y tenían por tanto la custodia del mismo”.

Así las cosas, el recurso concluye que, “a la vista de toda la documental existente, que determina no solo los posibles delitos, sino la autoría de los mismos sobre personas perfectamente identificables, entendemos que, con carácter previo a cualquier sobreseimiento o archivo, deben acordarse la práctica de pruebas de instrucción determinantes, como son la declaración y ratificación de todos los trabajadores denunciantes y la ratificación de los agentes de la Guardia Civil que, tras la segunda investigación, determinaron la existencia de la venta por internet de las piezas e identificaron a uno de los propietarios y a su teléfono de Empresa Autogrúas Poli como contacto a localizar en dicha venta online”.

Pero en el documento judicial que nos ocupa se incluye otro asunto nada baladí, como es la posible responsabilidad acerca de lo acaecido por parte del Ayuntamiento de La Laguna, que no tomó medida alguna a pesar de que, desde un primer momento, tuvo conocimiento de lo que pasaba, ya sea a través de los trabajadores denunciantes, ya por los informes llevados a cabo por la Guardia Civil y hasta por la propia Policía Local de La Laguna.

“Entendemos que existe una responsabilidad penal y civil sobre el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que pese a tener conocimiento de todos los hechos denunciados en fecha 20 de marzo de 2012 y posteriormente los ampliados en la Comandancia de la Guardia Civil de Ofra, hechos por tanto no prescritos, no tuvo el deber de vigilancia sobre bienes que, en todo caso, debía de responder de su cuidado y custodia con carácter subsidiario”, se detalla en el recurso en cuestión.

A este respecto, cabe recordar que el tercer investigado por el caso Grúas, el también concejal de Coalición Canaria en La Laguna Antonio Pérez-Godiño, reconoció por escrito que la custodia de estos vehículos en el depósito en cuestión era una responsabilidad municipal.

Resta añadir que el recurso incluye como prueba de la pasividad de la Corporación local el hecho de que en el contrato por el que los siete empresarios aludidos compraron la concesión al anterior dueño, José Padilla, se incluyó una cláusula para exonerarle, precisamente, “de todas las contingencias económicas que se derivaran como consecuencia de posibles litigios derivados de robos y deterioros sufridos en vehículos retirados y que se encuentran en depósito municipal”.

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