La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 12 años de prisión por un delito de agresión sexual a un joven que violó a una niña de 13 con la que había iniciado una relación sentimental unos días antes.
La sala le prohíbe acercase o comunicarse durante 13 años con la víctima, a la que deberá indemnizar con 9.000 euros por los daños morales que sufrió la menor, y le impone además cinco años de libertad vigilada.
Los hechos sucedieron el 7 de julio de 2017, cuando el acusado, de 21 años, invitó a su domicilio a la menor, con la que había iniciado una relación afectiva días atrás.
Según el relato de hechos probados que hace la sentencia, el condenado conocía perfectamente la edad que tenía la niña y aprovechó que se encontraban solos en casa para llevarla a su habitación y obligarla a mantener relaciones sexuales.
Los magistrados explican en el fallo, que puede ser recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que la víctima se negó a sus requerimientos tras advertirle que no podía consumar relaciones porque “era moza y las gitanas no hacían eso”. La menor sufrió lesiones genitales debido a la agresión sexual.
El acusado negó en la vista haber mantenido relaciones sexuales completas con la mejor en ninguna ocasión y haber sabido su verdadera edad, asegurando que pensaba que tenía 16, algo que el tribunal no considera creíble, por las contradicciones en sus declaraciones en el plenario e instrucción.
Asimismo, rechaza la sala el argumento de la defensa de que la adolescente denunciara a su cliente por “despecho”, dado que le había anunciado que iba a terminar la relación para volver con una antigua novia.
En esta línea, el tribunal subraya que es “evidente” la falta de interés inicial de la menor para denunciar los hechos puesto que fueron los propios facultativos los que la reconocieron al llevarla su familia al hospital porque tenía dolor en sus partes íntimas quienes activaron el protocolo de agresión sexual que dio origen al atestado.
La sala sostiene que no hay indicios para considerar que la menor mintió por despecho en el hospital, al ser explorada en instrucción y en el juicio “obligándose a afrontar unos hechos que para ella y su familia revisten especial gravedad”. Para el tribunal, el miedo al entorno familiar explica y da mayor verosimilitud al relato de la chica, cuya declaración “supera los parámetros jurisprudenciales precisos”.
Por tanto, considera acreditado que la menor “se opuso a mantener relaciones sexuales con el acusado, verbalizando los motivos de su oposición ‘no podía porque era gitana y moza’, motivo que fue desoído por el acusado” y llegó a forcejear con él aunque resultó “inútil” por la “mayor corpulencia” de él.
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