El llamado caso Grúas se reactivó ayer de forma notable con la citación de una cuarta investigada. Se trata de Rosario Hernández, que fuera mano derecha de los también imputados Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, cuando ambos eran concejales laguneros de Seguridad y Hernández desempeñaba sus funciones como directora general de dicha área. Cabe recordar que el restante imputado es el también edil de CC Antonio Pérez Godiño.
Además, en la providencia dictada ayer por la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna (cuya copia obra en poder de DIARIO DE AVISOS), se cita como testigos a 13 personas, entre ellas algunas que pueden arrojar mucha luz al caso, como son los funcionarios Alejandro Cordero (uno de los interventores de la concesionaria y que vuelve para “ampliar su declaración”), Estanislao González (hombre fuerte de los asuntos económicos municipales laguneros), y Ceferino Marrero (otro estrecho colaborador de Clavijo).
Sin embargo, la jueza hizo ayer caso omiso a otras dos citaciones más como testigos que solicitaron tanto la fiscal anticorrupción provincial, María Farnés, como las dos acusaciones particulares personadas en el caso y que impulsan los grupos municipales de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias.
Se trata de José Padilla, el empresario que controlaba las grúas laguneras antes de vender la concesionaria a un grupo de siete trabajadores en los que abundaban los afines a Clavijo, y de José Luis Tacoronte, quien finalmente se quedó con la empresa por un simbólico euro a cambio de asumir las consecuencias del desastroso paso por la misma de los aludidos siete. A este respecto, Santiago Pérez anunció ayer a este periódico que recurrirá ante la Audiencia Provincial para que declare Padilla, cuyo testimonio se considera clave para dirimir si hubo o no tráfico de influencias por parte de Clavijo. Como recordaba ayer Pérez, “es crucial que se escuche a Padilla, porque ya ha declarado, tanto ante la Guardia Civil como en la comisión municipal que investigó el caso Grúas, que primero se vio forzado a contratar a los amigos de Clavijo por presiones de este, los mismos a los que tuvo que vender la empresa cuando fue asfixiado económicamente por el Ayuntamiento. Por si fuera poco, Padilla también ha explicado, e insisto que fue bajo juramento, que Clavijo le abroncó cuando contrató a un trabajador sin pedirle permiso, como si Clavijo fuera, de hecho, el dueño”.
Por lo que respecta a Rosario Hernández (citada solo por el delito de prevaricación), hay que tener presente que el hoy alcalde, José Alberto Díaz, cuando declaró como investigado hace poco más de un año, promovió directamente que Hernández fuera citada como investigada (como ocurre ahora) al descargar en ella parte de sus posibles responsabilidades.
Esta táctica, la de señalar a técnicos y funcionarios, también fue la preferida por Clavijo cuando tuvo que presentarse ante el juzgado lagunero. Un dato nada baladí: apenas unas semanas después de la declaración de Díaz, Rosario Hernández dejó su cargo como directora general de Seguridad del Ayuntamiento, donde llevaba cerca de un decenio, y en la actualidad trabaja en el Gobierno de Canarias. Para Pérez, “la declaración de Díaz, como la de Clavijo, fueron sendos alardes de cobardía infinita al culpar a los técnicos, y no hay que olvidar que Rosario Hernández se fue de estampida tras lo que de ella dijo Díaz en el juzgado lagunero.
Respecto a los 13 testigos, se trata de los ya citados Alejandro Cordero, quien, insistimos, ampliará su declaración anterior; Estanislao González Alayón, que era el director municipal de Hacienda cuando se aprobaron el préstamo de 120.000 euros y la prórroga de la concesión al grupo donde abundaban los afines a Clavijo; y Ceferino Marrero, quien como secretario del Ayuntamiento (hoy lo es de Presidencia del Gobierno) realizó un informe que desmonta, curiosamente, una de las primeras líneas de defensa de Clavijo, por cuanto, en caso de haberse rescatado la concesionaria (como obligaba la normativa vigente) ante las graves irregularidades derivadas de la calamitosa gestión del grupo de los siete, el Ayuntamiento no tenía por qué asumir a los trabajadores, sino simplemente subrogarlos al contratar con la nueva concesionaria.
En los otros ocho también abundan técnicos y funcionarios como Javier de la Cruz, tesorero del Ayuntamiento entre 1998 y 2010; Rosa María Paz, jefa de servicio de Seguridad Ciudadana y Movilidad; Pedro Campos; jefe del Servicio Administrativo de Movilidad del Cabildo; Manuel Ortega, director insular de Movilidad; Sara Gómez, directora de Gestión económica y financiera; Marta Rodríguez, jefa de Contabilidad; e Isabel Cubas, directora de los Servicios Jurídicos. Los restantes son los exconcejales Juan Ignacio Viciana y Gustavo Matos, además de un responsable de Muvisa, presumiblemente su actual consejero delegado, Javier Abreu.
Las fechas son el próximo día 21 (Hernández y Cordero); el 10 de junio (González, Marrero y De la Cruz); el 11 de junio (Paz, Campos y Ortega); el 8 de julio (Viciana, Matos y Gómez); y el 9 de julio (Rodríguez, Cubas y, presumiblemente, Abreu).
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