Por EFE / Europa Press
El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha los mecanismos para gastar en la mejora de sus servicios públicos 176 millones de euros adicionales a cuenta del superávit con el que terminó 2018 sin pedir autorización a la Administración General del Estado, en una medida que sostiene que respeta la legalidad. Fernando Clavijo (CC) ha reunido a los miembros de su Consejo Asesor, conformado por las patronales CEOE-Tenerife y CCE y los sindicatos CC.OO. y UGT, para informarles sobre cómo va a liberar esos fondos, sin limitarse a lo que marca artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que solo autoriza gastar el superávit en reducir deuda. Al término, el presidente defendió ante la prensa que su Ejecutivo va a proceder con “con riguroso ajuste a la legalidad” y recordó que Canarias lleva años cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los límites de déficit fijados a las autonomías.
Por su parte, el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, acusó a Clavijo de “demagogo” y “oportunista”. “El Gobierno de CC ha tomado definitivamente por tonta a la ciudadanía canaria, porque en plena campaña electoral aprueba medidas que podía haber puesto en marcha desde hace tiempo, desde que el PSOE se lo dijo en la enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2019”.
Clavijo adelantó que, incluso destinando a servicios públicos esenciales el superávit de 2018, Canarias no incurrirá en déficit en 2019 y que, además, la comunidad autónoma no piensa aumentar el periodo de pago a sus proveedores ni prevé elevar su deuda pública (que a 31 de diciembre era de 6.808 millones de euros, el 14,8% de su PIB, la tercera tasa más baja del país).
Clavijo alega que el Ejecutivo canario solo contempla un riesgo, que tampoco tiene por qué darse necesariamente: el de incumplir “por unas décimas” en 2019 la regla de gasto, en un escenario en el que no entendería que se le sancionara, tras ver cómo otras comunidades autónomas han vulnerado año tras año los límites de déficit y gasto sin consecuencias.
En el área de la Sanidad se utilizarán 76 millones de euros, a través de un crédito extraordinario, para liberar partidas que permitan incorporar fondos a la reducción de las listas de espera. Y se emplearán 14 millones de euros para eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas que cobren por debajo de 18.000 euros, así como sus beneficiarios, medida que llegará a unas 292.000 personas.
Respecto a educación, se dedicarán 63,74 millones de euros para reducir el horario lectivo de más de 11.280 profesores de 20 a 18 horas, lo que implica la contratación de más de 1.250 nuevos docentes. Otra iniciativa es la implantación del bono transporte a las personas mayores y dependientes que también cobren por debajo del salario mínimo interprofesional. En este caso, se gastarán 15 millones. Asimismo, se usarán 6 millones de euros para ampliar un año más, hasta los dos años, la tarifa plana de autónomos de 50 euros. Con esta medida, el Gobierno de Canarias quiere seguir favoreciendo la tendencia del autoempleo en las Islas, pues solo en 2018 el Archipiélago lideró la clasificación nacional de creación de autónomos, con un incremento del 4,3%.
Clavijo recalcó que se ha tomado esta decisión después de que el Ministerio de Hacienda no haya respondido a la propuesta de real decreto que permitía invertir el superávit en los servicios públicos, tal y como se acordó en el último Consejo Asesor. En esa línea, detalló que se gastarán 300 millones de los más de 900 contabilizados por el Ministerio de Hacienda como superávit porque su Ejecutivo continuará reclamando que los 500,37 millones de la sentencia del convenio de carreteras no computen dentro del superávit.
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