“Casi todo el mundo salió defraudado porque seguimos sin ver nada firmado”. Así de contundente se mostró a DIARIO DE AVISOS la que fuera presidenta general de las 102 viviendas de Finca España, María Suárez, quien ayer acudió a uno de los garajes de estos inmuebles, propiedad de Visocan, en los que viven en régimen de alquiler. A pesar de que tanto el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), como la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León (CC), vinieron en el “plan de decirnos lo que queríamos oír, lo mismo de siempre, todos acabamos hablando mal de Visocan, porque son unos carroñeros y nos tienen ahorcados”, afirmó Suárez, ya que “para poder entrar en aquellas casas que han ido quedando vacías nos piden el 12% de su valor y no todos pueden”.
Hay que recordar que en La Laguna hay 1.002 viviendas que se encuentran en esta situación, es decir, pendientes de que el Gobierno de Canarias cumpla con la promesa que adquirió con los vecinos cuando accedieron a sus casas (1997): que, tras 23 años pagando el alquiler, los inmuebles pasaran a ser de su propiedad. Pero no ha sido así.
En este contexto, llegó una promesa nueva, dado que Pino de León aseguró ayer ante los vecinos que Visocan pagará la división horizontal de las viviendas. Este trámite es imprescindible para que las mismas puedan ser traspasadas a los inquilinos. A este respecto, cabe recordar que este periódico ya desveló que todos los bloques de viviendas sociales construidos en esa época (finales de los 90) están contemplados en el Registro de la Propiedad como fincas, y ello obliga a esa división horizontal antes de poder ser transmitida la propiedad de las mismas.
Por otra parte, el alcalde remitió una carta el pasado 9 de mayo a los vecinos que se encuentran en esta situación para realizarles un resumen del informe jurídico del catedrático Francisco Villar (el jurista de cabecera de Fernando Clavijo en asuntos como el caso Grúas o la Ley del Suelo). Su intención, lógicamente, era apaciguar el ánimo de estos afectados, que en Canarias suman más de 3.000, como viene informando DIARIO DE AVISOS.
Además, la tasación aproximada que ha realizado Visocan de las viviendas recepcionadas por los vecinos entre los años 1997 y 1999 (II Plan de Vivienda del Gobierno de Canarias) oscila entre los 43.344 euros de las 44 viviendas de Bajamar hasta los 45.814 euros de las 455 de Las Mantecas. Así aparece en el documento Datos aproximados de algunos casos en aplicación del Decreto 144/1999 para la transmisión de viviendas de Visocan, al que ha tenido acceso este periódico. Hay que recordar en este punto que, con sus pagos, los vecinos entienden que ya han superado, en algunos casos con creces, el precio de su vivienda. Los inquilinos, de hecho, insisten en que la tasación válida es la que tenían los pisos en el momento de su construcción.
Además del valor definitivo de los inmuebles, en el citado documento también se contempla la subvención del 50% aportada por el Gobierno de Canarias, así como las rentas abonadas por los inquilinos, lo que tiene pendiente de pago cada arrendatario y lo que ha aportado en concepto de ayuda al alquiler el Gobierno. Entre los datos más relevantes están las cantidades “pendientes de pago por el inquilino”. Estas oscilan entre los 13,88 euros en las 44 viviendas de Bajamar y los 18.589,68 euros en las 66 de Las Mantecas.
Unidas se puede denuncia la carta del alcalde ante la Junta Electoral de zona
El representante electoral de Unidas se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, denunció ayer ante la Junta Electoral de zona la carta remitida el pasado 9 de mayo por el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), a los representantes de las 1.002 viviendas de Visocan en este término municipal.
En el escrito presentado ayer por parte de la formación morada, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, Ascanio entiende que en la carta del alcalde “se presentan una serie de promesas y compromisos de marcado carácter electoralista, incompatible con lo que establece la Loreg. Se trata de un acto usando recursos públicos que merece ser sancionado”. Tal y como se recoge en el artículo 50.2 de la citada ley, “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a logros”, argumenta Unidas se puede.
