Pese al significativo avance que se ha llevado a cabo en los últimos años en materia de dependencia, Canarias sigue a la cola en los indicativos de aplicación de la Ley de 2007. Según el Observatorio de la Dependencia, a 31 de diciembre de 2018 Canarias es la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura de todo el país (apenas 10,28 dependientes por 1.000 habitantes, la mitad de la media nacional), pese aumentar en el últimos ejercicio las personas atendidas, el 11,44% en 2018 respecto al ejercicio anterior, y superar la cifra de 21.638 dependientes.
En el resto de parámetros, como solicitudes, valoraciones o PIAS, el Archipiélago también muestra valores inferiores a la media nacional. Las valoraciones pendientes ya superan la lista de espera de atención, un grave problema si consideramos que el 80% de personas a la espera de valoración serán dictaminadas como dependientes.
Además, en 2018 Canarias apenas consiguió reducir la altísima tasa de personas desatendidas (en el limbo), la segunda peor de todo el país con el 29,3% de los valorados, -unos 292,73 desatendidos por 1.000 personas con derecho a la atención, casi el doble que la que mantienen el resto de Comunidades con 152,23 desatendidos por 1.000 con derecho reconocido-. Con todo, se ha logrado reducir el 84% la funesta tasa limbo que tenía hace apenas tres años.
Sin embargo, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alertaba en marzo de 2019 que, si se mantenía el ritmo actual, el sistema de las Islas tardaría cerca de cuatro años en poder atender a todas las personas dictaminadas como dependientes en 2018, tiempo que se alargará considerando los pendientes de valorar.
Este informe señalaba, en relación a la cartera de servicios y prestaciones del sistema en las Islas, que casi el 40% de las nuevas atenciones se han dedicado a la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef), unos 895 en una escala al alza en los últimos tres años -a contracorriente del resto de las comunidades- que hacen que la convierten, con muchísima diferencia, en la principal prestación de su cartera de servicio. Los técnicos se mostraron sorprendidos por la apuesta de Canarias por los centros de día como segunda prestación, con un porcentaje superior al 20% de la cartera de servicios, y que contrasta con la “ausencia” en la misma de un recurso tan versátil como la ayuda a domicilio ,con solo cinco usuarios en toda Canarias.
En este punto hay que puntualizar a este informe el esfuerzo realizado por muchos ayuntamientos de las Islas, pero que no cumplen con los criterios que especifican la Ley de Dependencia de 2017, ya sea debido al número de horas estipuladas o las características concretas de los servicios que debe prestarse al beneficiario del PIA.
Canarias aportó en 2018 al Sistema de la Dependencia más de 118 millones de euros. El promedio de gasto por dependiente en el Archipiélago se sitúa en similares términos al del conjunto del país, con un promedio de 6.343 euros por persona dependiente, donde los centros de día, la atención residencial y las prestaciones económicas vinculadas al servicio suponen el 57% de su cartera de servicios.
Sin embargo, el promedio de gasto por habitante tiene una cuantía de 60,52 euros, es decir, el 131% inferior a la media nacional a consecuencia de ser la región con peor tasa de cobertura de todo el país, apenas 10,28 dependientes por 1.000 habitantes, la mitad de los 21,59 de la media nacional.
Otro ratio importante que hay que mejorar es el de las personas a las que se ha reconocido el derecho y que están a la espera de empezar a disfrutar de los servicios de ayuda, que es del 36,6%.
Este retraso es histórico y solo achacable a la demora de los rectores de la dependencia en las Islas, mayoritariamente bajo la dirección de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno regional, a la hora de llegar a acuerdos con los cabildos y los ayuntamientos para la prestación de los servicios. El cambio de tendencia en los últimos cuatro años fue importante, pero seguimos a la cola, solo por delante de Cataluña (37%) -la peor del país- y detrás de La Rioja (32%), Andalucía (31%) y Extremadura (27%), regiones por encima de la media estatal cifrada en el 24,5%.
La interminable dilación de procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salgan de las listas de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o disfrutado de los servicios en vida a los que tenía derecho como titular. Incluso, hay algún caso de residentes en Canarias que regresaron a sus regiones de origen o se trasladaron a otras para “tener más suerte” a la hora de ser atendidos.
¿unos 27.000 fallecidos?
El diputado del Partido Popular (PP) Hipólito Suárez, señaló en la comisión parlamentaria del área de Políticas Sociales, celebrada el pasado martes 1 de octubre, que unos 27.000 personas pudieron fallecer en diez años en Canarias mientras esperaban por una ayuda de dependencia. Señaló que el 35% falleció sin que se hubiese valorado su situación por parte de los técnicos y el 39% tenía valoración pero no cobró prestación.
El nuevo director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, apostó por trabajar en “mejorar los trámites con la llegada de más personal al área y la implantación de un nuevo programa informático que agilice la gestión adecuada de los expedientes”. Reconoció que “no estamos cumpliendo con los plazos” debido en primer lugar al atasco en la fase de inicio ya que no hay trabajadores suficientes para dar de alta en el sistema. Sin embargo, esta incorporación de personal debe realizarse con cabeza. “Cuando entró CC en 2017 movilizó a 80 personas para dar de alta expedientes, una idea extraordinaria, pero no había dónde sentarlos ni ordenadores suficientes para todos”.
Primera reunión
Mañana se reunirá la comisión encargada de desarrollar el catálogo de servicios, estipulada por la Ley de Servicios Sociales de Canarias. “Hay muchas piezas que acoplar en este rompecabezas que tiene una responsabilidad compartida. Los cabildos van a distinto ritmo en la adopción de los servicios a su catálogo de prestaciones atención a los dependientes, por lo que hay mucho por mejorar en materia de asistencia personal, teleasistencia e infraestructuras”.
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