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El convenio de Las Chumberas arregla las chapuzas que dejó CC

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, anunció ayer tras la firma del acuerdo en Madrid que las obras de reposición se esperan iniciar en enero, si bien el proceso de expropiación en algunos casos puede durar meses

Diario de Avisos / Europa Press

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirmó ayer que las obras de demolición de la primera fase de la urbanización de Las Chumberas podrán comenzar “en el mes de enero de 2020”. Así lo anunció en Madrid tras la firma del nuevo convenio entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. No obstante, el proceso expropiatorio podrá prolongarse varios meses.

Este nuevo convenio desbloquea el proyecto de reposición y reurbanización de las viviendas, afectadas por aluminosis, ampliando en cuatro años el plazo para la ejecución de la primera fase de la actuación en la urbanización, aplazándose así, además, el derecho del Ministerio de reintegro de las aportaciones realizadas y no justificadas por el anterior Gobierno municipal (CC), hasta el final del nuevo convenio, que beneficiará a casi 200 familias que conforman esta primera fase.

A la salida de la firma, que tuvo lugar en el Ministerio de Fomento en Madrid, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, señaló que tras las negociaciones entre las cuatro administraciones y la Abogacía del Estado se ha encontrado una solución a un convenio “que no permitía prórrogas”, y que terminó su plazo el pasado 31 de diciembre de 2018 sin llegar a comenzar las obras de rehabilitación.

Torres recordó que “eran otros los que tenían que haber hecho las cosas bien en los años anteriores, y no las hicieron; ahora es el Gobierno de España el que ha buscado la solución” para que los vecinos afectados de Las Chumberas empiecen a ver la luz al final del túnel.

Así, con este nuevo acuerdo, Torres destacó que se resuelve “un problema de envergadura” y que tiene un coste total de 25 millones de euros, de los cuales, Fomento ha aportado el 50%, es decir, 12,5 millones de euros; el Gobierno canario ha invertido 8,8 millones de euros, y la cantidad restante, 3,7 millones de euros, ha sido aportada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna.

“Unas obras de demolición, reposición y construcción de cerca de 200 viviendas que van a dar esperanza a más de medio millar de personas”, valoró Torres, que agradeció el trabajo del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, por “buscar una salida jurídica y no sencilla” a este proyecto que tenía 25 millones de euros preservados. “Que no se pierda ni un solo euro de la inversión que se ha realizado”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna calculó que las obras de demolición comenzarán “en el mes de enero de 2020”, después de que “todos los vecinos estén reubicados” en otras viviendas, donde residirán durante los próximos cuatro años que dura el proyecto.

“En los próximos días trabajaremos en la expropiación de los domicilios, porque todavía hay vecinos que siguen viviendo en la zona y hay que acordar con ellos esa expropiación y ya a partir de que estén todos reubicados, empezaremos lo antes posible con la demolición, que todo indica será en enero cuando estemos trabajando dentro”, explicó Luis Yeray Gutiérrez en declaraciones a los medios de comunicación.

Desde su punto de vista, este proyecto de obra marca un “antes y un después” para el barrio de Las Chumberas y da “fuerzas” para trabajar “conjuntamente” entre las cuatro administraciones por un problema urbano que es “una petición a voces de los vecinos” de la zona que vienen reclamándola desde hace “12 años”. “Es un día muy importante y es, por tanto, un día de felicidad total y absoluta”, enfatizó el alcalde.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, afirmó que las cuatro administraciones “han aunado fuerzas” para conseguir una solución a un problema grave en La Laguna para que “de verdad” se pueda recuperar el barrio de Las Chumberas y que “de verdad el dinero público” de las distintas administraciones “se invierte en aquello para lo que se firmó este convenio”.

“No es a la tercera, pero sí a la cuarta va la vencida. Después de tres convenios, y no haberse movido ni un solo bloque en Las Chumberas, nos hemos puesto de acuerdo para que, afortunadamente, se pueda recuperar el dinero que se daba por perdido porque no se había hecho obra alguna en la zona”, indicó.

La firma llega cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado viernes, un real decreto por el que se conceden cuatro años más al Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar y justificar la primera fase del plan de reposición y reurbanización de Las Chumberas.

Un proceso que se inició en el año 2009

Los problemas estructurales en las viviendas de Las Chumberas comenzaron a detectarse en 2009, cuando, tras varios estudios, se confirmó que los bloques estaban afectados por aluminosis, lo que supuso el desalojo de varias familias por el mal estado de sus casas. Ahí comenzó una lucha vecinal y del Ayuntamiento para lograr la financiación estatal para el proyecto de reposición. En noviembre de 2011 se suscribió el primer convenio entre las cuatro administraciones, por un total de casi diez millones de euros. Con posterioridad, en diciembre de 2012 se suscribió la adenda al anterior convenio, prorrogándose hasta el 31 de diciembre de 2016. No obstante, en noviembre de 2015 se hizo necesario suscribir un nuevo convenio para complementar la financiación de la actuación de la subfase A de la primera fase, sumándose 6,5 millones. A la vista de la complejidad de las actuaciones. El 4 de octubre de 2016 se firmó un nuevo convenio con plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, relativo a la subfase B de la primera fase, sumándose otros 9 millones. Próximo a alcanzarse esta fecha, las obras no habían comenzado aún y el Ministerio amenazaba con, antes de firmar un nuevo convenio, solicitar al anterior Gobierno de La Laguna (CC) la devolución de los fondos y la justificación de lo que se hubiese gastado, donde se ha centrado el principal escollo en estos meses. “Del 15% que se había gastado, el Ayuntamiento no estaba en condiciones de explicar ese gasto, porque parte de ese dinero se había empleado en finalidades ajenas a las del convenio”, recordaba el pasado viernes el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez. Algo que DIARIO DE AVISOS ya adelantó en los primeros meses de este año. Con la firma de ayer, se desbloquea esta situación, aplazándose el reintegro y la jusfiticación.

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