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“Es terrible, mucho más grave de lo que pensábamos”

La consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana, acusa al anterior Gobierno de Coalición Canaria de haber dado “datos incompletos o falsos” sobre los dependientes, y denuncia que en las Islas hay más de 5.000 personas en “listas de espera ocultas

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, aseguró ayer que está trabajando junto a su equipo en buscar soluciones a la “terrible y preocupante” situación de la dependencia en las Islas. “Sabíamos que la situación estaba mal, así lo reflejaban los datos, pero no tanto como por desgracia nos hemos encontrado”, lamentó.

“La situación es preocupante y grave. Sobre todo porque afecta a colectivos muy vulnerables”. Además, la líder de Podemos en Canarias reprochó al anterior ejecutivo que les dieran “datos incompletos o, a veces, falsos”. Un “maquillaje de los datos” que, a su juicio, “solo servía para ocultar los problemas, pero nunca para resolverlos”.

La consejera desveló que la dirección General de Dependencia y Discapacidad ha encontrado 5.228 canarios que, desde el pasado 1 de enero de 2019, no han sido dados de alta en el sistema pese a presentar su solicitud (3.577 peticionarios son de la provincia de Las Palmas y 1.250 de la de Santa Cruz de Tenerife). “Hablamos, por tanto, de listas de espera ocultas”, lo que Santana calificó como “gravísimo”.

También recordó que casi 30.000 canarios están en el sistema a la espera de la tramitación de su expediente por parte de la Consejería. Del total, 13.064 personas están pendientes del reconocimiento del grado de dependencia. Mientras que otros 14.788 canarios, aunque ya tienen el grado de dependencia, están a la espera de la gestión de su programa individual a la atención (PIA), que es el que marca si deben ser ingresados en una residencia, recibir una atención domiciliaria, teleasistencia, etc. “Las diferencias entre provincias son significativas. Hay una disparidad de criterios”, lamentó Santana. “Hay que buscar soluciones a esta terrible situación”, afirmó.

Sin embargo, según el Imserso, 22.699 canarios son beneficiarios de las prestaciones por dependencia, a 31 de agosto de 2019. Estos datos no se corresponden aún con la cruda realidad, por lo que hay que trabajar para que los 50.000 posibles beneficiarios entren en el sistema.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias destacó, entre los problemas que se ha encontrado en su departamento, la falta de personal, “inexistente en el área económica para hacer las modificaciones presupuestarias o llevar la gestión de los centros dependientes”. Además reconoció que la semana pasada se cubrió la baja de una valoradora de los expedientes de dependencia.

listas de espera

Santana desveló que “la realidad es que no hay una sola lista de espera, hay 14”, lo que conduce a que “trabajemos con ineficiencia y agrava los problemas”. Admitió que “el sistema actual puede tardar muchos meses en resolver un expediente”.

Asimismo, recordó la falta de una aplicación informática eficiente para gestionar los expedientes. Pese a la adjudicación hace años de una herramienta por valor de un millón de euros, sin embargo ésta nunca funcionó. Por tanto, para el próximo ejercicio 2020 se dotará una partida de 500.000 euros para adquirir un programa informático.

Por último, reconoció que “los datos han mejorado, pero son insuficientes” y pidió “caminar de la mano para solucionar esta situación”. “No es un ataque ni una confrontación con los antecesores, pero hay que trasladar la realidad a la sociedad. Nosotros hemos puesto como prioridad a los derechos sociales”, finalizó.

Cristina Valido (CC) afirmó que Santana “no se ha encontrado con un problema distinto” al que se enfrentaron tanto Patricia Hernández (PSOE) como ella cuando llegaron al cargo, y recordó que “en los últimos cuatro años se han dado de alta más de 13.000 personas, más de la mitad de las que ingresaron en 10 años”. Aseguró que “ni mis antecesores ni yo maquillamos los datos”, y pidió un “pacto por la dependencia en Canarias”.

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