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La orden judicial para desalojar Santa Lucía no será “inminente”

El alcalde de Güímar, tras reunirse con el letrado de casi todos los afectados: “Si poniendo que el peligro es latente ganamos tiempo y seguridad, bienvenido sea”
El abogado José Luis Langa volverá a defender a los vecinos, como en 2011 / DA

“Si con la consideración de riesgo inminente de desprendimientos se cambia por el de riesgo latente, que en verdad no sé la diferencia, ganamos tiempo y seguridad, bienvenido sea”, manifestó ayer el alcalde de Güímar, Airam Puerta, tras reunirse con el abogado contratado por 13 de los 21 propietarios de las viviendas afectadas por el decreto de desalojo en el núcleo costero de Santa Lucía.

El regidor municipal manifestó que “el letrado de los vecinos anunció que presentará un contencioso al decreto e incidió en que época navideña ese desalojo se hace aún más duro, aunque por experiencia nos recordó que estos procedimientos judiciales se dilatan”, por lo que la orden judicial para ejecutar un desalojo forzoso no llegaría durante estas navidades. Mientras se espera por esa orden del juez, el alcalde apuntó que “nos servirá para ganar tiempo e ir solicitando en paralelo las ayudas y la intermediación con Costas al Gobierno, que ya hoy me contestó el presidente Ángel Víctor Torres, y para que el Cabildo solicite de inmediato la autorización de Costas para actuar en la vía TF-616 y garantizar la seguridad de los vehículos”, comentó.

Airam Puerta también ha hablado con la alcaldesa de Candelaria, para conocer cómo ha gestionado el desalojo de Bajo de la Cuesta, pendiente aún de realojar a medio centenar de vecinos después de tres años de precintar el barrio, algunos de los cuáles aún reciben ayuda al alquiler (500 euros mensuales) del Ayuntamiento, algo que Airam Puerta estudiará ante la negativa de los vecinos de Santa Lucía de irse a una pensión para compartir “unas diez camas y una ducha”, como señaló Donatta, una de las afectadas, y que tiene en Santa Lucía su única vivienda, como casi la mitad de los afectados por el desalojo.

Mari Brito recordó ayer, en Onda Tenerife, que en Santa Lucía, como en Bajo la Cuesta, “las casas son ilegales” al estar afectadas por el dominio público marítimo terrestre. Sin embargo, todas ellas están registradas en el catastro de los respectivos ayuntamiento y pagan sus impuestos.

José Luis Langa

El representante jurídico de los propietarios de 13 viviendas afectadas por el desalojo dictado el 5 de diciembre, José Luis Langa asegura que “no es la forma correcta de proceder”, por lo que presentará recursos contenciosos-administrativos para que se les garantice un plazo de ejecución de las obras de mejora de la zona, así como en qué condiciones se reubicarán las personas afectadas.

Según manifiesta Langa, los vecinos le aseguran que “desde 2011, durante 8 años, no se ha hecho nada al respecto, y ahora vienen estas prisas con excusas de desprendimiento por lluvias e incluso por temblores ocasionados por el denominado volcán del medio, según el alcalde”.
Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento les ha dado la opción de realojarse en una pensión en el municipio y que no les pueden asegurar el tiempo que llevará esta actuación, con un proyecto ya redactado, pero no licitado, de 360.000 euros.

José Luis Langa ya representó a los vecinos de Santa Lucía en el 2011, cuando el primer desalojo dictado por el alcalde Rafael Yanes. Algunos fueron realojados en un hotel rural, pero antes de un mes se saltaron el precinto y regresaron a sus casas, después de una limpieza en lo alto de la gran cueva de donde se desprendió una piedra que hundió una casa y un coche, pero no hubo una intervención integral en la zona.

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