Los vecinos de Santa Lucía Los Barrancos, en el litoral de Güímar, reunidos ayer en asamblea, decidieron pedir un pleno extraordinario del Ayuntamiento para debatir el desalojo parcial de ese núcleo costero decretado por el alcalde, Airam Puerta.
Según el vicepresidente de la asociación de vecinos, Rafael de Armas, “han quedado muchas cosas en el aire” y es por ello que solicitan el pleno, “para conocer la opinión de todos los partidos. Queremos que se retraten, como Coalición Canaria, que no han dado la cara, son los grandes desaparecidos”, señaló Rafael de Armas, que reconoció que se le pidió a la portavoz popular y exalcaldesa, Luisa Castro, que solicitara el pleno extraordinario, “donde vamos a llenar el Ayuntamiento”, comentó.
Castro, presente en la reunión junto al también concejal popular David Román, recordó que, “le he dicho al alcalde que estoy de acuerdo en asegurar la zona, pero yo nunca echaría a la gente de sus casas”, mientras adelantó que ha interpuesto un recurso potestativo de reposición, previo a la vía contencioso-administrativa, contra el decreto del alcalde del 4 de diciembre.
El decreto recurrido dicta que el regidor municipal resuelve “activar el PEMU y declarar la situación de alerta en la zona de Santa Lucía-Los Barrancos (…), según los informes de fecha 19 de octubre de 2017, donde se advertía de un riesgo inminente de desprenderse alguna roca pudiendo afectar tanto a la carretera como a las viviendas, con riesgo, por tanto, para la integridad física de los vecinos de la zona y en el informe jurídico de fecha 12 de noviembre de 2019 en el que se insta a reprecintar la zona de manera inmediata ante la situación de riesgo en la zona, pese a que en el tiempo trascurrido no se ha producido ningún nuevo desprendimiento”. Ante este decreto, el PP suplica “que se anule, al entender que se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, como utilizar el PEMU como herramienta para ejercer acción de gobierno. Se ha incurrido en defectos que invalidan el acto del que emane al decreto”.
Gustavo Pérez
Gustavo Pérez (CC), primer teniente de alcalde, señaló ayer que “el desalojo es una decisión dura y compleja, estamos hablado de familias y hogares. Primero hay que dar seguridad física a las personas y de forma paralela buscar un realojamiento o apoyo para las familias afectadas. Segundo, promover la ejecución del proyecto que garantice la habitabilidad de las viviendas, con implicación de las administraciones supramunicipales para acelerar trámites y ejecución. También es importante ser claro en la comunicación con los vecinos, trasmitiéndoles los pasos de forma oficial, comunicándoles con veracidad plazos y condiciones de la ejecución”.
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