gÚímar

Las obras de Santa Lucía durarán tres meses y el desalojo, un par de semanas

Airam Puerta firmará el decreto este lunes, según trasladó ayer a medio centenar de vecinos en un tenso pleno, donde el PP intentó minar el pacto PSOE-CC con el caso Femete y el acoso a la secretaria
Rafael de Armas, presidente del colectivo vecinal de Santa Lucía, intervino al final en el pleno. Fran Pallero
Rafael de Armas, presidente del colectivo vecinal de Santa Lucía, intervino al final en el pleno. Fran Pallero
Rafael de Armas, presidente del colectivo vecinal de Santa Lucía, intervino al final en el pleno. Fran Pallero

El alcalde de Güímar, Airam Puerta, anunció ayer, en el transcurso de un pleno extraordinario, que este lunes firmará el decreto de inicio de las obras de emergencias para asegurar el talud norte de Santa Lucía-Los Barrancos, si finalmente la secretaria municipal -que trabajará hoy para ello- termina el expediente.

Puerta comentó a medio centenar de vecinos de ese barrio, que llenaron el salón de plenos del Ayuntamiento, que “las obras de esta primera fase durarán en torno a los tres meses y los vecinos no estarán desalojados más de dos o tres semanas”. Asimismo, añadió que “espero que las obras lleguen antes del desalojo forzoso”, pendiente del recurso que el Consistorio presentó ante el juez, que pidió que el expediente de desalojo decretado el 5 de diciembre por el alcalde fuera individualizado de cada una de las 21 viviendas afectadas, mientras que el grupo de Gobierno entiende que se trata de un “desalojo comunitario, no individual”, de ahí el recurso.

Puerta sostuvo ante los vecinos que “si he firmado ese decreto es porque lo primero es garantizar la vida de las personas. Siempre he dicho que para solucionar el problema de seguridad en Santa Lucía lo primero era enfrentarse al mismo. Gracias a ese decreto se han podido sacar las obras de emergencia y también al compromiso del Cabildo de aportar 400.000 euros para afianzar el talud de la carretera en la zona Norte”, afirmó.

Durante este punto del orden del día, la portavoz popular, Luisa Castro, actuó casi como una fiscal, con un largo interrogatorio al alcalde, que sorprendido, pedía auxilio ante la secretaria municipal, sin saber si tenía o no la obligación de contestar a las 12 preguntas que le realizó la exalcaldesa, ante la expectación de los vecinos de Santa Lucía, que con educación, siguieron con inquietud el pleno.

Airam Puerta lamentó que “se haga política con este asunto”, mientras que Castro comentó que “solo queremos saber dónde está el peligro inminente, cuando desde 2011 ya había un proyecto para asegurar el barrio”.

Rafael de Armas, presidente del colectivo vecinal, fue invitado a intervenir al final del punto y fue rotundo al criticar las formas utilizadas por el alcalde, la falta de información sobre el expediente y, sobre todo, fue duro con Gustavo Pérez (CC), primer teniente de alcalde, “por esconderse ante los vecinos”.

De Armas insistió en que “no nos hemos negado a desalojar nuestras viviendas, solo hemos pedido garantías de que las obras se realicen y que las personas sean realojadas”, recordando que “hay vecinos que apenas cobran 600 euros al mes y han tenido que dejar de comprar los Reyes a sus hijos y a sus nietos para pagar a un abogado ante la postura del Ayuntamiento de judicializar el decreto de desalojo”.

Sin embargo, no fue Santa Lucía-Los Barrancos el asunto más tenso del pleno, pese a la presencia de tanto vecindario, porque antes se debatieron dos mociones que también llevó el Partido Popular, con el indiscutible ánimo de minar el pacto de Gobierno PSOE-CC. Volvía el asunto del supuesto enchufe de la mujer de Gustavo Pérez en Femete, y aquí fue Francisco Armas (PP) el que abrió el fuego, denunciando sin medias tintas el “enchufismo” protagonizado por Pérez con su esposa, algo que él negó al acogerse a un convenio entre el SCE y Femete, que aún no ha llegado al Consistorio, que cede un local en Fátima a esa federación sin convenio alguno, como reconoció la secretaria, y hasta la edil nacionalista, Haridian Martín. El PP le pidió explicaciones al alcalde por la supuesta “ilegalidad” y Puerta se acogió a “la presunción de inocencia”, sin más.

El otro asunto que crispó los ánimos fue la supuesta petición de dimisión que CC habría solicitado a sus socios socialistas de la secretaria, Marisa Santos. Tras una larga batería de preguntas de David Román (PP), que pidió perdón por haber hecho lo mismo en el anterior mandato con las habilitadas nacionales, por miedo a que CC rompiera el pacto, José Miguel Hernández (PSOE) señaló que esa petición de cese “era falsa”, algo que desmintió la propia Marisa Santos, con aplausos de vecinos.

Marisa Santos. F.P
Marisa Santos. F.P

Marisa Santos lo confirma: “Me querían pasar a vicesecretaria”

Marisa Santos, preguntada por David Román (PP), fue rotunda al admitir que José Miguel Hernández (PSOE) le pidió que pasara al puesto de vicesecretaria “para limar asperezas con CC” y que un funcionario ocupara la Secretaría, “algo que solo puede hacer una habilitada nacional”, recordó. Hernández, antes, había negado esa conversación y el PP amenazó con llevar el asunto a Función Pública y a la Fiscalía.

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