Sanidad

La modificación genital en recién nacidos intersexuales será prohibida

Los grupos parlamentarios y colectivos LGTBI registran una proposición de ley de “igualdad social y no discriminación por identidad de género, expresión y características sexuales”

Rueda de prensa de representantes de todos los grupos del Parlamento de Canarias con una delegación de colectivos LGTBI. DA
Rueda de prensa de representantes de todos los grupos del Parlamento de Canarias con una delegación de colectivos LGTBI. DA

Efe / DA

Representantes de todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias y de colectivos LGTBI registraron ayer una proposición de ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que propone prohibir, en el sistema sanitario público regional, toda práctica de modificación genital en recién nacidos intersexuales que atienda únicamente a criterios de morfología o estética genital. La vicepresidenta del colectivo Gamá y portavoz de la plataforma a favor de esta proposición de ley, Marcos Ventura, informó en una rueda de prensa de que, de aprobarse en el Parlamento, esta ley estaría “a la vanguardia” en España, pues la Comunidad Autónoma de Canarias establecería un nuevo modelo de atención sanitaria a las personas trans e intersexuales con la garantía de la cobertura integral de sus necesidades de salud, el respeto al derecho de la intimidad y a un tratamiento integral. Uno de los artículos pretende “poner fin a las mutilaciones genitales” de las personas intersexuales al prohibir toda práctica de modificación genital en recién nacidos intersexuales, ya que se trata de un momento en el que “aún se desconoce cuál es la identidad de género real”. Esta propuesta de ley acabaría con cirugías “muy invasivas” para hacer parecer los genitales de los intersexuales “aceptables” y “asumibles”, lo cual es para la vicepresidenta del colectivo Gamá una “invasión de los derechos humanos que es intolerable y aberrante” a la que se le pretende poner fin.

Además, sugieren prohibir en los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias las terapias de aversión o de conversión de las manifestaciones de identidad de género libremente manifestadas por las personas directamente interesadas.

Marcos Ventura comentó que ayer era “un día histórico” en el Parlamento, porque esta propuesta ha sido avalada por todos los grupos y también por la totalidad de colectivos LGTBI del Archipiélago, que se han puesto de acuerdo para sacar adelante un texto que podría estar aprobado en torno al verano. La vicepresidenta de Gamá vaticinó que cambiará la vida de “muchísima gente” al incluir la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, que “por fin” dejarían de ser consideradas enfermas y sus derechos dejarían de depender de terceros, como psiquiatras y psicólogos.
En palabras de la portavoz de la plataforma, la norma busca garantizar el principio de no discriminación en todos los niveles de la Administración pública, desde la educación a la sanidad, así como establecer medidas laborales para las personas trans que “siguen teniendo unas tasas de desempleo inasumibles”.

evitar el sufrimiento

Aunque debió haber llegado “hace varios años”, Ventura espera que, gracias a la unanimidad, sea “una ley que cuanto antes vea la luz” para evitar sufrimiento y mejorar la vida de los transexuales e intersexuales de Canarias.

Ventura admitió que “no cambiará aspectos como el registro civil”, que solo se puede abordar a través de una ley nacional. Sin embargo, precisó que se “permitirá a la Comunidad Autónoma de Canarias tratar a las personas transexuales con su sexo y nombre sentido, incluso aunque en el DNI ponga otra cosa. Sin una carga presupuestaria elevada, la ley orientará y ayudará en los planes de formación y de empleo de los trans o intersexuales, para lo que serán, en general, consideradas a todos los efectos como personas en riesgo de exclusión social y con necesidades especiales de inserción laboral.

Esta iniciativa había sido presentado al Gobierno canario anterior, pero no pudo ser tramitado porque la legislatura finalizó, por lo que ahora se ha decidido impulsar de nuevo esta normativa como una proposición de ley rubricada por los siete grupos parlamentarios.