La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, alertó ayer del “impacto diferencial” de la crisis económica en Canarias por el “peso” del turismo, que representa el 35% del producto interior bruto (PIB) y el 40% del empleo. En su comparecencia por videoconferencia ante la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, trasladó a sus señorías que prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en este sector, más allá del estado de alarma, “está sobre la mesa” del Consejo de Ministros, y se está tramitando el Plan Integral de Empleo (PIEC) para este año, dotado con 42 millones y orientado a los colectivos más afectados por la pandemia. Máñez defendió que se impulsen medidas específicas para el Archipiélago ante la multidimensional crisis de la Covid-19.
Además, llamó a la “unidad” política y de los agentes económicos y sociales en torno al “pacto de reconstrucción” regional propuesto por el presidente Ángel Víctor Torres.
Máñez aseveró que esta “situación inédita en la historia” va a hacer la vida “distinta un periodo de tiempo” y que la “paralización” económica supone un “reto global” que requiere una “respuesta compartida”. Solo en marzo, apuntó, la recaudación de la comunidad autónoma cayó un 66% y se han perdido más de 20.000 empleos, a lo que hay que sumar casi 200.000 trabajadores sujetos a más de 27.000 ERTE, un instrumento este que calificó de efectivo. Sin él, advirtió, “se hablaría de hambre, pobreza extrema y desigualdad”. En tal sentido, explicó que la “primera emergencia” era tramitar la “avalancha” de ERTE, con un 73% de las resoluciones ya hechas y con certificación, lo que ofrece garantías a los empresarios. En paralelo, valoró el “esfuerzo inmenso” de los empleados públicos para resolver el incremento de volumen “en un tiempo récord” con 46 trabajadores adicionales en el Servicio Canario de Empleo más el refuerzo del SEPE con otros 30.
Entre las acciones de su departamento, Máñez recapituló que se ha reorganizado el presupuesto y que se va a lanzar un paquete de ayudas de 20 millones para pymes y autónomos, con otro en preparación, a través del BEI y la sociedad de avalistas, por más de 100 millones de euros para que ganen liquidez.
Como “no se puede pedir una cosa y la contraria”, reivindicó el endeudamiento.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Iñaki Álvaro Lavandera, desarrolló la idea de que el “reto urgente” es el de mantener el tejido productivo, la supervivencia de las empresas y los empleos para que el impacto inicial “sea dinámico y sostenido en el tiempo”. A la oposición le restregó “la solidaridad que está mostrando este Gobierno progresista [el de Pedro Sánchez], que no abandona a la sociedad española a su suerte”.
El diputado del Grupo Popular, Carlos Ester, censuró que Máñez se olvidara de las pymes y de los autónomos: “Canarias ha alcanzado los 227.000 parados, sin contar los afectados por ERTE, que todavía no han cobrado”.
Juan Manuel García Ramos, de CC-PNC-AHI, reclamó “más concreción y mayor aplicación de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo”.
Por su parte, Luis Campos (NC) visualizó “un nuevo modelo económico”, Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) abogó por la “reconstrucción social”, con la economía “al servicio de la gente”; Jesús Ramos (ASG) enfocó la seguridad sanitaria y Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos) tendió la mano en “la senda del progreso económico y social”.
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