La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en coordinación con las direcciones regional y tinerfeña, no demoró más su decisión y dictó ayer sentencia sobre la guerra interna abierta en el grupo de gobierno de Arona desde la destitución de Luis García como concejal de Urbanismo el pasado 22 de junio.
El secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, que se reunió el pasado martes, uno por uno, con los 14 concejales socialistas, para recabar la máxima información posible y acumular toda la documentación necesaria, no ha demorado el veredicto y ha decidido cortar por lo sano: el alcalde y el exconcejal de Urbanismo deben entregar sus actas y marcharse a casa. Una medida que José Julián Mena ya ha anunciado que no cumplirá, amparándose en el amplio respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones. La prioridad para la dirección del PSOE es mantener a toda costa la Alcaldía con el respaldo del mayor número de concejales posible, según fuentes de Ferraz.
De poco ha servido un discreto trabajo de fontanería para acercar posiciones, una labor en la que se ha implicado el presidente regional del PSOE y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que llegó a plantear a García (que trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento de Adeje antes de ser concejal) un posible retorno al grupo de Gobierno, aunque sin el área de Urbanismo, posibilidad que, tras meditarla 24 horas y consultarla con varios concejales del sector crítico, finalmente la rechazó.
Desde el día del cese, el grupo municipal que gobierna Arona con mayoría absoluta permanece partido en dos, entre los que secundan la decisión del alcalde, José Julián Mena (los concejales Leopoldo Díaz, Raquel García, Julia Morales, Francisco Marichal, Ruth Lorenzo y José Alberto Delgado) y los que discrepan con la medida (José Luis Gómez, Juan Sebastián Roque, Dácil León, Pura Martín, Elena Cabello y Yurena García, además del propio Luis García). Siete ediles en cada bando.
La desconfianza entre el alcalde y su concejal de Urbanismo, que prácticamente no se hablan desde hace meses, era un secreto a voces en el municipio. Detrás de las “sombras de duda” -expresión empleada por el regidor el día de la destitución– existían entre ambos serias diferencias en aspectos como la concesión de licencias, recalificaciones de suelo y movimientos de técnicos municipales (incluido el responsable de la sección jurídica). El presidente del PSOE aronero, Agustín Marichal, afirmaba el pasado viernes a este periódico que al exresponsable de Urbanismo “se le ha permitido todo a la hora de cambiar de sitio a la gente, hasta que el alcalde se plantó y le dijo que no cambiaba más técnicos, porque no había más y no caían del cielo”.
Pero las muestras del desencuentro entre ambos no surgieron de la noche a la mañana. A finales de marzo, cuando comenzaba el runrún sobre la destitución del concejal, este trasladó a la Fiscalía varios audios grabados por empresarios con conversaciones supuestamente comprometedoras para el entorno del alcalde, según fuentes próximas al edil. El pasado 2 de julio, 12 días después de su cese, acudió a los juzgados de Arona a declarar como testigo y a aportar información y nuevas pruebas.
CENTRO COMERCIAL
Uno de las claves de la destitución apunta a la construcción de un centro comercial en la Punta del Camisón, el Artslife & Shopping, por la promotora Melisofi Consulting. Las obras del edificio, una arquitectura vanguardista con amplios espacios exteriores, recibió en 2012 la autorización del Gobierno de Canarias (CC) a pesar de encontrarse en una zona que, presuntamente, invade la servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre.
A raíz de varias denuncias, el Ayuntamiento de Arona, ya con nuevo equipo de Gobierno (PSOE y CxA) ordenó el precintado de las obras el 25 de julio de 2017 por incumplir, supuestamente, el planeamiento municipal en aspectos como la altura y los retranqueos del edificio. Ocho meses después, el 28 de marzo de 2018, el área de Urbanismo instó a la promotora a solicitar una licencia para regular las infracciones consideradas legalizables y derribar la parte que incumplía la ley. El 19 de diciembre de 2018 se dictó una segunda resolución municipal en el mismo sentido por un plazo de dos meses. La promotora presentó un proyecto modificado que a fecha de hoy no ha obtenido licencia municipal.
Los Planes de Modernización y Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), la herramienta creada por el Gobierno de Canarias para facilitar la renovación hotelera y urbanística en las zonas turísticas, se convirtió en la opción que buscó la empresa para culminar el proyecto, pero los PMM de Los Cristianos y Playa de Las Américas se quedaron en papel mojado después de que el Ejecutivo regional aprobara el 26 de enero de 2018 su paralización definitiva. Cerrada la puerta de los PMM, la empresa lo intentó vía “proyecto de interés insular” con el anterior grupo de Gobierno del Cabildo (CC).
El pasado 3 de julio, a preguntas del diputado de Podemos Manuel Marrero, el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz (PSOE), anunció en el Parlamento “el propósito de la Consejería de reimpulsar un expediente abierto por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para determinar posibles infracciones e ilegalidades en las obras”. El último capítulo se produjo el pasado lunes con la denuncia presentada por un empresario en Fiscalía por presuntas responsabilidades penales en las actuaciones del exedil de Urbanismo y del exjefe de servicio del departamento, Damián Hernández, en la polémica edificación de El Camisón.
La brecha entre los dos grupos de gobierno, que ha arrastrado a un lado y a otro a influyentes sectores empresariales, se ha mantenido prácticamente igual que el primer día. Mena sopesó esta semana romper su silencio y aportar “documentación”, pero finalmente desactivó a última hora su comparecencia para agotar las negociaciones dirigidas a construir un puente entre las dos orillas. En el sector crítico se ha insistido desde el primer día en la readmisión del concejal en las mismas áreas que gestionaba y el cese de algunos de los cargos de confianza del alcalde. Uno de sus miembros reconocía el viernes a este periódico que la solución no sería fácil porque “se ha hecho mucho daño”. “El partido nos ha pedido serenidad y sensatez, estamos esperando lo que decide”, apostillaba. Tras rechazar la oferta del reingreso en el grupo de Gobierno (sin Urbanismo) de Luis García, el mensaje parecía claro: que lo resuelva la Federal.
Desde el círculo afín a Mena se empezaban a detectar esta semana las primeras señales de incomodidad y hasta de enfado con sus compañeros y con el silencio de la dirección de partido. El grupo se mostraba unido a la hora de no apoyar una salida que pasara por un relevo en la Alcaldía, después de que el sector crítico haya sugerido, como una posible solución a la ecuación, la alternativa de Dácil León (número dos en la lista electoral) para asumir el bastón de mando del Ayuntamiento. “Somos leales hasta un punto”, manifestó a DIARIO DE AVISOS un miembro del equipo de gobierno.
Las ramificaciones de la crisis han llegado al grupo parlamentario socialista, donde la diputada regional aronera Yolanda Mendoza, próxima al sector crítico y amiga personal de Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario, ha permanecido atenta a los movimientos, consciente de que si Mena perdía el pulso, se abriría un nuevo escenario en el que la parlamentaria reforzaría su papel en la futura recomposición del partido en Arona.
Tres semanas después de que estallara la crisis, y a 24 horas de que salte por los aires el poder socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, el PSOE se tambalea en la tercera ciudad con mayor población de Tenerife, en la que gobierna desde hace cinco años tras haber logrado lo más difícil: acabar con la hegemonía de Coalición Canaria.
La mayoría absoluta obtenida el año pasado está hoy atrapada en un laberinto que desembocó ayer en un callejón sin salida.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas