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Güímar denunciará a Industria por no rehabilitar los barrancos

El alcalde, Airam Puerta, recuerda los dos acuerdos plenarios y el plazo dado al Gobierno de Canarias para que ejecute los planes de restauración que dictó la sentencia de los áridos
Una de las canteras que hay que rehabilitar en los barrancos de Güímar / NORCHI

“Si en dos meses la Dirección General de Industria no nos da una repuesta sobre la ejecución de los planes de restauración de los barrancos, como dicta la sentencia de enero de 2016 en el caso Áridos, el Ayuntamiento de Güímar se verá en la obligación de denunciar al Gobierno de Canarias”, afirma Airam Puerta, alcalde de Güímar.

Recuerda el primer edil que en dos sesiones plenarias municipales se acordó por unanimidad exigir de Industria el cumplimiento de esos planes de restauración, “ya sean los presentados por tres de los cuatro empresarios condenados u otro que pueda redactar el Gobierno”, como último responsable de devolver los terrenos “a su estado natural”, como dicta la sentencia de enero de 2016 del denominado caso Áridos, después de que se clausurarán las canteras diez años antes, tras tres décadas de extracción de piedras y arena “que sirvió para hormigonar el desarrollo de nuestra Isla”, comenta el alcalde.

El pasado 5 de junio, en el primer pleno después de estado de alarma, el Ayuntamiento de Güímar, a petición del grupo de Gobierno (PSOE-CC), sacó adelante una moción en la que se le dio tres meses de plazo a la Dirección General de Industria para que diera una respuesta sobre los planes de restauración, sin ejecutar pese a que estos fueron presentados por tres de los condenados (Plasencia, Morales y Del Rosario) entre 2018 y 2019.

Ya en noviembre se tomó el mismo acuerdo, aunque sin plazos, “exigir a Industria la resolución de los planes de restauración para cumplir el fallo judicial de restaurar el orden medioambiental perturbado. El plazo de dos años fijado por el poder judicial se incumplió y ahora está incumpliendo Industria”.

No obstante, Airam Puerta manifestó que “la próxima semana espero reunirme con la directora general (Yolanda Luaces Hernández) y espero que podamos tener más información, porque aún quedan casi dos meses del plazo que se aprobó en el Pleno”, manifestó.

Carlos Álvarez, en el centro, junto al fiscal Jaime Serrano (izquierda), en el juicio del caso Áridos / DA

Carlos Álvarez

El abogado Carlos Álvarez nunca vio con buenos ojos que fueran los propios condenados los que redactaran los planes de restauración: “Cómo es posible que te multen por 68 millones y puedas presentar un plan de restauración por 5,5 millones”, en referencia a presentado por Plasencia. Comprendo al actual alcalde de Güímar, pero, al igual que José Luis Refojo, el abogado del Ayuntamiento, le he dicho que no entendemos, desde el vista penal, porque no salen los planes de rehabilitación, aunque ‘chapó’ por Airam Puerta, porque está refrescando ese caso que parece olvidando, cuatro años después, con los hoyos con el mismo abandono”, afirmó el letrado güimarero.

El dinero de Las Teresitas, sí y el de los áridos, no

“Independientemente de que se haga la rehabilitación o no de los barrancos de Güímar, lo que es inexplicable es porque no tenemos el dinero en casa, porque desde 2016 pedí que se embargara a los cuatro areneros y se me negó”, manifiesta Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular en el caso Áridos, cuya sentencia se dictó en enero de 2016 y no se ha cumplido con la responsabilidad civil de los condenados, que deben abonar 204 millones de euros al Ayuntamiento de Güímar.

“No entiendo -prosigue el letrado- porque un juez llega hasta el fondo en la responsabilidad civil en el caso de Las Teresitas, y en este caso, con una sentencia anterior, no logra ‘trancarle’ el patrimonio a alguien tan solvente como Antonio Plasencia”.

“No sé lo que está pasando, porque el 2016 es mucho antes que 2018, y Santa Cruz recupera el dinero y Güímar sin embargo no, cuando la responsabilidad de Antonio Plasencia en el caso Áridos es de 68 millones de euros, mientras que el resto de condenados se declararon insolventes o están en la cárcel, como Pedro Sicilia, por no presentar un plan de restauración en el período establecido por la Audiencia”.
Carlos Álvarez insiste en que “volveré a llevar este asunto al Tribunal Supremo, porque los condenados ni han cumplido con el dinero ni el Gobierno de Canarias ha ejecutado la sentencia, que no dice otra cosa que devolver el suelo a su estado primigenio”.

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