El Gobierno de Canarias respaldó el documento para el inicio del curso escolar presentado ayer en la Conferencia Sectorial y apostó por mantener la presencialidad. Durante el encuentro se acordó la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el aula para el alumnado a partir de los seis años, incluso en los grupos burbuja o de convivencia estable.
Tanto la consejera de Educación, Manuela Armas, como el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, respaldaron un documento que recoge la necesidad de retomar de forma prioritaria la actividad educativa presencial, al tiempo que mostraron su preocupación por la gestión de medidas que favorezcan la conciliación de las familias en el caso de menores en cuarentena.
Armas recordó que se mantendrán las ayudas a alumnado de cuota cero de comedor a través de la recarga de las tarjetas monedero, en el caso de que el servicio tuviera que ser suspendido ante la evolución de la pandemia. También destacó que el establecimiento de canales de comunicación para la formación e información de las familias, mediante la distribución de guías de actuación frente al virus, la oferta de tutoriales online y la realización de una programación especial en la televisión.
Mesa Sectorial
Por otro lado, ayer se reunió la Mesa Sectorial de Educación en la que estuvo el director general de Personal, Fidel Trujillo, y los representantes de los sindicatos con dos puntos en el orden del día y el capítulo de ruegos y preguntas. Uno de los temas a tratar fue el documento Propuestas para la implantación de medidas de prevención riesgos laborales frente al riesgo de exposición al coronavirus en los centros públicos, enviado por la Administración en la tarde del miércoles. Un documento de 100 páginas que fue analizado por los técnicos de cada sindicato para elaborar unas propuestas que fueron enviadas a la Administración ayer para incorporarlas al texto. Por tanto, tras el Protocolo presentado en julio y este Plan de prevención, ahora solo restaría el Plan de contingencia que será efectivo para cada centro educativo.
En el punto de las medidas de prevención de riesgos laborales para el inicio de curso, los sindicatos insistieron en la adaptación de los puestos de trabajo al personal especialmente sensible como así lo estipulan las normas en materia de prevención de riesgos laborales. Todos los sindicatos se mostraron críticos con la labor de Quirón en los informes de estos trabajadores.
ANPE Canarias recuerda que hay alrededor de 6.000 docentes especialmente sensibles pero, sin embargo, todavía no se les ha adaptado su puesto como a otros funcionarios públicos. Para el STEC-IC “son informes generalistas, no específicos para educación y no han llamado a todos. Deben hacer su trabajo con rigor y facilitar el trabajo al Servicio de prevención de riesgos laborales de la Consejería que debe realizar la adecuación del puesto”.
Asimismo, los sindicatos insistieron en que es indispensable que se produzca una bajada de las ratios alumno-profesor.
Para ANPE, “no es una exigencia laboral, sino una necesidad si queremos que las clases presenciales se lleven a cabo con seguridad. Los grupos deben ser de 15 alumnos y, en casos excepcionales, de 20, siempre que las instalaciones lo permitan”. Estas cifras “son las mismas que plantearon los ministerios de Sanidad y Educación hace unos meses, cuando el número de casos era menor que en la actualidad”. Si hay 20 o más estarán más expuestos a los contagios y dificultaría las labores de rastreo. Si una de las medidas de prevención es no reunirse más de diez personas, cómo dejamos en los colegios más de 20 alumnos juntos”, se cuestionó. Por su parte, el STEC se mostró “muy preocupado. Queremos que den cifras de las ratios de 15 o 20 alumnos, tanto en los grupos burbuja de Infantil o Primaria como en Secundaria, Bachillerato y otros estudios”. Además, apostó por “las clases matinales” para que haya conciliación familiar y laboral, y para ello lamentó que “no se haya elaborado el censo de centros cerrados o infrautilizados”.
Otro de los posicionamientos de los sindicatos fue conocer el número de docentes que se contratarán y se mostraron contrarios al nombramiento trimestral. ANPE se posicionó en contra de que se retomen las clases “sin que se contrate al profesorado necesario”, mientras que el STEC-IC también recomendó el refuerzo de la plantilla de “trabajadores sociales que ayudan a los alumnos en riesgo de exclusión”.
Igualmente, lamentaron que no esté lo suficientemente desarrollado el plan B en caso de confinamientos, la entrega de dispositivos a los centros para que estos los repartan a los alumnos y los planes de refuerzo para los estudiantes que se quedaron rezagados.