Las condiciones de la vuelta a las aulas en Canarias son un secreto guardado en una jaula. En principio, las clases presenciales comenzarán el martes 15 en Infantil y Primaria; el 16, en Secundaria y el 17, en el resto de las enseñanzas. Iba a ser hoy, pero la evolución de la pandemia de la Covid-19 justificó un ajuste del calendario. Y todavía no está confirmado que todas las islas lo hagan al mismo tiempo. La consejera de Educación ha avisado de que los centros no abrirán en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro si no baja la incidencia de la enfermedad. El Consejo de Gobierno despejará dudas en su reunión de mañana y tomará las decisiones que correspondan.
En un comunicado conjunto suscrito por las principales organizaciones sindicales, de estudiantes y asociaciones de padres y madres, difundido el día 2, la comunidad educativa alertaba de que era “imposible” arrancar el próximo curso escolar en esa fecha, dado que los planes de contingencia no estarían culminados. Sostenían que aún faltaba “mucho por concretar” para garantizar un inicio de curso seguro, aparte de que “debe definirse mejor el modelo de educación a distancia si empeora la situación”. Apuntaron que no daría tiempo de definir y regular las actividades extraescolares, la acogida temprana y tardía o las actividades para el alumnado de 0 a 3 años, como tampoco garantizar la seguridad en los comedores escolares y el transporte escolar, que se pueda disponer de plataforma y recursos digitales suficientes y que se produzca la incorporación de nuevas figuras o servicios como el de enfermería escolar.
Ahora, el sindicato de docentes STEC-IC pide que se demore el comienzo de las clases presenciales, al entender que, lo contrario, sería una “insensatez”, y anuncia movilizaciones si se mantienen los planes. Acusa a la Consejería de Educación de déficit de “planificación y responsabilidad” para garantizar la seguridad de los centros educativos, por lo que reclama “el aplazamiento del inicio de la actividad educativa presencial en toda Canarias, mientras los centros no sean espacios seguros para toda la comunidad educativa”. En esa línea, el STEC instará al profesorado y al personal no docente a culpar por escrito a Manuela de Armas y su equipo de los eventuales contagios “con motivo de las deficientes medidas de prevención recogidas en los planes de contingencia”, así como “de las consecuencias que de ello pudieran derivarse”.
El sindicato propone la bajada de ratios, el incremento de las plantillas, la habilitación de nuevos espacios para la actividad educativa, un plan de choque contra la brecha digital y el refuerzo de los equipos de prevención de riesgos laborales. Otras de sus demandas consisten en la realización de PCR masivos a los trabajadores y la dotación de material de protección individual. El STEC-IC denuncia, además, que la empresa Quirón Prevención, a la que la Consejería de Educación ha encargado el servicio de medicina del trabajo, ha enviado “a la práctica totalidad del personal declarado de riesgo” a los centros educativos.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes contratará, de entrada, en torno a 2.500 docentes por la aplicación de medidas de prevención ante la Covid-19. En Infantil y Primaria se destinarán al apoyo del alumnado que precisa refuerzo educativo, a los equipos directivos y a cubrir los desdobles en las aulas. En Secundaria, la aplicación de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros ha derivado en la formación de nuevos grupos y en el establecimiento de turnos de mañana y tarde. Asimismo, se reforzará el personal de comedor con unos 400 auxiliares.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, asume que la sociedad canaria afronta un “gran reto”.
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