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Mari Brito: “No descarto contratar seguridad privada para vigilar las zonas juveniles ante los rebrotes de COVID”

La máxima representante de los alcaldes canarios aboga por reforzar la seguridad en las zonas de afluencia de los jóvenes para evitar la expansión de la pandemia
Mari Brito. DA
Mari Brito. DA

Suele coger unas semanas de vacaciones después de las fiestas de la Patrona, en agosto, pero este año ni eso. Mari Brito (PSOE) tiene muchos calderos al fuego, porque a su tarea de alcaldesa de Candelaria une la de presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), más activa que nunca por los problemas que los ayuntamientos canarios están teniendo para atender los efectos de la pandemia y la larga lucha por poder utilizar los remanentes positivos, en la que se ha producido la histórica derrota del decreto que el Gobierno y la FEMP llevaron al Congreso, sin un resultado satisfactorio a juicio de la alcaldesa de Candelaria. “Ahora no hay alternativas”, denuncia la presidenta de la Fecam en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS. Brito suma a sus preocupaciones sobre la tesorería municipal, las concernientes a los rebrotes de la COVID, que paralizan ahora mismo ciudades como Madrid y plantean en Tenerife (y en toda Canarias) el desafío de contener los repuntes epidemiológicos por razones sanitarias y para salvar en lo posible la temporada turística de invierno.

-Permítame comenzar por lo más apremiante, la pandemia. ¿Está preocupada por los rebrotes de la COVID-19?
“Ahora mismo tenemos nueve casos activos en Candelaria y nuestra preocupación es incrementar la vigilancia en determinadas zonas con afluencia de jóvenes, que con el inicio de los colegios esperamos se controle, aunque no descartamos contratar vigilancia privada para que se cumplan las normas sanitarias”.

-¿Con esa vigilancia privada, que, sin duda, puede resultar pionera, confía en poder evitar imágenes como las que se han visto en las últimas horas de botellones juveniles?
“Anteriormente han salido imágenes poco edificantes de los jóvenes en determinadas zonas de nuestro municipio y ahí hemos incrementado la vigilancia con la Policía Local y la Guardia Civil, pero estamos evaluando, como digo, poner vigilancia privada. Por ahora, el centro de salud no está colapsado, pero por la propia dinámica de triajes para entrar en él hemos puesto zonas de sombras en el exterior, procurando que la espera de los mayores, sobre todo, sea más llevadera”.

-¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando no salió adelante el decreto del Gobierno sobre los remanentes positivos de los ayuntamientos?
“Para mí fue una mala noticia para los municipios. Es cierto que no era la solución definitiva, pero sí era una mecanismo viable para poder utilizar parte de esos ahorros que los ayuntamientos hemos tenido paralizados desde hace ocho años, desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ahora hemos vuelto a la casilla de salida y estamos como en 2012, con la misma ley y con la misma norma que se ha utilizado durante estos años. En el decreto se había regulado poder utilizar el superávit de 2018 y 2019; nos hemos quedado sin eso, sin fondos de transporte y movilidad y sin la garantía de participar en los fondos europeos de 140.000 millones que van a venir a España. Habíamos conseguido que se suprimiera la regla de gasto para 2021. No es cierto, como muchos han dicho, que los remanentes nos lo quitaba el Estado. No es cierto, se cedían voluntariamente para que se devolvieran en 10 o 15 años. Ahora mismo, los remanentes están en los bancos, y aunque la ley te permite utilizar parte de él dependiendo de las ratios, ahora los ayuntamientos tenemos que seguir pagando el 0,5% de intereses por los ahorros que tenemos ahí”.

-Ha comentado que es una mala noticia, añadiendo que quienes votaron en contra del decreto no han expuesto alternativas. ¿Puede ser más explícita?
“Esa es la cuestión. Yo todavía no sé por qué ellos celebran la noticia de la derogación del decreto. No veo las razones porque ellos han esgrimido que el decreto no era viable para los ayuntamientos. Es verdad que este decreto no iba a solucionar los problemas de los ayuntamientos que tienen la tesorería con remanente negativo, pero sí permitía renegociar las condiciones de deuda que tenían esos ayuntamientos. ¿En qué sentido es un mal decreto? El mecanismo del Estado es, lo deposito y me lo devuelves como ingreso financiero y así lo puedo gastar y me libro de la Ley de Estabilidad. ¿Qué pasa? Si yo lo tengo en el banco, no puedo gastarlo libremente, porque si no tengo el ingreso, incurro en déficit. Fue el no por el no, porque ninguno presentó una alternativa al decreto”.

-¿Y ahora basta con esos 3.000 millones que anunció la ministra de Hacienda?
“La última propuesta que hizo el Ministerio antes de la votación fue 3.000 millones a repartir por población, independientemente de la salud financiera de los ayuntamientos, y 2.000 millones vinculados para los que cedieran remanentes, una propuesta más alineada a los que se oponían al decreto. Tampoco fue aceptada”.

-¿Y a partir de ahora, qué?
“Ahora se ha dicho que están en disposición de aprobar un nuevo real decreto, en el que se suprime la regla de gasto de 2020 y que se permite utilizar los superávits del 18 y el 19, lo que ya estaba en el anterior decreto, pero nada más de momento”.

-¿Por qué hay varios discursos en la Fecam?
“Yo trato de buscar siempre el consenso, es normal que haya debate, que cada uno exprese sus ideas o las de su partido, pero trato de llevar una idea institucional del municipalismo y esa ha sido mi tarea y la de la ejecutiva. Me sorprende, eso sí, que con la derogación del decreto, algunos hayan salido diciendo que ha ganado el municipalismo. ¿Quién ha ganado? Aquí no hay ni ganadores ni perdedores, aquí quienes han perdido son mis vecinos, que no van a poder disfrutar de una inversión de 1.200.000 euros que Candelaria podía gestionar entre este año y el 2021 con este decreto. Para mí, como digo, es una mala noticia para el municipalismo. Hemos perdido la oportunidad para una nueva negociación con Hacienda, con las nuevas competencias y financiación. Era un pasito, pero importante. Y te lo digo como Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, y no como presidenta de la Fecam, el voto en contra lo deberían explicar quienes lo votaron. Me gustaría saber porqué no presentaron la alternativa, cuando se les pidió en la negociación de la FEMP y cuando se les pidió en el Congreso. Eso es lo que me gustaría saber. Yo tengo la propuesta de algunos grupos canarios del Congreso y el decreto superaba ampliamente esa propuesta, donde no había ningún apartado para atender a los municipios financieramente peor. Creo que todo se trató de una maniobra de desgaste político, a la FEMP y al Gobierno de España”.

-Si todos los partidos, incluido el PP, autor de la norma, están a favor de tumbar la Ley de Estabilidad, ¿por qué no se deroga?
“Eso, entiendo, es el objetivo final. Pero, insisto, aunque deroguen la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sigues teniendo el artículo 135 de la Constitución, que dice que se debe regular el déficit para el Estado, Comunidad Autónoma y que para las administraciones locales el déficit tiene que ser cero. No sé si se está en disposición de derogar toda la ley. Entendemos que debe haber un control, pero la restricción va a tanto, y más en una época de pandemia como esta, que estamos en riesgo de incumplir la regla de gasto y entrar en un plan económico financiero, como estamos nosotros tras incumplir la regla de gasto en 2018, por lo cual hemos tenido que reducir el presupuesto en dos millones de euros. Ahora me veo con una merma de ingresos y no sé cómo voy a elaborar el Presupuesto, porque hasta diciembre no vamos a saber con qué ingresos contamos, en qué medida se han aplazado, por ejemplo, los ingresos de IBI o las tasas municipales”.

-¿Puede garantizar que no va a haber falta de liquidez en el Ayuntamiento de Candelaria?
“No vamos a tener falta de liquidez. Te lo preciso, según el último dato que me daba el tesorero, tenemos una liquidez de unos 13 millones y pico de euros, o sea, en el banco. En remanentes teníamos hasta 2019 algo más de 17 millones con la compra de las naves de Machado y los gastos comprometidos, hemos rebajado esa cantidad con el superávit. Pero mira, aparte de amortizar deuda, con esta ley solo puedo gastarme, para lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles, 600.000 euros”.

-¿En qué se va a gastar ese dinero?
“600.000 euros es dinero, pero en Candelaria tenemos muchas más necesidades y no nos alcanza con esa cifra. Tenemos comprometida alguna inversión, pendiente también de subvención, en el ámbito de desarrollo pesquero, rehabilitación de algunos caminos rurales y repavimentación de algunas zonas que están pendientes en las medianías y canalización de alumbrado público”.

-Ha hablado de obras, pero no nombra las de saneamiento, un déficit histórico en Candelaria. ¿Quizás porque estas están dentro del Plan de Cooperación Municipal del Cabildo?
”Parte de los 600.000 euros va también destinada a cofinanciar obras de saneamiento, dentro del Plan de Cooperación Municipal del Cabildo, que, como sabes, va todo destinado a saneamiento. Una de las actuaciones previstas en la avenida Marítima es que tenemos que redactar el proyecto, y de ese millón y medio que cuesta la obra, nosotros tenemos que poner el 20%, aunque es verdad que es a cuatro años”.

-¿A qué ha sido destinado el dinero de las fiestas que no se han realizado desde marzo?
“Nosotros hicimos una modificación del Presupuesto a finales de julio y más de 200.000 euros que estaban en Fiestas se destinaron a Obras y Servicios y a Urbanismo para la elaboración de los proyectos, como rehabilitación de algunos espacios, aparte de incrementar la partida de Servicios Sociales, con los fondos de la Pobreza del Gobierno de Canarias, y así podemos cubrir las necesidades que nos están llegando”.

-¿Y los macroproyectos, entre comillas, que llevan tiempo sobre el papel?
“Estamos en pleno período de modificación del Plan General para comenzar las obras en las naves de Don Sixto Machado que compramos y rehabilitar esa zona. La piscina cubierta sigue siendo un objetivo prioritario y esperamos que a lo largo de este mandato pueda ser realidad, aunque está pendiente de una resolución judicial, apostando por el proyecto de¯ Plan Insular de Piscinas. También está avanzado el proyecto del auditorio y el parque urbano de Puntalarga. Es verdad que nos gustaría que fuera más rápido, pero estoy muy satisfecha de cómo se está trabajando en Urbanismo. También se están moviendo los promotores y con esas unidades de actuación podemos disponer de más suelo y generar infraestructuras para los vecinos. También tenemos dos posibles parcelas para el nuevo centro de salud”.

-En Candelaria ahora mismo hay un boom de la construcción privada y resulta complicado encontrar una vivienda de alquiler. ¿Si, como dice alguna edil de la oposición, Candelaria está tan sucia, por qué cree que tanta gente viene a vivir aquí?
“Si la gente decide venir a vivir a nuestro municipio es porque tienen las condiciones idóneas para una familia. Yo no digo que todo sea perfecto, es indudable, porque no podemos seguir con un servicio de recogida de residuos de hace 20 años, cuando triplicamos la población. Esperamos poder elevar el concurso el próximo mes y llevarlo a licitación al Pleno, aunque no me atrevo a asegurarlo, tras un tortuoso camino. Esa es una de nuestras prioridades, quizás el hito más importante de este mandato”.

-¿Y qué nivel de paro hay ahora mismo en Candelaria, en plena pandemia?
“Ha habido un pequeño aumento del nivel de paro, pero no tan grande como en otros municipios. Además, de aquí a enero van a empezar tres proyectos de empleo con el Servicio Canario de Empleo, para limpieza, jardinería y recursos para el Polígono Industrial, aparte de otro proyecto con el Cabildo para 15 personas”.

-¿Y el empleo en el Ayuntamiento de Candelaria? ¿Para cuándo esa RPT que lleva atascada todo este siglo?
“Ahora mismo se ha retomado el proceso selectivo para contratar a técnicos de Administración General y ofertaremos cuatro plazas de Policía Local, con una de subinspector. Esperamos firmar el contrato de redacción de la RPT la próxima semana, tras resolverse un recurso, y tiene como plazo máximo siete meses para completar el trabajo. Espero que a lo largo del año que viene podamos tener la RPT que tanto necesitamos y reordenar nuestros recursos humanos”.

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