Tátima, de 34 años, se las ve y se las desea para pagar las mascarillas de sus hijas y que puedan acudir a clase, como el resto de alumnos, con la obligada protección en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Álvarez Cruz, en Las Galletas (Arona). “Cuando cobré este mes la paga de 430 euros (ayuda familiar que se concede a los desempleados con responsabilidades familiares) cerré los ojos y compré 50 mascarillas de golpe por 40 euros”, cuenta a DIARIO DE AVISOS. Lamenta que, después del esfuerzo realizado, la mayoría de niños y niñas lleven protecciones de tela, una situación que ya ha trasladado en forma de queja al jefe de estudios del centro.
El gasto para garantizar la seguridad de sus hijas le desequilibra los malabarismos a los que obliga su maltrecha economía, apuntalada desde hace dos meses por su pareja, que este verano ha conseguido trabajo en Gran Canaria. “Por suerte, mi hijo pequeño aún no va al colegio”, señala.
Fátima reside con sus tres hijos y dos perros en una vivienda de alquiler de renta baja en Las Galletas, pero afirma que “hay familias que sobreviven sin más ingresos que 430 euros al mes y tienen que elegir entre pagar el alquiler o comer”. Se emociona al contar que su hija mayor va a clase con los zapatos “apretados” porque no cuenta con recursos para comprarle unos nuevos. “No quiero que tenga los mismos problemas que yo sufro con los pies”, remarca. Al desembolso para protegerse frente a la Covid-19, se une el gasto de 275 euros para material escolar y libros de su hija mayor. “Es mucho dinero, es una burrada”, asegura.
Las cuentas tampoco le salen a Gretel, de 35 años, otro ejemplo de las penurias que sufren muchas familias residentes en el Sur. Sobrevive, con los 430 euros mensuales de ayuda gubernamental, con su marido y su hija de seis años en El Fraile, donde residen desde hace dos años. “Cuando tenemos algo de dinero, compramos algunas mascarillas para la niña porque el colegio nos lo exige, pero no le hemos podido comprar los libros porque no nos da”, explica a este periódico. Tanto ella, natural de Cuba, como su marido, que cuenta con la doble nacionalidad, se ven obligados a reciclar sus mascarillas.
Los dos buscan trabajo “de lo que sea” y agradecen a la propietaria de la vivienda el aplazamiento del pago de varias mensualidades que le adeudan. Durante el confinamiento, recibieron alimentos desde los Servicios Sociales de Arona y ahora tramitan nuevas ayudas con la organización Cruz Blanca. Pese a los estragos económicos de la pandemia, no pierden la esperanza. “Mi marido ha trabajado en lavanderías y empaquetadoras, y yo ahora tengo papeles, así que espero conseguir algo”, indicó.
Vani, de 38 años, reclama que los centros educativos dispongan de un stock de mascarillas, geles hidroalcohólicos y termómetros para las familias sin medios económicos, porque recuerda que “hay algunas muy humildes que casi no tienen ni para comer, y cambiar todos los días las mascarillas, porque como llegan del colegio ya no sirven para nada, es un gasto que no se pueden permitir”.
Con los 600 euros que ingresa al mes, esta vecina de Las Galletas compra regularmente tapabocas reglamentarias para su hijo, alumno de sexto curso de Primaria. “Me cuesta mucho, pero estoy más tranquila si va a clase con mascarillas homologadas, porque las de tela son trapitos que no protegen a sus compañeros”, apunta. Por eso se pregunta: “¿Por qué no se puede ir a un hospital con mascarillas de tela y a un colegio sí? Si no es seguro en un sitio, tampoco lo será en el otro, donde conviven 25 alumnos que no mantienen la distancia mínima de seguridad”. De ahí que pida que todos los estudiantes lleven las protecciones quirúrgicas, “porque esto es una pandemia que nos afecta a todos y los niños son bombitas”.
Más control
En términos parecidos se expresó Rocío, de 34 años, trabajadora a media jornada en el sector de la hostelería, que pide que se repartan mascarillas gratis, pero también “más control” del colegio a la hora de verificar la calidad de la prenda que portan los alumnos. “Lo hemos hablado con el secretario del colegio, pero no terminamos de ver una solución. Tienen que estar más pendientes”, reivindica esta madre, que compra “religiosamente” las protecciones faciales en la farmacia para su hija de cinco años. Rocío también defiende una “mayor sensibilidad de las autoridades” ante el “desproporcionado” coste del material escolar y advierte de que “no todo el mundo puede gastarse casi 300 euros en libros”.
Carmen Rosa Torres, profesora de quinto curso del CEIP Luis Álvarez Cruz, tira de psicología a la hora de garantizar la seguridad de sus alumnos. “Cuando veo alguno que viene con la misma mascarilla del día anterior, saco alguna quirúrgica que siempre llevo en el bolso y le digo: venga, tú y yo no vamos a poner otra hoy, como si fuera un juego, y nos la cambiamos sobre la marcha”. Señala que en las aulas del centro la mayoría de niños llevan protecciones de tela y reconoce que mantener en todo momento la distancia interpersonal es una “misión imposible”.
En clase, esta docente procura no mencionar palabras como pandemia, coronavirus o COVID. “Hay que hablarles de temas positivos”, sostiene, y subraya la capacidad de adaptación de los estudiantes a la nueva normalidad, a la que ella contribuye aplicando técnicas innovadoras durante las clases. “Les enseño que, igual que han automatizado el saludo con la mano en el corazón, deben sonreír con los ojos, aunque lleven la boca tapada. Les insisto mucho en que debemos trasmitir alegría. Todos merecen un aplauso por su comportamiento y la lección que nos dan día a día”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas