Tras 11 años de lucha vecinal y maraña administrativa, los operarios y las máquinas entraron por fin en la urbanización de Las Chumberas, en La Laguna, el pasado 25 de septiembre para comenzar con los trabajos de demolición y reposición de las viviendas de la primera fase del proyecto. Las 514 viviendas, de 31 bloques, contemplan, en total, las esperanzas de unos 1.550 vecinos. La empresa municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) del Ayuntamiento ha sido el ente gestor responsable de la actuación singular, con Ignacio Viciana (Avante) como consejero delegado desde agosto de 2019. Ha sido un año de intenso trabajo para desbloquear esta primera fase, lo que permite empezar a pensar en las siguientes. “Pronto convocaremos una reunión de la comisión de seguimiento para ver cómo está la situación de la primera fase y hablar de las siguientes. Nosotros, como ente gestor, y el Ayuntamiento nos estamos planteando que no haya fase dos, tres y cuatro, sino que se acometan las que quedan de golpe, de una vez”, adelanta Ignacio Viciana.
-¿Cómo ha sido este último año de trabajo para lograr el inicio de las obras en Las Chumberas?
“La prioridad desde el principio era meter mano a la situación de Las Chumberas. Cuando aterrizamos sobre el expediente aquello era un galimatías, era como un laberinto en el que ibas resolviendo problemas y aparecían siempre otros. El nudo de este embrollo era que el plan de realojo y el de expropiación iban juntos, en un solo expediente, de manera que hasta que tú no tuvieras resuelto que todo el mundo hubiese elegido ya vivienda o justiprecio, no podías expropiar el suelo y ocuparlo y firmar con la empresa. Entonces, lo que hicimos fue separar los dos proyectos, activamos el de expropiación, resolvimos la ocupación del suelo y ahora estamos desarrollando el de realojo. Si no hubiésemos hecho eso, todavía estaríamos en ello, porque hay gente que vive en Venezuela, en Inglaterra… Gente a la que les mandas cartas y te llegan devueltas, y para que se consideren oficialmente notificados tienes que hacer dos envíos. Es un lío administrativo tremendo. Otra cosa importante que hicimos fue que activamos el proyecto de expropiación como si fuéramos a expropiarlo todo, es decir, como no sabíamos quién quiere dinero y quién vivienda, hicimos un supuesto de que todo el mundo quería dinero, y eso nos permitía tener la propiedad de todo el mundo, y depositamos tres millones de euros, que es lo que costaría el justiprecio de todas las viviendas. Ahora, de esos tres millones, volverá al Ayuntamiento la parte de la gente, que será la gran mayoría, que no quiere el dinero, sino una vivienda de reposición”.
-¿Y con los vecinos cómo fue el trabajo durante este año?
“En paralelo al proceso administrativo, hubo que activar las reuniones con los vecinos, tener mucha psicología, atender a mucha gente, entender que estaban cansados de tantos retrasos, ponerte en la piel de ellos… Antes de la COVID-19 iniciamos una serie de grandes reuniones que demostraron enseguida que no era lo apropiado, porque todo el mundo quería hablar de su problema y nadie prestaba atención a los asuntos generales que les estábamos tratando de trasladar. Y una vecina pidió reuniones personales, y a partir de ahí empezamos a tener reuniones con grupos más reducidos y eso fue mano de santo. Hicimos un esfuerzo para atender a todos los que pidieron reuniones y enseguida pudimos resolver problemas concretos de la gente y se rebajó la tensión”.
-¿Qué ha sido lo más complicado en este año de trabajo?
“La parte más complicada, para mí, ha sido recuperar la confianza de la gente afectada. Es decir, en las reuniones, y con toda la lógica, los vecinos decían que no se creían nada. Les podías contar con la mejor intención del mundo lo que quisieras y no te creían, porque eran tantos años contándoles la misma historia… Esa confianza la hemos recuperado con hechos y con el paso del tiempo, porque se han ido cumpliendo las cosas que dijimos que iban a pasar, hemos aplicado un gran ejercicio de transparencia, para que supieran el escenario en el que estábamos en cada momento. Tampoco es que esté completamente recuperada, pero hay posibilidades de dialogar. Antes ni eso. Y la otra parte, toda esa maraña administrativa”.
-¿Qué cree que ha fallado para que se haya tardado 11 años en empezar los trabajos?
“Yo creo que el proceso estaba mal enfocado y que se habían metido en un laberinto administrativo del que no sabían salir”.
-¿Qué pasó al final con esos vecinos que no querían dejar sus viviendas?
“Había situaciones que no entendía, había gente que tenía derecho al realojo, pero que no quería irse. Creo que se daba una cuestión de apego al sitio en el que habían vivido toda su vida y que había desconfianza. Al final hubo que recurrir a algunas órdenes de desalojo judiciales, pero pactando con ellos el día, fueron dos casos muy puntuales. Es verdad que tramitamos más, pero al final no hubo que usarlas porque la gente salió motu proprio. Cuando yo llegué aquí, ninguno de los 10 bloques que ahora van a ser derribados estaban desalojados, había gente en todos, y tuvimos primero que sacarlos para tapiar y ahora derribar. Ha sido un trabajo de cirujano”.
-¿Y ha habido algún problema con la empresa adjudicataria? Llevaba esperando desde finales de 2018, cuando se le adjudicó el proyecto…
“Han estado a la espera y, lógicamente, han solicitado la revisión de precios, porque han pasado dos años y el coste de una obra no es el mismo entonces que ahora. Están justificando el aumento y es un asunto que estamos estudiando. Han presentado un primer informe en el que hablan de un incremento de en torno al 7%, y si la ejecución del derribo, la urbanización y la construcción está en unos 18 millones de euros, eso supone poco más de un millón de euros”.
-Y si es así, ¿de dónde van a sacar este dinero extra?
“Ahora hay que convocar a la comisión de seguimiento y ahí habrá que hablar con las demás administraciones sobre cuál es el escenario que tenemos por delante y la financiación extra necesaria, que seguramente no será en el marco de este convenio, que ya está más que definido, sino en uno nuevo. Financiación extra hay que buscar, porque es evidente que tanto para eso como para los realojos es necesario. Nosotros tenemos realojados de la primera fase y de la siguiente, y el convenio no da para todo. El Gobierno de Canarias se ha comprometido a aportar en torno a cinco millones para estos realojos, pero ahora hay que convocar a la comisión”.
-¿Ahora mismo en qué punto están las obras?
“Ahora se está desmontando todo lo que se puede, está pendiente de aprobación el plan de seguridad y hay un tema que tiene que ver con el desmontaje de amiantos que lleva un plan de desamiantado que obliga a quitar primero el amianto y después empezar a derribar”.
-¿Se sabía lo de la presencia de amianto?
“Sí, lo que no sabíamos era la cantidad, pero al final es menos de lo que esperábamos. Esto va a ser más rápido de lo que preveíamos y calculo que en breve estaremos picando ya, porque el derribo va a ser con picas, y luego hay ocho meses para derribar los 10 bloques”.
-En cuanto a la segunda fase, ¿el inicio de los trabajos de la primera facilita la negociación con el Ministerio para la segunda?
“La última vez que estuvimos en Madrid intentamos hablar de la siguiente fase y desde el Ministerio nos dijeron que hasta que no moviésemos una piedra no se hablaba. Tiene su lógica, porque son muchos años, y el Ministerio pone el 50% del presupuesto y lleva viendo retrasos uno detrás de otro. Entonces nos dijeron que hasta que no empezásemos no hablaríamos de este asunto. Pues ya toca, y pronto convocaremos una reunión de la comisión de seguimiento para ver cómo está la situación de la primera fase y hablar de las siguientes. Nosotros, como ente gestor, y el Ayuntamiento nos estamos planteando que no haya fase dos, tres y cuatro, sino que se acometan las tres que quedan de golpe, entre otras cosas, porque es un despilfarro de dinero público en lo que tiene que ver con los realojos, por ejemplo. Vamos a intentar hacer las tres fases que quedan de una vez y vamos a ver qué pasa en las conversaciones con el Ministerio. Soy optimista”.
-Cuando se anunció la conclusión del expediente de expropiación, el concejal Santiago Pérez indicó que no había que descartar incluso “que para la financiación de la segunda fase se pudiera recurrir a la cooperación de capital privado”. ¿Se sigue barajando esa opción?
“Sí, eso no está descartado. Está entre las alternativas que se están estudiando, una especie de presupuestos mixtos, pero eso hay que estudiarlo muy bien. Ten en cuenta que si la iniciativa privada se mete, lógicamente, querrá obtener beneficios, y tiene derecho, pero con sentido común. Y hay que ver si en el suelo de allí esa fórmula es posible o no. Todo eso lo estamos estudiando. El escenario económico que viene es complicado y si vamos a depender en exclusiva de que las administraciones puedan poner todo el dinero, de repente podemos volver a estar empantanados, así que si hay alguna solución que permita combinar la inversión privada con la pública, que sea respetuosa con lo que se va a hacer, que no sea cuestión de especulación y que dé una solución a corto plazo, la vamos a estudiar”.
-¿Los vecinos de la segunda fase ya están desalojados?
“Muchos están ya fuera, pero otros no. Ahí volvemos a tener problemas con los inquilinos y los que no tienen derecho a realojo. De entrada no hay convenio para la fase dos aún, estamos con el de la fase uno, que te permite realojar a la gente por cuestiones de seguridad, pero solo a los propietarios que están viviendo allí, lo que pasa es que hay unos cuantos inquilinos con rentas mucho más bajas de lo que cuesta un alquiler fuera de allí y no tienen posibilidad de pagarse un alquiler y hay que ver cómo se resuelve esto, y en eso estamos. Los que tienen que estar fuera sí o sí ya son los que están en los edificios colindantes a los que se van a derribar, y como tienen orden de desalojo tendrán que salir y ya no vuelven. Lo que pasa es que puede haber gente que tiene derecho a realojo y no, y gente que no quiera salir… De hecho, ya estamos tramitando órdenes de desalojo judiciales, porque hay gente que ha dicho literalmente a la Policía: “Yo no voy a salir de aquí hasta que me saquen”.
-¿Cuánto gasta al mes el Ayuntamiento en el alquiler de todos estos realojos?
“La última vez que lo miré estaba en torno a los 80.000 euros mensuales, mucho dinero. Algunos están realojados desde hace años… Y la cifra seguirá aumentando, por eso esa necesidad de los cinco millones de euros, entre la gente de la primera y la segunda fase”.
