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“Una central hidroeléctrica y plantar olivos no es restaurar los barrancos de Güímar”

El abogado de la Acusación Particular del caso Áridos, Carlos Álvarez, considera que los planes de restauración presentados por los empresarios condenados no se ajustan a la letra de la sentencia
Carlos Álvarez, en el centro, durante el juicio del caso Áridos, en la Audiencia Provincial en enero de 2016. DA

“Construir una central hidroeléctrica, un embalse o plantar olivos en los hoyos no es restaurar los barrancos de Güímar, es una tomadura de pelo”, afirma Carlos Álvarez, letrado de la Acusación Particular en el llamado caso Áridos, cuya sentencia, dictada por consentimiento de tres de los cuatro empresarios areneros condenados, data de enero de 2016 y que al día de hoy no se ha cumplido, cuando van a hacer dos años de que expirara el plazo para que los areneros presentaran sus planes de restauración.

Tres de ellos -Pedro Sicilia, que se declaró insolvente, no presentó ninguno y entró en prisión- presentaron los planes ante la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias, pero casi dos años después de expirar el plazo, no ha habido una respuesta de la Administración competente, para disgusto, entre otros, del alcalde de Güímar, Airam Puerta, quien al menos será recibido la próxima semana por el viceconsejero para informarle de los motivos de tan señalado retraso, tras amenazar hace tres meses, en el pleno municipal, que acudiría a la Justicia si no recibía una respuesta.

Insiste el abogado Carlos Álvarez que “los planes de restauración son individuales, porque solo puede haber una condena penal por el artículo 339, que habla de la restauración del orden ecológico perturbado, y así todos los areneros tenían que colocar todos los hoyos en la posición primitiva, pero para mí, cuando se habla de restauración integral en la sentencia, es una restauración conjunta, no que uno haga un salto de agua o una plantación de olivo, y eso es un incumplimiento de la sentencia”.

Para rematar, “si esos planes no tienen el visto bueno de Industria, la Audiencia tiene que embargar a los condenados para sacar el máximo dinero posible, para cubrir la responsabilidad civil, y el Gobierno de Canarias tendría que ejecutar las obras”.

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