sociedad

9.900 niños isleños con trastornos en el desarrollo, sin Atención Temprana pública

El Archipiélago, a la cola del Estado, solo dispone de 38 plazas y acumula un año y medio de retraso en el desarrollo de la ley
Las terapias de calidad de acuerdo a sus necesidades estimulan al menor. S.M.

Unos 9.900 menores de seis años necesitan atención temprana en Canarias, sin embargo, solo 38 están siendo atendidos por la Comunidad en los recursos públicos y gratuitos, según denunció la Plataforma de Atención Temprana (Patdi Canarias) mientras que la Consejería de Sanidad lo eleva a unos 90.

Canarias ocupa el último lugar a nivel nacional, no solo al ser el último territorio en poner en marcha el servicio, sino por incumplir su propia ley de Atención Temprana 12/2019 de 25 de abril. De las 11 Unidades de Atención Temprana (UAT) comprometidas como mínimo en las siete islas más importantes, solo están en servicio una en Tenerife y otra en Gran Canaria 16 meses después. Además, para Patdi Canarias estas unidades incumplen la ley por falta de personal, la falta de formación y experiencia en Atención Temprana (AT) de los profesionales que trabajan en las mismas y la enorme lista de espera existente.

Hartos de este despropósito, y ante la falta de información y respuestas por parte de la Administración, el pasado 26 de octubre varias asociaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por el incumplimiento de la Ley de Atención Temprana por parte del Gobierno de Canarias, el retraso en la creación de esa Red Pública de servicios y la absoluta descoordinación entre las consejerías de Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, las responsables en la atención de estos menores, al no haber puesto en marcha hasta la fecha (y va camino del año de retraso) una comisión técnica que tendría entre sus funciones la elaboración y propuesta de protocolos de detección valoración, diagnóstico, coordinación, derivación, intervención, seguimiento e intercambio de registros de información de Atención Temprana; y proponer la aprobación del Plan Integral de Atención Temprana a la Consejería de Sanidad.

El escrito presentado por la Plataforma de Atención Temprana (Patdi Canarias), junto a la Asociación de Prematuros de Tenerife (Apremate), el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las islas Canarias (Fasican), la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, la Asociación Down Tenerife y el Comité de Entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMI Canarias), recuerda que la composición y funciones de las unidades se establece un equipo básico y su formación. Lamentan que el procedimiento de selección no se ajustó a los requerimientos establecidos, con cursos de especialización, postgrado específico o cinco años de experiencia profesional, mientras que en los dos centros activos faltarían por incluir, dentro del equipo básico, a profesionales psicomotricistas o trabajadores sociales.

Las familias y profesionales vinculados a la Atención Temprana lamentan que en lo referido a la derivación y seguimiento en las unidades, la instrucción dictada por el Servicio Canario de Salud, no se ajusta a lo recogido en la ley y ocasiona un considerable retraso para que el menor pueda empezar a recibir los apoyos que precisa debido a las listas de espera en el circuito de derivación planteado y contradiciendo el concepto de Atención Temprana.

Ana Olmeda y Miguel Llorca, durante la presentación de la denuncia. DA

20 años de retraso

Los menores de Canarias exigen soluciones y respeto de sus derechos. Desde el año 2000 en que se publicó el Libro Blanco de la Atención Temprana, las diferentes comunidades se pusieron a trabajar y cuentan con servicios para atender a las necesidades tempranas de sus menores. Sin embargo, los sucesivos gobiernos en Canarias miraron para otro lado y no han cumplido con su responsabilidad.

Ana Olmeda, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana en Canarias, afirmó que la implantación de la ley se ha “hecho tarde y de manera deficiente” y aboca a las familias a “pagar las terapias necesitan sus hijos, los que pueden permitírselo en centros privados o asociaciones concertadas, pero ¿y los que no tienen?”. Estima que hay 9.000 menores de 6 años en lista de espera y “nos hace mucha gracia que Sanidad contabilicen los que están recibiendo terapias en asociaciones concertadas y abonadas por subvenciones de los Cabildos de Lanzarote, Tenerife, La Palma, Fuerteventura o Gran Canaria, cuando no debe contarse como atención pública, porque incluso en ellas las familias siguen pagando (cuotas o el servicio, por supuesto, no al coste de un centro privado), ni siquiera los casi 50 niños que están siendo atendidos en la sala de Psicomotricidad de la ULL”.

Desde Patdi Canarias recuerdan que “en marzo comenzó la crisis de la COVID, pero ya a la altura del año, hay vida más allá del coronavirus”. “Nuestros niños son de los colectivos más afectados porque estuvieron sin terapias desde marzo hasta final de junio e incluso julio, cuando comenzaron a funcionar los centros de terapia y los dos centros de Atención Temprana públicos tan desastrosos que hay”.

“Las Consejerías tenían que haber hecho su trabajo y asegurarse de que se podía regular y cumplir la ley de Atención Temprana, pero ha habido una nula coordinación entre las tres. Empezaron mal al incumplir el plazo para el nombramiento de la comisión técnica, algo que a día de hoy sigue sin funcionar y es un órgano importantísimo”.

Olmeda también lamentó la escasa comunicación entre la administración y las familias. “Ha pasado un año desde la última reunión y nos hemos cansado de esperar. No se ha contado con los profesionales y familias que formamos la Plataforma, que fuimos los que impulsamos la ley. Dijimos cómo deben hacerse las cosas y somos los que estamos sufriendo y viviendo día a día esta situación”. “Se ha hecho mal desde el principio, en vez crear un servicio desde cero, con un grupo que esté en contacto con la comisión técnica que debería trabajar de forma coordinada para hacer entre todos el plan integral de formación temprana y determinar cómo se iba a gestionar los protocolos de derivación, los de evaluación, los de intervención, los sistemas de intervención, los de comunicación, etc., no se ha hecho y están trabajando como les da la gana. Ni siquiera han cumplido la formación mínima de 150 horas que prometieron realizar al personal que formara parte de esas unidades. Ahora mismo desconocemos cómo funcionan, con qué protocolos y quién los ha hecho”, denunció.

Estaba previsto este 2020 que estuvieran funcionando 11 unidades, y actualmente solo hay dos “y a lo mejor en los presupuestos de 2021 aportan dinero para otras cuatro más. Estamos indignados, 11 unidades era el mínimo, porque ni siquiera con ellas se daría cobertura a todos los niños que lo necesitan”.

También lamentó que no se haya seleccionado el personal cumpliendo lo que dice la ley, es decir, “el personal no ha trabajado nunca en el contexto de AT, no ha trabajado con niños y no tiene la titulación requerida por la ley. Además faltan psicólogos clínicos, psicomotricistas y trabajadores sociales, que ayude a la familia y a su entorno con el objetivo dar respuesta a las necesidades y trastornos que presentan en su desarrollo”. Próximamente expondrán sus quejas al presidente del Gobierno regional mientras esperan que en los presupuestos de 2021 haya una partida para el desarrollo de la red de Atención Temprana.

Los niños menores de 6 años con problemas de desarrollo tienen el derecho a ser atendidos
Los menores deben tener garantizado el derecho a que si presentan un problema o un riesgo en su desarrollo se les atienda. Miles de niños con necesidades especiales, cuyas familias no pueden pagar su estimulación, están sentenciados a tener menos posibilidades de desarrollo y autonomía futura. Menor atención temprana conlleva un mayor gasto sociosanitario.

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