El nuevo escenario político abierto en el Ayuntamiento de Arona tras la expulsión de las filas del PSOE del alcalde, José Julián Mena, y el exconcejal de Urbanismo, Luis García, abre un endiablado panorama que no resulta fácil predecir a corto plazo, al entremezclarse las negociaciones y estrategias políticas entre todos los grupos, ya en marcha, con resoluciones judiciales y posibles pronunciamientos de la Junta Electoral Central.
El primer aspecto que resultará decisivo para clarificar el futuro de la Corporación es la resolución en los juzgados del recurso presentado por Mena en el que solicita medidas cautelarísimas (que conllevan una respuesta rápida de los tribunales) contra su expulsión, al considerar que produciría daños irreparables. En ese caso obtendría amparo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, es decir, la expulsión del partido.
El regidor sostiene, tal como adelantó ayer este periódico, que su salida del PSOE vulneraría su potestad como alcalde y sus derechos fundamentales, al considerar que un partido no puede expulsar a sus miembros por ejercer competencias que la Constitución y las leyes le atribuyen, en referencia a la destitución de García como edil de Urbanismo.
En casos similares protagonizados por otros alcaldes la Justicia se ha decantado mayoritariamente por la concesión de medidas cautelares, como ocurrió en Valle Gran Rey con Cristopher Marrero y su compañera de partido Sabina Rodríguez, cuya expulsión del PSOE acabó por anular un juzgado de La Gomera.
Pero, ¿qué ocurriría si se rechazan esas medidas cautelarísimas y Mena y García pasan al grupo de no adscritos? ¿Cabría la posibilidad de una moción de censura? La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 197 que, “en el caso de que algunos de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde, cuya censura se propone, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias”.
La mayoría necesaria para que prospere una censura debe contar con el apoyo de 13 de los 25 concejales que conforman la Corporación y solo 11 ediles no habrían formado parte del grupo municipal liderado por Mena. Pero tanto desde el sector crítico como desde sectores de la dirección insular del partido consideran que el pase del alcalde al grupo de no adscritos deja abierta la posibilidad de una censura.
En el caso de que esta se presentara, el regidor cuenta con jurisprudencia a su favor. A finales de septiembre, la Junta Electoral Central resolvió un contencioso a favor del alcalde de Mundaka (Vizcaya), Mikel Bilbao, autocensurado por el Partido Nacionalista Vasco. El regidor vasco, que lideró la lista del PNV como independiente (y que, por tanto, no tuvo la posibilidad de Mena de pedir medidas cautelares al no ser expulsado de ningún partido), conserva hoy el bastón de mando del municipio después de que el secretario del ayuntamiento elevara una consulta a la Junta Electoral Central y esta resolviera que no cabía la expulsión del grupo del PNV al considerar que sería un intento de facilitar una virtual mayoría absoluta tratando de justificar una moción de censura.
Pero existe otro posible escenario que no hay que descartar si Mena no obtiene las medidas cautelares y adquiere la condición de concejal no adscrito. Se abriría entonces una discusión legal sobre si debe percibir salario o no. El pasado 27 de octubre el Tribunal Supremo sentenciaba que la concejala no adscrita de Santa Cruz, Evelyn Alonso, no podía asumir cargos o percibir retribuciones que “antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. El pronunciamiento del alto tribunal favorece al alcalde aronero, ya que en su caso sí ha ocupado un cargo y ha percibido retribuciones.
La teoría de la asfixia económica del regidor se ha barajado en el sector crítico, que también ha sopesado un movimiento mucho más enrevesado, que pasaría por que el PSOE expulsara a los seis concejales afines a Mena y dejarles sin sueldo, lo cual podría provocar la renuncia de alguno a su acta, por lo que correría la lista electoral.
En ese escenario, que fuentes socialistas admiten como “muy poco probable”, Mena también parece contar con un salvavidas: los nuevos ediles serían de su cuerda.
