ARONA

La voladura socialista en Arona

Tras lograr acabar con la hegemonía de Coalición Canaria en 2015, el PSOE ha dinamitado su mayoría absoluta en el municipio de mayor población del Sur, enfrascado en una guerra interna sin precedentes

Pleno Arona
Imagen del último Pleno municipal, celebrado el pasado jueves en el Centro Cívico Cabo Blanco. DA

“Entre todas la mataron y ella sola se murió”, dice un refrán popular que parece estos días inspirado en la situación interna que atraviesa el PSOE en Arona. Cuesta entender como el partido ha podido tirar por la borda una holgada mayoría absoluta en el tercer municipio de Tenerife y quinto del Archipiélago por población después de haber conseguido lo más difícil: arrebatarle el poder a Coalición Canaria en uno de sus feudos tradicionales. El globo de desencuentros y rencillas personales, que comenzó a hincharse a partir de las últimas elecciones sin que ni el grupo de gobierno ni el partido fueran capaces de desinflarlo, ha acabado por estallar y hacer saltar por los aires al Partido Socialista en la capital del sur de la Isla.

Arona no es cualquier plaza para el partido que lidera en Canarias Ángel Víctor Torres. Además de ser el único municipio en las Islas con más de 100.000 habitantes donde el PSOE obtuvo mayoría absoluta, resulta una plaza fundamental, un feudo estratégico, a la hora de sumar apoyos en el mapa político de Tenerife y del Archipiélago. En las elecciones de 2019 aportó casi 10.000 votos a la lista encabezada por Pedro Martín al Cabildo (el 10% del total de sufragios obtenidos en la Isla) y otros tantos al Parlamento de Canarias. La guerra ha despedazado el partido en Arona y de puertas adentro se reconoce que se pagará muy caro en las urnas en 2023.

Nadie podía imaginar en el PSOE que la destitución del concejal de Urbanismo, Luis García, el 22 de junio desembocaría en el endiablado laberinto actual. El regidor justificó entonces su decisión por las actuaciones del edil que, a su juicio, superaban “los límites de la confianza depositada en su gestión, incompatibles con los principios orientados a convertir Arona en un referente de progreso y sin una sola sombra de duda en la gestión del interés general”.

Desde la Alcaldía se vinculó el cese con el bloqueo de licencias de construcción y, sobre todo, con una supuesta permisividad de García con la empresa propietaria del centro comercial Arstlife & Shopping (Melisofi Consulting S.L.), situado entre las playas de El Camisón y Las Vistas, paralizado y precintado tras la presentación de varias denuncias por una posible invasión de la zona de protección marítima. El edificio había sido autorizado en 2012 por el gobierno local en manos de Coalición Canaria.

Pero el distanciamiento entre el alcalde y el concejal había comenzado mucho antes. El 9 de marzo, tres meses y medio previos a su destitución, Luis García trasladó a sus compañeros del Gobierno local una serie de documentos y grabaciones de supuestas coacciones ejercidas sobre el área de Urbanismo por parte de personas próximas al alcalde, según la versión del edil. El 28 de marzo se puso en contacto con la Fiscalía, mediante un correo electrónico, pero la pandemia retrasó hasta el 1 de julio su cita para declarar en los Juzgados de Arona y entregar las supuestas pruebas.

Seis de los 14 concejales socialistas (Dácil León, José Luis Gómez, Juan Sebastián Roque, Pura Martín, Elena Cabello y Yurena García) exigieron de inmediato la readmisión de Luis García. Ni la implicación personal del secretario regional ni la del líder del partido en Tenerife pudieron sofocar la crisis. Al contrario, comprobaron que las posiciones eran irreconciliables. El grupo de gobierno se había partido en dos y su recomposición resultaba una misión imposible. Mena ya solo contaba en el gobierno municipal con el apoyo de Leopoldo Díaz Oda, Raquel García, Francisco Marichal, Julia Morales, Ruth Lorenzo y José Alberto Delgado.

Fracasadas las vías de negociación, la dirección del partido en Canarias trasladó el conflicto a la Comisión Ejecutiva Federal y el 7 de julio viajó a las Islas el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, apagafuegos de Ferraz, que se reunió, uno por uno, con los 13 concejales y el alcalde. En esa labor, le secundaron Jorge González, secretario regional de Organización, y su homóloga insular Josefa Mesa. El dirigente nacional constató en la ronda de consultas, celebrada en el hotel Anthelia de Playa de Las Américas, que la fractura era irreversible y tras dar por agotadas todas las vías para un posible acuerdo, comunicó a Mena y García, cuatro días después a través de un burofax, que renunciaran a sus actas de concejales. El PSOE apostaba por una medida salomónica que acabaría por dinamitar el partido en Arona. Su intención de consolidar un nuevo equipo de gobierno municipal prendió fuego al Ayuntamiento y radicalizó las posiciones de unos y de otros.

El alcalde respondió que no abandonaría la presidencia del Consistorio. Argumentó que la lista que lideró en las elecciones de 2019 obtuvo el 48% de los votos y que dar un paso al costado sería traicionar la confianza del electorado. Además, subrayó que sus manos estaban “limpias” y denunció una “campaña organizada” por un grupo de empresarios de Arona que quería un “gobierno dócil a sus intereses”.

En aquellos días, según pudo saber este periódico, Mena rechazó el ofrecimiento de su partido de incorporarse como alto cargo del Gobierno de Canarias. Hasta dos puestos le pusieron sobre la mesa si abandonaba la Alcaldía, pero nunca contempló la opción de dejar su municipio. Por su parte, el exedil de Urbanismo anunció su intención de poner a disposición del partido su acta de concejal, pero finalmente acabaría por no desprenderse de ella. De haberlo hecho, ocuparía su lugar en el salón de plenos Haridian Cruz, candidata próxima al alcalde, lo que hubiera roto el empate entre los dos sectores, dejando al bloque disidente en desventaja frente al menista.

COMISIÓN GESTORA

Dos semanas después, las ejecutivas regional e insular movieron ficha y anunciaron la apertura de un expediente para crear una comisión gestora en la Agrupación de Arona y la adopción de medidas cautelares contra su secretario, José Julián Mena, “ante sus reiteradas negativas a acatar las instrucciones transmitidas por los órganos de dirección”. David Pérez, exconcejal aronero de Turismo entre 2015 y 2019, asumió la presidencia de una gestora que se completó con Ermitas Moreira, Manuel Fumero, Marilena Domínguez, Isidora González y Cristo Dorta, y que se fijó como misión fundamental “restablecer la normalidad” y celebrar la asamblea local para elegir a la nueva comisión ejecutiva municipal de la agrupación. En las quinielas para presidir el órgano de dirección sobrevoló el nombre de Yolanda Mendoza, diputada regional aronera, próxima a la dirección regional, que no ha escondido su interés para optar a la Alcaldía en 2023.

Aunque el alcalde intentó tender algunos puentes con el sector crítico en las primeras semanas de la crisis apelando a su “generosidad” para asegurar la gobernabilidad del municipio, –llegó a ofrecer a Luis García reincorporarse al gobierno para que gestionara el área de Patrimonio Histórico (sin Urbanismo) y este lo rechazó tras meditarlo durante 24 horas– los ediles disidentes se mantuvieron unidos en todo momento sin dar muestras de acercamiento desde que estalló el conflicto. Es más, escenificaron sus diferencias plantando al alcalde y a sus compañeros de gobierno en dos plenos municipales (en julio y octubre) que le costaron a Mena perder varias votaciones, entre ellas, la de su propia reprobación (a raíz de unas críticas de Agustín Marichal, presidente de la agrupación socialista aronera, hacia los trabajadores públicos que merecieron una “tardía” y “tibia” condena del alcalde, a juicio de sus detractores y de la oposición), y la propuesta de crear el puesto de director de Urbanismo como autoridad máxima en esta área, su primera medida tras asumir las competencias de Urbanismo.

El segundo plantón de octubre dolió especialmente a Mena por cuanto el Pleno debía votar iniciativas de gran calado social, como la inyección de fondos para mantener los recursos del área de Servicios Sociales y la bonificación de la tasa de basura, medidas que salieron adelante gracias al respaldo de la oposición. En ese momento, Mena barajó la revocación de competencias de los seis concejales, pero finalmente optó por no hacerlo, al entender que tal decisión podría dar alas a la dirección del partido a la hora de acordar su expulsión.

El distanciamiento del alcalde aronero con su homólogo de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, una de las voces con mayor peso en la dirección socialista y que trató de mediar en la crisis en las primeras semanas, ha sido otro de los factores que ha jugado en contra de Mena. La batalla de este último contra los Planes de Mejora y Modernización (PMM) acabó por agriar la relación entre ambos.

También han jugado en contra del alcalde las contundentes críticas del diputado regional y presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, abiertamente enfrentado a Agustín Marichal. El líder de ASG fue el primero en manifestar públicamente que cualquier solución en Arona pasaba por las expulsiones de Mena y del presidente de la agrupación local del Partido Socialista.  

Entre los críticos y en sectores de la dirección del PSOE las miradas se dirigen hacia Dácil León, número dos de la plancha electoral de 2019, como posible candidata a asumir el bastón de mando municipal, una alternativa que siempre flotó en el ambiente desde que explosionó la crisis. El silencio de Dácil, muy prudente a lo largo de todo el proceso, parece decirlo todo. Pero dependerá de la viabilidad de una moción de censura, que en la Alcaldía ven de “complejo encaje legal”. Mena ya salvó el jueves su primer set ball al recurrir a última hora su expulsión del PSOE y evitar así que cayera al grupo de no adscritos después de que el secretario del Ayuntamiento eliminara el punto del orden del día hasta que se resuelvan las alegaciones. La decisión del garante de la supervisión legal de la actividad municipal levantó duras críticas en CC y PP, que reivindicaron el carácter “ejecutivo” de la expulsión de las filas socialistas. En cambio, sí se dio cuenta del paso al grupo de no adscritos de Luis García, al no constar la presentación de recurso alguno.

A la espera de la decisión del Comité de Ética y Garantías del PSOE respecto a las alegaciones del alcalde, que se conocerán la próxima semana, tampoco hay que perder de vista, una vez agotada la vía orgánica, las medidas cautelares que solicitará el alcalde en los juzgados para dejar en suspenso su expulsión del partido.

La bomba que le ha explotado en las manos al PSOE en Arona, después de acabar con la hegemonía de CC en uno de sus graneros electorales, compromete seriamente el futuro de la formación política en el principal municipio del Sur. Al clima de tensión política hay que sumar los procesos que se investigan en los juzgados: las grabaciones y la documentación aportadas por el concejal Luis García denunciando presuntas coacciones e injerencias en el área de Urbanismo; las obras, el precinto, desprecinto y paralización del centro comercial Artslife & Shopping, que investiga la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife tras requerir información al Ayuntamiento, y el expediente urbanístico que permitió consolidar el uso comercial de una nave industrial abandonada que, presuntamente, benefició al propietario del Artslife & Shopping y que el alcalde ordenó el pasado 2 de noviembre revisar de oficio.