Han pasado más de ocho meses desde que centenares de usuarios de las residencias de discapacitados y centros de mayores de Canarias viven en un perpetuo estado de alarma en los centros residenciales. Tres días antes de que el Gobierno nacional respondiera ante la primera oleada de la pandemia decretando el primer estado de alarma con una cuarentena nacional el 14 de marzo, ya el Ejecutivo de Canarias había prohibido que esos usuarios recibieran visitas de sus allegados.
El colectivo de familiares de estos usuarios han denunciado reiteradamente, primero ante los propios centros y luego ante las administraciones competentes, los Cabildos y el Gobierno de Canarias, esta lamentable situación. Han superado los ocho meses y continúan reclamando un cambio en las restrictivas órdenes decretadas por la dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, pese a la intermediación de la consejería de Asuntos Sociales y del propio director general de dependencia y discapacidad.
“¿Con qué derecho se puede privar la libertad de un grupo de personas durante ocho meses?. De qué sirve proteger a nuestros hijos de un virus si los acabamos matando de pena. Esta situación se tiene que acabar”, afirma Inma González, una madre que reunió más de 53.000 firmas que entregó al Gobierno de Canarias para que “nuestros hijos discapacitados con plaza en residencias de Canarias dejen de estar encerrados”. “Primero las libertades fundamentales y luego la seguridad jurídica de los políticos”, argumentó esta madre tinerfeña.
Con su liderazgo se han sumado más familias y se ha formado un movimiento que cada semana ha recibido más apoyos y adhesiones. Así nació la plataforma Madres por la discapacidad, que exige que se levanten las restricciones de los centros que impiden que estas personas con otras capacidades puedan salir a sus domicilios y que solo permiten la visita de un familiar durante 45 minutos a la semana. Ahora se quieren plantar frente a la sede del Parlamento de Canarias “hasta que nos escuchen. Deben modificar la orden que mantiene a nuestros hijos confinados, encerrados y alejados de sus familias durante ocho meses”.
Inma González tiene a su hijo Samuel en el CAMP Reina Sofía de Güímar. Antes de la pandemia, Samuel estaba en el centro de lunes a viernes, y acudía a la residencia familiar el fin de semana. “Cuando comenzó el estado de alarma, me llevé a casa a Samuel, en principio para 15 días, un periodo que se fue alargando hasta junio. Pero es que los que quedaron en el centro siguen dentro y solo tienen la visita de un familiar durante 45 minutos a la semana”. “Estamos hablando de personas discapacitadas, consideradas menores por la ley, porque no entienden la situación. Algunos se sienten abandonados por sus familias y otros gritan que no quieren estar encerrados. Hay un aumento de depresiones, apatías y problemas conductuales”, denunció.
Para poder reingresar en el centro hay que hacerle una PCR y permanecer durante 14 días aislado del resto de compañeros y solo en contacto con uno o dos cuidadores. Pasado ese plazo, forma parte de la burbuja de los usuarios que están en el centro. Para González, es injusto que los trabajadores entren y salgan sin ninguna restricción y a los usuarios les “priven de volver a sus casas unas horas, un día o un fin de semana. Si quieres sacarlo del centro cada dos o tres semanas o al mes, debe hacerse el mismo proceso”. Esta madre se pregunta “¿qué vida social puede tener un gran discapacitado? Su actividad se reduce a los días que está en el centro y a los que va a su casa, y los familias tenemos cuidado para no ponerlos en peligro”.
Samuel regresó al CAMP de Güímar el 23 de junio, no entendió la situación y, en el plazo de 20 días, pasó de 33 a 28 kilos de peso, así que lo saqué en muy mal estado. Aunque tiene 37 años, cognitivamente es un niño pequeño, tuvo el sentimiento de sentirse abandonado al no volver a casa los fines de semana, perdió las ganas de vivir, su pérdida de peso no fue por causas orgánicas, sino emocionales.
Además, tras volver de la calle, “esos 14 días aislado a ellos les parece un castigo. Está en una habitación solo, con la única visita del cuidador”. En el último ingreso de Samuel pidió que no estuviera todo el día en el cuarto, que lo sacaran a pasear alguna vez y poder hablar con él por videollamada. Sin embargo, Inma no se plantea que aguante más de un mes y medio encerrado, “tendré que desconfinar a Samuel otra vez en diciembre”.
A las familias con personas discapacitadas “en ningún momento nos han consultado”. “Parece que Salud Pública es un ente que está por encima del bien y del mal. Cómo es posible que una persona discapacitada, que hace uso de su ley de dependencia con su plaza residencial, le estén vulnerando sus derechos. Es como si llevas a tu hijo al colegio, porque tiene derecho a la educación, pero, por otro lado, te quitan tus derechos como padre”.
Además, aclaró que los usuarios de los centros de discapacidad y de mayores no son iguales “pese a que los han metido dentro del mismo saco. Muchos mayores están en el final de la vida, pero nuestros hijos pueden estar físicamente perfectos, y necesitan salir, estimulación y otro tipo de atenciones”.
Los centros no son un hogar, ni una cárcel
“Desde luego pedimos que se cambie la orden reguladora de la entrada y la permanencia de los niños en los centros. Parece que el 11 de marzo encerraron a nuestros hijos en un trastero, se han olvidado de ellos, y solo se han dado cuenta cuando hemos empezado a dar voces. El centro no es un hogar, algunos pueden estar bien, pero no están hechos para vivir los 365 días. Tampoco son una cárcel, es una necesidad y un derecho reconocido por la ley de dependencia”, argumentó.
Cuando las administraciones hablan de integración e inclusión descubrimos que en esta pandemia se han olvidado de los más vulnerables. “Solo pedimos poder volver a recuperar algo tan esencial como es el contacto familiar”. Lamentó que las órdenes “estén hechas para que no se entiendan, para que un Cabildo o la dirección de cada centro la interprete de una manera distinta”. En mayo comenzamos a desconfinarnos, salimos de nuestras casas, fuimos a los parques, a la playa o de vacaciones… “Muchos usuarios de los centros de discapacitados no han podido salir de los muros de su residencia. Esto hay que solucionarlo”, finalizó Inma González.
Eugenia Paiz: “¿Dónde está la humanidad y el respeto por los derechos de los discapacitados?
Una de las situaciones más dramáticas se viven en la isla de La Palma, donde 37 usuarios de la Residencia Triana, en Los Llanos de Aridane, continúan “encerrados” desde que se inició la pandemia, hace ocho meses, mientras que a 30 kilómetros, los usuarios de la Residencia Nina Jaubert, en Breña Alta, de gestión pública, sí pueden salir. El presidente del Cabildo, Mariano Hernández, y la consejera de Asuntos Sociales, Nieves Hernández, no son capaces de dar una solución.
La dirección del centro gestionado por la empresa Clece, en concesión del Cabildo de La Palma, argumenta a las familias que no va a cumplir la orden que permite a los usuarios salir a sus casas durante unas horas al día porque así lo ha decidido. Ni siquiera utilizan los vehículos para llevarlos de paseo.
“Dónde está la gestión, la humanidad y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Eugenia Paiz, madre de Rebeca, una de las usuarias del centro de Triana que ha intentado en varias ocasiones poder reunirse con los representantes del Cabildo.
“No vamos a parar hasta ver a nuestros chicos recuperar su libertad para regresar durante unas horas a su casa, con sus familias, y no verse sometidos a protocolos denigrantes”, que, en el caso de su hija, “obligan a que una persona con autismo y conductas autolesivas, pese a tener un PCR negativa, tenga que estar encerrada en una habitación 14 días entre llantos y gritos, sin comprender qué ocurre, por ir con un dolor al centro de salud”, denunció. “La seguridad que busca la empresa Clece la va a perder, porque están vulnerando los derechos fundamentales, y no están dando un trato digno a los usuarios”, afirmó.
Blas Trujillo y Noemí Santana se reúnen con las representantes de las familias
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y la de Asuntos Sociales, Noemí Santana, recibieron ayer a las portavoces de Madres por la Discapacidad que les expusieron que solo una orden puede terminar con el encierro de cientos de personas con discapacidad usuarias de residencias.
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