El alcalde de Arona, José Julián Mena, presentará en los tribunales de manera “inminente” un recurso solicitando la adopción de medidas cautelares a la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, respaldada por la dirección regional e insular, de expulsarlo de sus filas. El regidor asegura que la decisión le afecta como militante, pero no tiene ninguna consecuencia directa sobre la Alcaldía, si bien abre nuevas vías para la gobernabilidad del municipio. Afirma que la expulsión es el resultado de una causa interna que se abrió después de la destitución de Luis García como concejal de Urbanismo y recuerda que se debió “por actuaciones que consideraba irregulares y que actualmente investiga la Fiscalía”.
Mena muestra su sorpresa ante el hecho de que la Ejecutiva Regional haya concluido el expediente, estudiado las alegaciones y enviado la documentación a la Ejecutiva Federal, para que esta estudiara y concluyera el caso en “algo más de una semana”, por lo que considera que “posiblemente se hayan vulnerado e incumplido” las garantías debidas en el proceso, “especialmente cuando el resultado ha sido filtrado a un medio de comunicación, incluso antes de presentar alegaciones”.
Vulneración de derechos
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Mena considera que la decisión del PSOE podría vulnerar su potestad “como alcalde, como militante de esta formación política y como ciudadano”, porque, a su juicio, se adopta “por haber ejercido derechos que, tanto la Constitución como la legislación vigente, le reconocen como es el cese de un concejal en el ejercicio de sus responsabilidades”. Por este motivo, Mena cree que “un partido político no tendría entonces la capacidad de expulsar a uno de sus miembros por ejercer sus responsabilidades y derechos, algo que podría considerarse inconstitucional”.
El regidor aronero sostiene que la no renuncia al acta -argumento principal que ha motivado su expulsión- “no constituye infracción alguna y no puede justificar legalmente sanción estatutaria”, y recuerda que no está recogido en los estatutos ni en el Código Ético del PSOE. “Es más, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja claro que en ningún caso un partido político puede imponer a un cargo electo en sus listas la renuncia al acta”, remarca.
Por otra parte, Mena también denunciará en los tribunales una posible “vulneración de las garantías fundamentales” a raíz del procedimiento seguido para tramitar el expediente de expulsión, al ser notificada la decisión y el inicio del plazo de alegaciones a un correo electrónico al que “no pude acceder para defenderme hasta tres días hábiles antes de que terminara el plazo, con un fin de semana de por medio, lo que impidió, entre otras cuestiones, que pudiera comparecer voluntariamente para explicar mis argumentos”.
Sin causa judicial
El alcalde sureño aclara que no tiene ninguna causa judicial abierta ni se encuentra investigado, “mientras a otros responsables socialistas, algunos de ellos incluso ya condenados, ni siquiera se les ha abierto expediente sancionador alguno, lo cual es como mínimo sorprendente”.
Por todo ello, considera la decisión del PSOE un “enorme error impulsado por determinados responsables socialistas y que responde a intereses en contra de la opinión de muchas compañeras y compañeros”. En su opinión, el PSOE “tendrá que explicar y deberá responder en los tribunales, lo cual me causa una enorme tristeza debido a los años que llevo como militante”.
Mena confía en que los tribunales acojan el recurso en el que solicita medidas cautelares a la decisión del PSOE para “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la gobernabilidad del municipio, cuya gestión, a pesar de todos los obstáculos, no se ha paralizado y ha permitido seguir adoptando decisiones para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Arona, que es el único objetivo que he tenido en toda mi vida política”.
Por último, José Julián Mena indicó que “tanto la Seguridad jurídica como la garantía de las libertades esenciales exigen la graduación y la proporcionalidad de las sanciones impuestas”.
La dirección del PSOE considera probadas la comisión de sucesivas faltas “graves” y “muy graves”
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE notificó ayer la expulsión como militantes del partido del alcalde de Arona, José Julián Mena, y del exconcejal de Urbanismo, Luis García, a los que había abierto sendos expedientes disciplinarios por no haber entregado sus actas de ediles. En un comunicado firmado por el secretario ejecutivo de Coordinación territorial, Santos Cerdán, y los secretarios de Organización regional, Jorge González, e insular, Josefa Mesa, la dirección considera probadas la comisión de sucesivas faltas de carácter “grave” y “muy grave”.
“Las resoluciones determinan que Mena y García han actuado al margen de las directrices recibidas por parte de los órganos de dirección del partido y han incumplido los estatutos federales”, señala el escrito, que concluye señalando que “vista la existencia de intencionalidad y los perjuicios causados a los intereses del partido, aplicando los criterios de graduación de las sanciones, las faltas cometidas son merecedoras de la sanción de expulsión del PSOE”.
La Ejecutiva Federal y las direcciones regional e insular del PSOE comunicaron el pasado 11 de julio a José Julián Mena y a Luis García que entregaran sus actas de concejal ante la imposibilidad de hallar una salida pactada a la crisis municipal abierta desde la destitución del edil de Urbanismo el 22 de de junio.
El PSOE daba así por agotadas las vías de negociación entre el sector afín al alcalde y los concejales críticos tras numerosas conversaciones e infructuosos intentos por reconducir el problema – en los que se implicaron tanto el secretario regional, Ángel Víctor Torres, como el insular, Pedro Martín – y apelaba a la “generosidad y responsabilidad para retomar la normalidad institucional que permita desarrollar el proyecto socialista para Arona”.
La decisión se producía después de que el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, visitara cuatro días antes la Isla para intentar sofocar el incendio en el seno de la mayoría absoluta aronera. El dirigente de Ferraz, acompañado por los secretarios de organización regional, Jorge González, e insular, Josefa Mesa, se llegó a reunir, uno por uno, con los 13 concejales y el alcalde para recabar la información de ambas partes.
El regidor rechazaría la medida, argumentando que la lista que lideró en las elecciones de 2019 obtuvo el 48% de los votos y que dar un paso al costado sería traicionar la confianza del electorado. Además, subrayó que sus manos estaban “limpias” y denunció una “campaña organizada por un grupo de empresarios de Arona que quiere un Gobierno dócil a sus intereses”. Por su parte, el exconcejal de Urbanismo anunció su intención de poner a disposición del partido su acta de concejal, aunque finalmente lo ha retenido hasta hoy.
La dirección del PSOE aprobó el 13 de agosto el nombramiento de una comisión gestora, presidida por el exconcejal David Pérez, para dirigir el partido en Arona con el objetivo de restablecer la normalidad orgánica en la organización y garantizar el “buen desarrollo del proyecto socialista para este municipio”.
Un mes después, el 15 de septiembre, la Comisión Ejecutiva Federal abrió expedientes disciplinarios a José Julián Mena y Luis García, además de a Agustín Marichal (expresidente de la agrupación local), a los que suspendió cautelarmente de militancia por desobedecer el mandato del partido de entregar sus actas de ediles.
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