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IU añade escándalos como el de las tarjetas black a su querella contra el rey Juan Carlos

La denuncia, que abunda en hechos compatibles con un presunto blanqueo de capitales continuado, se amplía al teniente coronel Nicolás Murga y al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause
El rey emérito, Juan Carlos I, en una imagen de archivo. EP

La querella presentada ante el Tribunal Supremo por Izquierda Unida (IU) hace dos años contra el rey emérito, Juan Carlos I, a raíz de las revelaciones que entonces hiciera al ex comisario Villarejo Corina Zu Sayn Wittgenstein, ha sido ampliada al objeto de incluir las nuevas relevaciones relacionadas sobre este caso.

En el escrito, que ahora adelanta en exclusiva DIARIO DE AVISOS, se añaden nuevos hechos en torno a delitos económicos presuntamente cometidos por Juan Carlos I y personas que actuaban como testaferros, incluyendo algunos cometidos con posterioridad a su abdicación (ocurrida el 19 de junio de 2014), lo que -sostienen los denunciantes- evitaría que el rey pudiese esgrimir su “inviolabilidad” derivada del artículo 56.3 de la Constitución.

El nuevo escrito recoge una serie de hechos acaecidos desde 2018 en los que se abunda en la posible comisión de un delito continuado de blanqueo de capitales y añade entre los querellados, al teniente coronel Nicolás Murga y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

En el escrito de ampliación se informa a la administración de justicia de hechos tan notables como el presunto uso de tarjetas black (opacas) por parte del rey emérito e incluso de otros miembros de su familia, o el intento de regularización fiscal llevada a cabo por el mismo, que los denunciantes descartan como espontánea y que relacionan como una medida de defensa preventiva ante la información publicada en distintos medios nacionales e internacionales acerca de las investigaciones abiertas, lo que impediría que se aplicara la circunstancia eximente prevista en el código penal, y dado además que la cantidad supuestamente defraudada supera ampliamente los 120.000 euros que el código penal utiliza como mínimo para calificar la defraudación a la hacienda pública como delito fiscal.

La ampliación de la denuncia (suscrita por los letrados del colegio madrileño Juan Moreno y del tinerfeño Vicente López Olano en nombre de IU, el PCE y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas) se hace eco igualmente de la alarma social suscitada por el tema, que no ha dejado de crecer durante estos dos años, y lamenta que la Fiscalía siga sin concretar las tres investigaciones que públicamente ha reconocido tener abiertas sobre este respecto.

Resta recordar que, si bien la presentación de una querella no es precisamente la fase procesal para hacer firme las acusaciones, esta acción popular ya planteó en su primer escrito la posible calificación de hechos tales como el supuesto cobro de comisiones por parte de Juan Carlos I al mediar en los contratos del AVE a La Meca para empresas españolas en hasta trece tipos delictivos distintos.

 

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