La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenó la reapertura de la causa abierta contra 20 vecinos de Güímar, a instancias del Ministerio Fiscal, por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio, supuestamente consumados en la ampliación de las casas-cueva de Cho Regino, entre El Puertito y la reserva natural del Malpaís.
El auto también se refiere a otras casas-cuevas situadas en la calle Toninas (de Punta Prieta a Santa Lucía-Los Barrancos) y en la avenida Litoral de Agache (de Santa Lucía a El Tablado), todas en el entorno de la carretera auxiliar de la autopista, TF-616, precisamente ahora en obras junto a los taludes de Santa Lucía, por el riesgo serio de desprendimientos. El tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal contra la decisión del Juzgado de sobreseer provisionalmente la causa.
La Sala rechaza que se siga tramitando como denuncia colectiva, pero ordena que el proceso se instruya separando las piezas o diligencias “por cada uno de los hechos denunciados”.
Los hechos a los que alude la investigación se refieren a la ampliación de viviendas no autorizadas por parte de los vecinos de la barriada consolidada de Cho Regino y en calle Toninas y avenida litoral de Agache, “que podrían afectar a las servidumbres costeras del dominio público marítimo-terrestre, en el Sureste del Espacio Natural protegido, recogido en el Plan Especial de la Reserva en la Zona de Uso Moderado y dentro de la Línea de la Zona de Servidumbre de protección”, detalla.
Así, se trata de viviendas construidas sobre las cuevas preexistentes para el aprovechamiento pesquero del litoral y otras como construcciones de ocio sobre el terreno protegido.
Estas viviendas, agrega el auto, “conforman un núcleo urbano no autorizado, que se ha ido ampliando y consolidando con el transcurso del tiempo, contando ya con suministro de energía eléctrica y agua potable y calzada de acceso con alumbrado público, a lo que no ha podido ser ajena la autoridad municipal”. Asimismo, recuerda el auto que, si bien es posible que estas edificaciones pudieran ser ilegales y perseguibles penalmente, los hechos referidos a la construcción ya habrían prescrito, pero no así las obras de ampliación a las que alude la denuncia del fiscal. “Las obras de mejora, reforma y ampliación realizadas sin licencia y no susceptibles de autorización, que han sido objeto de denuncia, han venido a perturbar el medio ya deteriorado, constituyendo una nueva agresión y degradación susceptible de tipicidad penal, por afectar al interés general de protección de la costa y sus servidumbres”.
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