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Santa Cruz exigirá a Sacyr que devuelva casi 30 millones de euros

El Consejo Consultivo de Canarias avala la postura del anterior Gobierno municipal y considera que Emmasa no debe abonar a su empresa matriz 2,3 millones al año para que esta recupere los 59 millones del canon
Guillermo Diaz Guerra, José Manuel Bermúdez, y Juan Domingo Cabrera, ayer, durante la comparecencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz. / DA

Trece años lleva Sacyr cobrando de manera indebida, tal y como hizo público el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado mes de julio, y que ahora ha ratificado el Consejo Consultivo de Canarias, 2,3 millones de euros al año a Emmasa en concepto de recuperación del canon de 59 millones que abonó cuando se hizo con el servicio del ciclo integral del agua de Santa Cruz. Hasta que el pasado mes de julio se dio orden de paralizar de forma cautelar ese pago por parte de la entonces alcaldesa, Patricia Hernández, Emmasa había abonado a su empresa matriz, casi 30 millones, dinero que ahora, tal y como anunció ayer el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, se exigirá a Sacyr su devolución a Emmasa, para ser reinvertido en la ciudad. El pago de este dinero provocaba un desequilibrio económico en las cuentas de Emmasa, que llevaba a esta a pedir, de forma continua, compensaciones económicas al Ayuntamiento, entre ellas la de subir el recibo del agua, que paralizó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El acuerdo del consejo de administración de Emmasa, fechado en 2007, en el que se cambiaron las condiciones en las que le fue adjudicado el contrato del agua de Santa Cruz, tal y como apunta el Consultivo, pasó sin pena ni gloria por los distintos responsables municipales, asumiéndose el pago sin mirar más allá. Fue en 2018, tal y como explicó ayer el director general de Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera, con la entrada de nuevo personal en el área destinado a fiscalizar este contrato, cuando se detectó que esos pagos no tenían soporte alguno en las clausulas originales del contrato. Precisamente, lo que viene a decir el informe del Consultivo es que lo único válido para interpretar el contrato es lo que se recoge en el pliego de condiciones, y, en esas cláusulas no viene que los 59 millones que pagó Sacyr en concepto de canon por el uso de las infraestructuras municipales deban ser devueltos.

Las conclusiones del dictamen del Consejo Consultivo van más allí y hablan de “enriquecimiento injusto” de Sacyr. “Además de no estar previsto en la licitación como ya se ha acreditado (el pago de esos 59 millones), casi triplicaría el importe de la inversión realizada sin considerar el eventual reparto de dividendos, lo que supondría una alteración del equilibrio económico del contrato en favor del adjudicatario hasta el punto de conllevar un enriquecimiento injusto en favor de la mercantil Sacyr que la Corporación no puede mantener, puesto que se desvirtuaría todo el proceso licitatorio llevado a cabo, y se desnaturalizaría el propio contrato de gestión de servicio público, cuya nota característica y definitoria es la traslación del riesgo operacional al licitador, riesgo que queda totalmente anulado al garantizarse con creces el contratista la completa recuperación de la inversión llevada a cabo”.

Ayer, el alcalde, tras dar a conocer el dictamen, que no es vinculante pero si preceptivo, defendía que, no fue hasta 2018, bajo su mandato, cuando se inició la investigación que ha llevado hasta este dictamen, y que fue en mayo de 2020 “cuando hubo un informe firmado por un funcionario de la casa en el que se sustentara esta reclamación”, justificando así que antes no se hubiera llevado a cabo ninguna acción al respecto. El alcalde anunció así que la consecuencia inmediata de este informe es la reclamación para que se devuelva a Emmasa el dinero que ha abonado de forma indebida a Sacyr.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, detalló que, la forma para reclamar ese dinero pasa por dos opciones, una vía administrativa y otra judicial. “Reclamaremos a Emmasa que solicita a Sacyr que anule el citado acuerdo y proceda a la devolución de ese dinero, y en caso de que Sacyr se negara a esa petición, recurriríamos a la vía judicial”. Tal y como apuntó el alcalde, “aunque aún no hemos llevado este acuerdo a Junta de Gobierno para comunicarlo posteriormente de forma oficial a Emmasa, presumimos que se van a oponer, tal y como lo expusieron en sus alegaciones, por lo que la vía judicial será la más probable”.

Patricia Hernández, ayer, a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz. / DA

“Expolio”

Además de las reacciones del actual equipo de Gobierno, el PSOE, que fue el que ordenó el cese cautelar de los pagos e impulsó, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, el paso definitivo del expediente al Consejo Consultivo de Canarias, tachó de “expolio” el cobro por parte de Sacyr de esos casi 30 millones. La exalcaldesa Patricia Hernández, a las puertas del Ayuntamiento, valoró este dictamen. “Se ha regalado 30 millones de euros a Sacyr. Hoy ha quedado constatado que esos pagos han supuesto un expolio a Emmasa por parte de Sacyr y que hasta que llegamos al gobierno nadie actuó para remediarlo”, subrayó Hernández, que añadió que “Bermúdez siempre ha mirado para otro lado, acorralado por los poderosos”.
La edil socialista apuntó que el dictamen da la razón a los socialistas en su defensa del interés general y recordó que en el momento más duro de la anterior crisis económica, mientras 2,3 millones se iban por el sumidero directos a Sacyr, el alcalde, presionado por Sacyr, intentó subir el agua a los ciudadanos de Santa Cruz por un supuesto “desequilibrio” en las cuentas de la empresa. “Un desequilibrio que, de no haber existido ese pago, no se hubiese producido nunca”. “Dense cuenta de que lo que sucedía es que se le devolvía a Sacyr lo que pagó por gestionar Emmasa durante 25 años. Se le estaba devolviendo toda la inversión, eso que venga Dios y lo vea, porque probablemente así fuéramos todos empresarios”.

 

 

UP lleva a Fiscalía las presuntas irregularidades en la gestión del agua

Será hoy cuando el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ofrezca más detalles sobre la denuncia, por la vía penal, que presentó su formación el 12 de enero por las presuntas irregularidades en la gestión del agua de Santa Cruz. Tal y como el propio Trujillo ayer en sus redes sociales, “estamos hablando de una pérdida económica para la ciudad que acabaría superando a las del caso de Las Teresitas, por eso tiene que ir a la vía penal”. En cuanto al dictamen del Consultivo, el edil considera que el Ayuntamiento debe plantearse la remunicipalización de Emmasa.

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